Las conversaciones auspiciadas por Unasur entre Gobierno y oposición están empantanadas, lo que debe ser motivo de preocupación, máxime cuando a principios de años la oposición anunció como objetivo prioritario la salida de la presidencia de Nicolás Maduro, esbozando diferentes modalidades para alcanzar ese fin, como la renuncia, la enmienda, la reforma constitucional y también el referendo revocatorio, que se ha convertido en la iniciativa principal, por ahora.
El último día de julio, el papa Francisco señaló que el Vaticano podría ser el cuarto interlocutor en este grupo de mediación sobre la situación en Venezuela junto con los expresidentes panameño Martín Torrijos, español José Rodríguez Zapatero y dominicano Leonel Fernández. El canciller vaticano, Pietro Parolin, quien fuera Nuncio en Caracas, señaló que se espera la invitación oficial del presidente Nicolás Maduro.
“El diálogo, ante el cual la oposición tiene una actitud lamentablemente ambigua, reticente, entre otras razones porque tiene planes alternos diferentes, es la única opción. Es lo que permitiría racionalizar el ejercicio de la política y disipar los fantasmas de la violencia. El chavismo también debe actuar tomando conciencia que su rol en la actualidad consiste en tender puentes y apostar a la normalidad dentro de la crisis”, señaló el exvicepresidente José Vicente Rangel.
El Vaticano ha tomado distancia de las actitudes ultras de la oposición e incluso mantiene reservas con la de miembros de la Conferencia Episcopal.
Pese a las campañas mediáticas, ningún factor político ostenta la hegemonía, por lo cual la realización o no de un referendo revocatorio del mandato presidencial no alterará este cuadro. Para muchos analistas, esta circunstancia hace imperativa la búsqueda de acuerdos, que permitan funcionamiento de las instituciones y la actividad productiva, y no se tentaran con apelar a la violencia. No se trata de crear un gobierno de consenso, sino de establecer los límites y modos de convivencia de factores que seguirán siendo antagónicos.
Pueden presentarse varios escenarios para un entendimiento negociado: un acuerdo para no realizar el referendo y se marche hacia la elección de gobernadores este 2016 y las presidenciales de 2018, en un marco concertado de concesiones, o se acuerda celebrar el revocatorio y se elabora un esquema de garantías para una futura cohabitación, señala el analista Leopoldo Puchi, es ministro de Trabajo del primer gabinete de Hugo Chávez.
La “crisis humanitaria”
Una de las estrategias de algunos sectores de la oposición es apelar a la crisis humanitaria y de derechos humanos, que bien difunden los medios de prensa comerciales en todo el mundo e incluso altos funcionarios de gobiernos de la región, sin saber bien de qué se trata.
Hablan de una crisis humana multidimensional y profunda que precisa urgentemente de ayuda humanitaria por cuanto se corre el peligro de desembocar en catástrofe humanitaria. Tratan de imponer un imaginario colectivo de responsabilidad del gobierno y su gestión, que permite la implicación internacional.
Pero el argumento no es nuevo, ya tiene dos años. Para estos sectores, se trata de una megacrisis que ocurre como consecuencia del proceder de “una hegemonía político-militar, cada vez más depredadora y, por tanto, destructiva”. Durante el año pasado, los medios, cartelizadamente, repitieron con buena dosis dramática, que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria, imposible de ser resuelta internamente, para lo cual se debe apelar a organismos multilaterales, ONGs, o a la intervención de otros estados.
Es la misma tesis que manejó, entre otros, el canciller paraguayo Eladio Loizaga para impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro témpore de Mercosur. Una estrategia made in Washington.
Este año, la Asamblea Nacional –donde es mayoritaria la oposición- declaró en crisis humanitaria el sector salud por la escasez de medicamentos, insumos médicos y las precarias condiciones de infraestructura hospitalaria y pisió a la FAO y la Unicef enviar expertos que evalúen los riesgos.
El gobierno rechaza la ayuda humanitaria ofrecida al país porque “ella esconde un deseo intervencionista” y se alega que la crisis es una gran operación política y mediática. El representante de la FAO en Venezuela, asegura que el país no está en condición de ayuda humanitaria.
Por su parte, el excanciller Roy Chaderton indicó que la situación de desabastecimiento se debe a la injerencia del gobierno de Estados Unidos, las acciones promovidas por la derecha venezolana, por diferentes representantes del sector privado empresarial, la mediocridad en algunos niveles del gobierno, así como la burocratización y también la corrupción.
