Apoyamos sin reserva alguna la propuesta que ha venido haciendo el camarada Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV acerca de que sean destituidos ipso facto aquellos venezolanos que firmaron para revocarle el mandato al Presidente Nicolás Maduro y que a la fecha estén desempeñando cargos y/ funciones de confianza en los organismos del Poder Ejecutivo, sean estos de nómina o contratados, es decir aquellas posiciones que la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 1° (*), los excluye de su aplicación.
Se hace más que obvio que toda persona que sea adversaria o enemiga del gobierno y que no solamente lo cuestione por razones ideológicas, sino que acuerda con los factores de la oposición actuaciones de muy variada índole para desprestigiarlo, le preste servicios desde posiciones burocráticas de confianza. Efectivamente, resulta inaudito que asumamos responsabilidades de gerencia en equipos de un gobierno al cual deploramos y cuestionamos sin piedad alguna y que a la par de ese desempeño, nos hagamos aliados activos de quienes adelantan planes para su desestabilización y, más aún, para desplazarlo del poder.
Para cualquier ser racional lo planteado por el diputado Cabello no debe causarle sorpresa alguna y menos intentar satanizarlo por ello. En la actividad privada se procede de igual manera, se contrata personal que además de que se verifica que posee la preparación técnica y profesional requerida, se le exige, a todo evento, apego y entrega total para hacer posible no solamente que se pongan en marcha las estrategias que la empresa haya definido y acordado en la búsqueda de determinados y específicos objetivos para un determinado ciclo, en función -obviamente- de un marco geoeconómico dado, así como, igualmente, frente a todos los cambios que pudieran plantearse frente a determinadas condiciones del mercado que no hayan sido posible preverlas, de manera que ese personal no solamente demostrará con su trabajo diario que actuará en tal dirección, sino que su lealtad al compromiso que adquirió, sea irrestricto.
Igual sucede en el campo público. Cada gobernante con su equipo debe llevar a feliz término la propuesta de país que haya ofrecido en campaña electoral y como su responsabilidad mayor con quienes le votaron y le dieron toda su confianza, es hacer no sólo viable esa propuesta, sino que en la praxis se concrete y cada día que transcurra sus resultados sean percibidos y sentidos a través de impactos positivamente reales y concretos, así como que se potencien cuantitativa y cualitativamente, estará compelido de modo permanente y muy alerta a garantizar que a quienes estimuló y les pidió que le acompañaran para el ejercicio de tan elevada tarea, no solamente le demuestren en el día a día su competencia en la función en la cual él los colocó, sino su absoluta lealtad.
Un opositor jamás daría garantía alguna de que va a trabajar a dedicación exclusiva y con toda su pasión para su enemigo político y así ayudarlo a alcanzar las metas que él mismo las deplora y para nada las comparte y en nuestra realidad actual, donde tenemos una oposición que no descansa en su objetivo de tumbar al gobierno y que califica a sus altos mandos, así como a todos los funcionarios que con lealtad cumplen con su trabajo en la burocracia oficial, de malandros, de sabandijas y de corruptos, así como brutos e ineficientes sin remedio, sería demasiado ingenuo intentar pensar de otra forma sobre ese tipo de sujetos. ¿Se pudiera, acaso, dudar de esto que afirmamos?
El resto de los funcionarios públicos, es decir todos aquellos que desempeñan cargos no calificados como de confianza, tal y como los define el referido Estatuto de la Función Pública, tienen el derecho de pensar y militar donde quieran y nadie puede ni debe cuestionarlos y menos impedir que presten servicios al Estado, en cualquiera de sus instancias...
Ya para cerrar esta nota, creemos necesario recordar, pero sobre todo informarle a las nuevas generaciones de venezolanos que no vivieron la Cuarta República que, para entonces, no sólo era requisito sine qua non para ingresar a la administración pública, en cualquier cargo, por muy baja jerarquía que fuese, ser militante de los partidos AD o Copei y para garantizar que esa orden se acatara, fueron encargadas de aplicarla, en ambas todas, a sus respectivas Secretarías de Técnicos y Profesionales, quienes actuaron siempre con un rigor que sorprendía, lo cual es imposible que alguien se atreva a negarlo.
(*) ley del estatuto de la funcion pública - Dirección de Finanzas
