Después de la payasezca actuación del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos de acusarnos ante la Corte Penal Internacional por el único delito de proteger a nuestro pueblo de los crímenes que cometen los paramilitares colombianos en nuestras fronteras, finalmente se sentarán los dos Presidentes para tratar un tema escabroso, las legislaciones colombianas que legalizan el contrabando de extracción de alimentos y de gasolina desde nuestro país y el ataque sistemático a nuestra moneda con cambistas, que amparados en la resolución Nº 8 deciden el cambio del Peso con respecto al Bolívar sin tomar en cuenta al Banco Central de Colombia.
La respuesta del gobierno del camarada Presidente Nicolás Maduro ante el último ataque de paramilitares en nuestra frontera fue sólida y contundente, ordenó un cierre de la frontera y exigió al gobierno colombiano sentarse cara a cara para discutir una Nueva Frontera de Paz. Los alimentos venezolanos sacados ilegalmente de nuestro país y legalizados en una actuación cómplice y delictiva por los gobiernos colombianos le dan de comer a casi doce millones de colombianos en cinco departamentos fronterizos, que creen ustedes que diría la oligarquía colombiana, esa misma que pretende que los venezolanos sigamos haciendo por los desplazados colombianos lo que ellos como gobierno no hacen, si el gobierno venezolano sacara unas resoluciones que permitieran considerar legal en nuestro país los cargamentos de cocaína que no excedan los 50 salarios mínimos colombianos (13 mil $) y además la legalizáramos cobrándoles impuestos a esos cargamentos? Pues eso es exactamente lo que hace el gobierno colombiano con las miles de toneladas de alimentos subsidiados y los millones de litros de gasolina que nos roban y contrabandean en Colombia.
El encuentro de Juan Manuel Santos con Nicolás Maduros no va ser fácil, el gobierno colombiano debe ser conminado a presentar sus planes para evitar esta práctica criminal que afecta de forma terrible y notoria a los venezolanos y que reiteradamente la oligarquía en el gobierno de Colombia se ha negado a presentar y asumir, además hay que exigirle el retiro inmediato de la demanda en la Corte Penal Internacional, la derogatoria de la resolución Nº 8 en su artículo 75 que permite a cambistas fijar el cambio con nuestra moneda sin tomar en cuenta el Banco Central de Colombia, de la ley contra el Contrabando que legaliza el contrabando de extracción de alimentos desde Venezuela y toda la legislación colombiana que con el cobro de impuestos legaliza el combustible robados en Venezuela y vendido públicamente en Colombia.