El boicot financiero
Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, denunció la última semana de julio las prohibiciones de Washington a las instituciones financieras multinacionales de prestarles un dólar a Venezuela. “El mercado internacional no nos ha dado opción”, (…), el problema es político, porque creen que si nos ahorcan económicamente, lo arrodillan y renuncia (Nicolás Maduro); y desaparece el chavismo”.
Venezuela está al día en el pago de los intereses de su deuda externa y en la amortización que corresponde y sin embargo, no encuentra. Las agencias calificadores, como los bancos, toman las lposiciones políticas de sus mandantes y deciden tratar de ahogar a Venezuela. El cerco financiero se concretó en las acciones realizadas por el Citibank, que anunció el cierre de las cuentas corresponsales que tienen con el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de Venezuela (de capitales españoles), “que tiene como fin ahogar a Venezuela para promover una intervención”, dijo Chaderton.
Quizá los estrategas estadounidenses piensen igual que la oposición venezolana, que a Maduro lo tienen acorralado, que si favorecen el diálogo (en Venezuela) o acceden al préstamo (en Washington) es ayudar a que se salve, a que tome un segundo aliento, como esos boxeadores que están por caer, señala el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
Esa política de severas restricciones para préstamos a Chile en época de la presidencia de Salvador Allende se había aplicado antes contra Cuba y después contra Nicaragua. Lo que aplican ahora contra Venezuela persigue el mismo objetivo: debilitar financieramente el gobierno de Maduro, persuadidos de contribuir a precipitar su salida.
Referendo, la vía de la guerra y después
En Venezuela, el referendo revocatorio es un derecho constitucional. La oposición juntó firmas para poder convocarlo, y el primer día de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los 24 estados del país cumplieron con la recolección del 1% de las firmas para autorizar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido para solicitar el referendo revocatorio.
Con la validación de las 200 mil firmas, la MUD puede pedir la activación de la consulta. Tendrá dos días para hacer la solicitud, mientras el CNE debe responder en un máximo de 15 días naturales y luego, en 15 días hábiles, fijar la fecha y los puntos de recolección de 4 millones de firmas, equivalente a 20 por ciento del padrón, necesarias para convocar a la consulta, que la oposición quiere que se realice antes del 10 de enero de 2017.
Ese fecha límite es clave. Si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, se debe convocar a elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, los dos años de mandato que faltarían los completaría el vicepresidente. Para revocar el mandato de Maduro se necesitan más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido en 2013, cifra que no será fácil lograr.
En ejercicio de la permanente injerencia, el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, llamó a las autoridades electorales venezolanas a no jugar a los retrasos en el proceso de referendo revocatorio que impulsa la oposición. En esta guerra de micrófonos, el diputado oficialista Diosdado Cabello aseguró que el oficialismo agotará las vías legales para evitar que se realice el referendo.
De realizarse, gane quien gane, no resuelve el problema de la hegemonía. Así que una decisión sobre su realización o no realización debe estar enmarcada dentro un diálogo más amplio, que cree las condiciones para que factores antagónicos puedan encontrar mecanismos y formas de relacionarse que permitan funcionamiento de las instituciones y la actividad productiva, no solo ahora sino en el caso de que la oposición llegara a ser gobierno, señala el analista Leopoldo Puchi.
Luis Vicente León, director de Datanálisis y apoyo estratégico de la oposición, señala que ésta debe optar por ir a la batalla para defender los derechos por la fuerza o reconocer que su capacidad de presión no es suficiente para ganar la batalla.
“O algo aún más sofisticado: darse cuenta que la vía de la guerra es infinitamente más costosa para el país, para el pueblo y para ellos porque, aún ganando, los deja en una situación crítica de inestabilidad futura, ya que su adversario quedaría del otro lado, con plata, armas, fuerza y rabia, listo para desestabilizarlos tan pronto tengan que tomar las decisiones racionales necesarias para rescatar los equilibrios económicos vitales, pero muy costosas políticamente”, indicó.
León señala que quienes piensan en la vía de la guerra, necesitan responder algunas preguntas como, quién es el líder, con qué recursos van a la batalla, con qué armas, con qué plata . El otro camino implica reconocer que no hay forma de ganar sin negociar, sentarse con su adversario a buscar algunas aperturas a la democracia, que ayuden en el futuro, pero que no significan el cambio deseado en el corto plazo, ni la posibilidad efectiva de obtener el referendo en el período adecuado y conveniente.
No es solo una opción, porque la dilucidación del dilema entre la guerra y la negociación puede llevar a que se fracture y divida irremediablemente a la oposición, y “ que no pase nada y que simplemente el gobierno surfee, con crisis y todo, con violaciones y todo, con rechazo internacional y todo, hasta el año que viene o más, sin negociar ni pelear”
