En nuestro país existe un Poder Nacional en rebelión, contra el resto del Estado, el Poder Parlamentario. No es posible que una Constitución u otra ley contemplen todas las circunstancias que puedan presentarse, y para solventar cualquier deficiencia está la jurisprudencia o interpretación de las normas por las autoridades. Por eso, ante el vacío legal constitucional con referencia a la situación actual del país, por mandato Constitucional (art. 336, n, n# 9) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la competente para dirimir las controversias constitucionales entre los poderes públicos del Estado.
Los regímenes políticos de Gobierno son Presidencialistas, Parlamentarios, o combinados. El Sistema de Gobierno parlamentario se caracteriza por tener un gobierno dualista, es decir, el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, quien es el líder de la mayoría parlamentaria, ve la política del día a día, se encarga de fijar las políticas públicas y orientar el actuar de la Administración. Es una especie de representante ejecutivo del Parlamento. El Jefe de Estado ejerce la representación del Estado, funciones protocolares y actuación en casos de crisis dentro del país. Una característica central es que la Jefatura de Estado está por fuera del gobierno y en cierto modo por fuera del sistema político, con un papel estrictamente ceremonial. En el Parlamentarismo, la legitimidad del Jefe de Gobierno es indirecta por venir de la Parlamento. La Oposición venezolana parece creer que está en un régimen parlamentario (quizás por eso la oligarquía se siente realeza). En el sistema Presidencial, como el nuestro, quien es Jefe de Estado es Jefe de Gobierno también, y es electo por sufragio universal, en forma directa por el pueblo. Como bien afirmara el ex Fiscal General de la Nación, Isaías Rodríguez el 03 de agosto en el Panteón Nacional, en Venezuela, no existe un régimen exclusivamente, Presidencialista, sino que existe la plena subordinación de los poderes públicos a la ley, y en tal sentido la supremacía corresponde a la ley, es decir, toda la función pública está sujeta al cumplimiento de la ley (art 237 CNRB) y la garante de su aplicación e interpretación es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (art. 336, n, n# 9).
Es evidente, que en el actual caso, en el país lo que existe es un Poder parlamentario insubordinado contra la institucionalidad del Estado, pues todos los demás Poderes acatan el ordenamiento Constitucional, Pero la AN no acata las decisiones del TSJ, garante del orden constitucional, al desacatar la orden judicial de mantener desincorporados a los candidatos a la AN no proclamados por el CNE por el estado Amazonas, CNE al cual, también desconoce, salvo para proclamarlos a ellos. Entonces, es el Poder Judicial, encabezado por el TSJ el que debe encontrar una solución, la cual podría ser declarara en desacato a la AN, con base a su actitud de contumacia o rebeldía contra el resto del Estado. En tal sentido la Fiscalía General de la República debería solicitar a la AN el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la mayoría opositora de la AN por la comisión de los innumerables delitos cometido públicamente, tales como: traición a la patria por solicitar intervención extranjera, incluso de Estados que nos han calificado a la República Bolivariana de Venezuela de amenazas, lo cual, hacen antes de invadir un país; por vilipendio al Presidente, y a las autoridades del CNE a las cuales han amenazado de que terminaran en el INOF, y un gran número de otros delitos, que sería muy largo de enumerar aquí. Aunque soy abogado este breve artículo no es un escrito jurídico, si no de opinión política, de allí que sea importante para el mismo. Sin restarle importancia al manejo de lo jurídico (la lucha de clases es esencialmente política), de hacer una caracterización de la situación política actual: a raíz de los resultados del 6D se ha confirmado en el movimiento de masas, que esos resultados no fueron, completamente, producto de un crecimiento directo de la oposición, sino más bien resultado del voto castigo de sectores de la población molestos con las fuerzas del Gobierno ante la falta de respuesta efectiva a la guerra económica, el voto fue una forma de presionar por cambios en las políticas gubernamentales. Todo lo contrario, no sólo no se ha manifestado un aumento del apoyo de la oposición en sus marchas, sino que se aprecia una mengua en sus convocatorias, las cuales reflejan, sus desaciertos políticos, los cuales los han puesto en evidencia como una fuerza retrógrada, motivada por ambiciones de poder, que pretenden representar el cambio al futuro, cuando son la amenaza de cambio al pasado, de gobiernos asesinos y represores y hambreadores contra el pueblo. Es cierto que ha habido protestas pero en la mayoría de los casos han sido promovidas por Bandera Roja, Voluntad Popular, paramilitares, u otros. Por otro lado, ha comenzado a notarse los efectos positivos de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y los CLAPs, lo cual hace prever que de mantenerse y aumentarse ese desempeño, será más difícil que la oposición logre avance en su línea de saboteo y crímenes. Si hacemos un ejercicio de fantasía, no es difícil imaginar la primera medida de un gobierno de oposición, lo primero pedir un préstamo al FMI de varios miles de millones de dólares, imponer un libre cambio, luego comprar todos los dólares que puedan y llevárselos al exterior, e imponer severas medidas para que sea el pueblo quien pague el desfalco de divisas por ellos cometidos. Y si el pueblo reacciona abandonar el país dejando la deuda, claro. La clase media perdería todo lo logrado y se empobrecería condenada a sufrir las medidas de austeridad que se impondrían por la fuerza y represión. Se perderían Barrio Adentro y todas las Misión, aunque ellos lo nieguen. Esto hay que dejárselo bien claro a la clase media y pueblo en general. Que recuerden la "última cola", y la represión fascista que comenzaron en el 2002, sin siquiera esperar 24 horas.
