Afirmar que el gobierno bolivariano financió el paramilitarismo y las mafias del contrabando parece un poco absurdo y un sinsentido, pero veremos que no es así. Desde mucho antes del caso de los paramilitares en la hacienda Daktari venimos denunciando la presencia de paramilitares en variadas actividades económicas y mafias ligadas a acciones delictivas de toda índole, es decir, la colombianización del país. A lo largo de la frontera los paramilitares se han desempeñado como: prestamistas, comerciantes de bisutería y prendas de vestir, socios en Centros de Apuestas y Sport Book legales e ilegales, administradores de sitios de prostitución, financistas de productos para el contrabando, inversores en la industria de la construcción, comerciantes formales e informales, cambistas de pesos, dólares y bolívares en la frontera, hasta penetraron las cooperativas de gasolina en la frontera. Además, de la gama de acciones delictivas violentas como sicariato, atracos, robo, cobra vacunas, extorsionadores, drogas, entre otras. Construyeron toda una estructura en Venezuela que les permitió su financiamiento, fortalecimiento y multiplicación en la región. Precisamente la indiferencia del gobierno, ante las denuncias del paramilitarismo, ha permitido que esta situación ponga en jaque a la sociedad.
El gobierno venezolano en todos estos años no movió un dedo para frenar la presencia del paramilitarismo y las mafias que se constituyeron desde Venezuela para desangrar el país.
En este sentido, desde Venezuela se gestó toda una plataforma de financiamiento para estos grupos que desestabilizaban el país con su accionar. Si los paramilitares están detrás del contrabando de productos alimenticios, de higiene personal y de gasolina, quiere decir que el gobierno venezolano tiene años, indirectamente, financiando con los subsidios a la gasolina y a los productos básicos, al paramilitarismo y las mafias del contrabando. Este es un dinero que se destina a subsidiar estos rubros para el mejor vivir de los venezolanos, pero que está siendo utilizado para que los paramilitares y las mafias obtengan grandes ganancias contrabandeándolos. El gobierno hizo muy poco por erradicar esta situación y, por el contrario, se expandió. Si los revolucionarios no enfrentamos esta realidad, los paramilitares pasarían a ser los verdugos del proceso, ya que financiarían la contrarrevolución y aportarían el capital humano necesario para producir conflictos sociales y terrorismo que socaven las bases de la revolución.
Por otro lado, no ha habido investigaciones serias para determinar los capitales introducidos desde Colombia para ciertas actividades, es decir, le hemos brindado al paramilitarismo un territorio abonado para invertir el dinero de la droga, la extorsión y el contrabando en distintas actividades. Un espacio envidiable para moverse financieramente a su gusto. Las recientes medidas de Estados de excepción y cierre de la frontera perfilan el camino correcto para restablecer la paz en la frontera. Eso sí, ahora faltan las medidas económica que acompañen las políticas antes señaladas.
Por último, el pueblo colombiano no es nuestro enemigo, sino aquellos que dominan los grandes medios de comunicación para manipular, aquellos que intentan intervenciones en nuestro país, aquellos que contribuyen con dinero y paramilitares para desestabilizar el gobierno venezolano. Nuestros pueblos deben caminar juntos por el camino de la liberación del yugo de la opresión capitalista.
