Para casi nadie es un secreto que la metodología deliberada y atávicamente empleada en la elaboración de los Anteproyectos y Proyectos del Presupuesto General de Ingresos y Gastos anuales de Venezuela, una vez convertidos en la correspondiente Ley de Presupuesto, desemboca en un Endeudamiento Público cuyo crecimiento vegetativo siempre resulta positivo, o sea que el Estado se endeuda más que lo que amortiza.
Ese crecimiento de la DP, tanto externa como interna choca abiertamente con parte del articulado del Capítulo II de la vigente Constitución, en sus artículos 311 (Aparte Primero) y 313 (Aparte último). Estos obligan al Poder Ejecutivo a que sus presupuestos sean considerados dentro del marco temporal del período presidencial, de tal manera que ningún gobierno le deje *mono* impago alguno a su sucesor. Además, tales artículos prevén la plurianualidad presupuestaria y su equilibrio fiscal al final del septenio ejecutivo que actualmente rige para la Presidencia de la presente república.
El endeudamiento público en Venezuela está apoyado superficial e ilegalmente en la truculencia presupuestaria consistente en la subestimación de los principales ingresos, particularmente los de origen mineropetroleros, una subestima que deriva en los endeudamientos que generalmente imponen los sobreegresos, política y proselitistamente cuantificados. Es curioso cómo la mayor parte del texto del capítulo II de la CRBV hace hincapié en estos endeudamientos, a tal punto que pareciera que presupuestar en nuestro país es endeudarse forzosamente.
Tales endeudamientos, sostenidos y crecientes, suponen salidas de divisas mayores que las entradas, sencillamente porque aquellas subsumen el pago de intereses. En este sentido y a largo plazo, las disponibilidades de divisas tienden a mermar frente al numerario nacional, y esto se traduce en una pérdida del poder adquisitivo para nuestro bolívar, o sea que nuestra moneda consecuencialmente se devalúa con cada presupuesto anual, independientemente de que el Ejecutivo lo oficialice, o no.
Pasemos a Cadivi (Comisión para la Administración de divisas): Con este Control de cambio se represa buena parte de las divisas ingresadas al país por los diferentes conceptos financieros derivados del Comercio Internacional. De Perogrullo, la oferta de divisas tiende a estar por debajo de sus montos reales, si existiera un mercado libre, y mediante este artilugio contable y financiero el volumen de nuestra moneda luce sobreabundante frente al paquete de dólares circulantes, y con ello pierde en paridad cambiaria.
Tales son, pues, los dos factores fundamentales que apuntalan la DEVALUACIÓN del BOLÍVAR, sin que para ello nuestras estimadas autoridades Ejecutivas y monetaristas muevan un palo. Que el banco Central de Venezuela declare la devaluación a instancias del Ministro de Finanzas, o que el jefe de la Planificación de la Economía venezolana lo considere oportuno, o no, son meras formalidades de demagógica y confusionista factura.