Como observamos, aún cuando estos conflictos son principalmente políticos, la institución llamada a solventarlo es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en última instancia, el pueblo Venezolano, por residir en él la soberanía (como poder político del pueblo), previa disolución de la actual "Asamblea Nacional" y convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias por la Sala Constitucional.
Sin embargo, dada la actual coyuntura mundial, de dominio de la legalidad internacional burguesa, no deben ignorarse todos los aspectos jurídicos, para darles con su propio palo. Cuando parte de la población decidió votar por la oposición en las pasadas elecciones parlamentarias tenían la esperanza de que dicha oposición hiciera algo para combatir la inflación, abastecer los anaqueles, controlar el desabastecimiento, como dicen, "cayeron por inocentes". La oposición sólo se dedica a sus interese políticos particulares, tratar de servir lo mejor posible a las sus amos, las transnacionales, manteniendo en la AN una estrategia de provocación que les permita avanzar con sus planes injerencistas y golpistas, contando con que la legalidad internacional responde al gran capital transnacional; pero el Gobierno no ha caído en ese obvio anzuelo, a la par que hace esfuerzos por corregir errores. Hay que plantearle bien claro a las masas las opciones, dictadura fascista o Democracia Participativa y Protagónica, futuro contra pasado. Es obvio que la violencia reaccionaria cumple una labor de provocación para tratar de sacar a los Bolivarianos del cauce pacífico y tener argumentos para tratar de justificar la injerencia de los amos imperiales del caos. Lo que sí podemos hacer, es aplicar la ley con toda su severidad, ya que en las mismas las instituciones encargadas han sido indulgentes, lo cual, ha sido estimulo a continuar su transgresiones y guarimbas. Por otra parte, por esa indulgencia política es más difícil hacerlo afrontar la disolución de la AN ahora, cuando la propuesta de la oposición ha ido agarrando vuelo.
Qué más corresponde hacer a los Bolivarianos.
Entre las líneas políticas que debemos asumir está la constante denuncia que desenmascare la política golpista y pro transnacional de la oposición y sus aliados internacionales, golpismo y fascismo contra el pueblo, para así promover la educación y desarrollo de la conciencia popular, y el desarrollo de formas organizativas que respondan al enemigo internacional y nacional, como se ha estado haciendo con los llamados "Congresos de la Patria", con sus diversos capítulos. Dentro de este panorama es necesario mantener la táctica de creación y reforzamiento de los CLAPs y de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, puntales de la estrategia de recuperación del Gobierno Revolucionario. De esta manera se quitaría apoyo para lograr, bien el 20% del padrón o los 7.505.338 o más votos que necesitarían para lograr la revocatoria.
Por otra parte, veamos algunos aspectos teóricos jurídicos, aunque valga aclarar que aspectos prácticos hacen no viable la aplicación de algunas estrategias. Como por ejemplo, antes de escribir estas líneas, analicé la posibilidad de convocar un referendo consultivo sobre la disolución de la AN, el cual era factible ganar por no estar atado a ningún porcentaje o resultado previo, y poseer el proceso mayor cantidad de votos duro, para así poner la controversia entre la AN y la Soberanía Popular, y de paso retardar su realización, en el entendido que el tiempo corre a favor de la recuperación económica, pero para hacer dos referendos en un mismo acto, habría que tener doble libros, dos boletas, dos máquinas, y hacer dos escrutinios, lo cual, hacer realmente impráctica tal posibilidad. Lo que sí puede hacerse, a la par de solicitar el pronunciamiento de la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional sobre el fraude y la deslegitimación de la AN, es impugnar todo evento impugnable.
Tenemos entonces, que la "MUD" debe recoger prueba del apoyo al referendo de al menos 20% de los inscritos a nivel nacional, y obtener más de 7.505.338 votos a favor de la revocatoria. Ya vemos el fraude que hicieron para recoger el 1%, por lo que es de suponer lo cuesta arriba que les será obtener el 20% y más aún más de 7.505.338 votos.
La disolución del Parlamento es una figura que corresponde a los regímenes parlamentarios, y que cuando se establece en regímenes Presidencialistas Sui Generis, como el nuestro, se hace de tal forma que no pasa de ser un adorno en la Constitución. En el Perú el Presidente puede disolver el Parlamento, si se censura su Consejo de Ministros en dos oportunidades (art. 134 Constitución Peruana). En la República Bolivariana de Venezuela el Presidente puede disolver la Asamblea (art. 236 CRBV) por tres (3) mociones de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en un período presidencial. Pero el Constituyente fue demasiado inocente, al creer que dicha norma podría en nuestro país tener algún sentido, pues indudablemente, en nuestro caso, con una Asamblea con conducta subsumibles en Traición a la Patria, tal norma es inoficiosa, como decimos los abogados, sólo un adorno, pues "nunca" darían los 3 votos de censura al Vice-Presidente.
Pero entonces, cómo resolver la crisis de gobernabilidad planteada. La solución Histórica ha sido la Guerra Civil, la cual, sin la menor duda ganaríamos, por la combatividad y heroísmo de nuestro pueblo, pero tal solución queda descartada, por la voluntad pacifista del Bolivarianismo, y el momento histórico que se vive a nivel mundial.
