Los precios del petróleo no terminan de recuperarse y se mantienen por debajo de los $40 por barril. Pero la crisis económica por la que atraviesa Venezuela no puede atribuirse a la caída de los crudos. Esta baja en los precios vendría a ser un catalizador, más no su causa. La verdadera razón está la conformación de un clima cada vez más adverso a la inversión productiva,la falta de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas, yen los graves desequilibrios macroeconómicos que atizan la inflación y devoran el poder adquisitivo de la población que vive de un ingreso fijo.

Por lo tanto, las verdaderas causas de la crisis hay que buscarlas en el agotamiento de las políticas económicas que el gobierno se empeña en mantener. En lugar de corregir las distorsiones fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, la política económica ha sido de contingencia, enfocada en combatir los problemas de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos de controles, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales.

En su afán de derrotar la llamada guerra económica, el Gobierno lanzó una ofensiva plagada de regulaciones y controles que propician la corrupción, sin comprender que la escasez, el acaparamiento, la especulación y el contrabando son la consecuencia inevitable de los incentivos perversos que ofrece el régimen de cambios múltiples, los ineficientes subsidios y los rígidos control de precios. En este operativo, la acción más emblemática fue la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde). A pesar de toda la expectativa y despliegue realizado, después de más de un año, tales medidas no pudieron contener la inflación. Por el contrario, subió de 56,3% en 2013 a 68% en 2014, y en lo que va de 2015 se acerca al 200%. Esto se debe a que el Gobierno confundió especulación con inflación y –al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que desquician los precios–, atacó el problema como si de un delito se tratara, cuando la inflación en realidad es un fenómeno macroeconómico causado por las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que aún no han sido corregidas.

La inercia del Gobierno en materia de política económica complica lo que es fácil resolver. Las soluciones están al alcance de la mano: unificar el régimen de cambios múltiples, sincerar el precio de la gasolina, erradicar el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, flexibilizar los rígidos controles de precios que desalientan la producción y reorientar en favor de la reactivación del aparato productivo nacional los miles de millones de dólares que actualmente destina a financiar las importaciones gubernamentales y el gasto militar.

Con ese cuerpo básico de medidas el Gobierno podría liberar al país de los actuales problemas de caída de la producción, escasez, acaparamiento y especulación. Pero mientras siga atacando los síntomas en lugar de erradicar las causas de la enfermedad, los problemas económicos persistirán y el malestar seguirá creciendo en el seno de la población. Si el Gobierno no ayuda a sus candidatos y mantiene la inacción, el inevitable costo político comprometerá el logro de la mayoría oficialista en la nueva Asamblea Nacional.

El efecto Macri

En la oposición hay un creciente triunfalismo. Interpretan el triunfo de Macri en Argentina como el comienzo del fin de los gobiernos de izquierda en América Latina. El generalizado descontento de las bases chavistas los lleva a concluir que obtendrán la mayoría parlamentaria. Y aunque se trata de una elección de diputados, en el seno de la MUD nuevamente se escucha decir que estos comicios deben ser leídos como un plebiscito presidencial. Un eventual triunfo de la oposición seguramente desatará la euforia de quienes apuestan por un referendo revocatorio y la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas.

Ciertamente, el descontento en las bases chavistas favorece a la oposición, no porque vayan a votar por sus candidatos sino por la creciente abstención. La desilusión no se canalizará por la vía del voto castigo clásico, sino por una reacción emocional que ratifica su lealtad a Chávez, pero se deslinda de la actual gestión y le manda una señal. Y como la oposición va a salir a votar masivamente, obviamente esto potencia su oportunidad de ganar.

Rectificación y renovación de gabinete y de la dirigencia del PSUV

Si ante un resultado adverso el oficialismo no envía una rápida señal de rectificación y mantiene en funciones la actual dirigencia del PSUV y Consejo de Ministros, la indignación va a correr no solo en la oposición, sino sobre todo en las bases chavistas que están reclamando desde hace rato medidas severas contra el burocratismo, la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

La inercia gubernamental ante un escenario adverso en las parlamentarias del 6-D puede ser el detonante de una nueva crisis política que se mezclaría en un peligroso coctel con la crisis económica y el malestar social. Los factores de la oposición, en lugar de asumir un liderazgo propositivo favorable a la adopción de las medidas para superar la crisis económica, se empeñan en una guerra de desgaste que -si bien potencia el referendo revocatorio-, haría inviable un gobierno de la oposición, ante la gravedad de los problemas económicos que heredarían.

Encarar un referéndum revocatorio agravaría la inercia gubernamental. En su afán de aferrarse al poder, el oficialismo subordinaría los problemas de la economía al despliegue de una política social que ya no se puede financiar ni con la menguada renta petrolera, ni con la recaudación de impuestos en una economía cada vez más contraída. Semejante inacción seguramente facilitaría el triunfo de la oposición, la cual recibiría un país a las puertas de una crisis de gobernabilidad.

Gobernabilidad

En efecto, a un gobierno de la oposición electo en las urnas, le tocaría encarar un ambiente de conmoción social que activaría una férrea resistencia popular, la cual no podría controlar. En consecuencia, la oposición tampoco podría gobernar.

Una postura sensata de ambas partes llevaría a retomar el diálogo político para acordar un gobierno de coalición, con un programa básico que detenga el deterioro de la economía y así evitar una nueva crisis de gobernabilidad.