Tres escenarios pueden surgir después del venidero 1 de septiembre. El más probable, es que no pase mayor cosa salvo uno que otro brote de violencia probablemente controlado por las fuerzas del orden. Ese escenario causará frustración a unos y alivio a otros en función de su ubicación en el espectro político de alta polarización que vive el país. Un segundo escenario ocurriría si la oposición consigue un derrocamiento del gobierno lo que agravaría la crisis económica y entraría el país en una turbulencia aún mayor a la actual. El tercer escenario estará materializado por una represión y violencia que también agravaría la situación. Creyendo que estos dos últimos escenarios no tienen mayor probabilidad me atrevo a formular, para quienes quieran oír y debatir, una propuesta de consenso, basada en tres puntos muy concretos, para el día después de la "épica" del 1-S. En primer lugar propongo darle cauce institucional a nivel de sociedad, no sólo de los poderes públicos, al proceso RRR que está en curso pero sin direccionamiento de parte del liderazgo del país. La primera R corresponde a la Refundación de la sociedad venezolana que se está dando, al margen de la acción de las elites, como consecuencia del agotamiento del modelo rentístico petrolero. Ya no somos, ni volveremos a ser una sociedad rentística petrolera, aunque el Arco Minero constituya la atracción fatal del gobierno, con complicidad sospechosísima de la oposición, para prolongar el rentismo. Así que ya hay una vuelta al campo y a la industria que necesitamos para salir del laberinto rentístico, tan solo que la histeria de la coyuntura no nos deja percibir. Allí va el pueblo que sabe que solo él mismo se salva y ha retornado a sembrar el maíz, las caraotas, a criar el ganado, el chivo y a efectuar el mantenimiento y reparar, y hasta fabricar, las piezas que antes comprábamos al exterior al ritmo del "está barato, dame dos". Esta refundación de la sociedad implica necesariamente las otras dos R: la de Redimensionamiento y Reestructuración de la economía. Es evidente por todos lados que la economía venezolana se está redimensionando (por ahora achicándose) no sólo en la oferta productiva e importadora sino también en la demanda. La Refundación de la sociedad y el Redimensionamiento de la economía se retro alimentan entre sí y además van ocasionando una tercera R, la de la Reestructuración de la economía en donde unos sectores económicos disminuyen su peso específico en la economía, mientras otros suben ese peso. Basta observar las empresas que se mantienen en pie y las que desaparecen. Muchas de las empresas que han desaparecido no han debido nacer nunca pues lo hicieron con el subsidio petrolero y al eliminarse este, "cataplum" y a bajar la santamaria. Otras han desaparecido por las ineficaces políticas del gobierno y otras porque no le son rentables a los dueños mantenerlas abiertas en el nuevo contexto socio económico, caracterizado por el colapso del modelo rentístico, acompañado este colapso con una asombrosa incapacidad del liderazgo del país, no solo del gobierno, para liderar la salida postrentistica. Este proceso RRR lo viene protagonizando la sociedad venezolana con poco apoyo del liderazgo del país, incluyendo en este no sólo al político sino también al empresarial, al eclesiástico, al académico, al intelectual e incluso al militar el cual está ahora mismo bastante atareado tratando de impedir que naufrague el Estado-nación pues con ello desaparecería la institución militar. Si después de superadas las decepciones del 1-S, en donde no habrá vencidos ni vencedores, se pudiera conformar una masa crítica de venezolanos y venezolanas que debatan sobre ese proceso RRR en marcha, se podrían consensuar un curso institucional a lo que hasta ahora ha sido un proceso informal que requiere una aceleración planeada para que no naufrague. En segundo lugar propongo abrir un debate para modificar el régimen que regula el cálculo y distribución del situado constitucional. Esta figura, proveniente de la época colonial, por cierto, entró como obligación constitucional en la época de Juan Vicente Gómez cuando el país adoptaba el rentismo petrolero. En los primeros años del mandato constitucional del situado este se asignaba en función de los ingresos fiscales del año anterior al del presupuesto en el cual se distribuiría. A partir de 1953, con el General Pérez Jiménez, se eliminó esa condición y desde entonces el situado se reparte el mismo año en que se recauda y de allí que el presupuesto gire en torno a los ingresos petroleros por lo que la cultura es: "metámoslo en el presupuesto" que ya veremos. La debacle de los precios petroleros se convirtió en tragedia presupuestaria y ni los malabarismos de imprimir billetes han impedido que el colapso rentístico avance. Como pareciera que los precios del petróleo no volverán a los niveles de la bonanza ni podrán seguir financiando el rentismo, hora es que el situado vuelva a repartirse en función de los ingresos fiscales del año anterior al del presupuesto en donde se distribuya y, además, se debería obligar a los receptores del situado, Gobernaciones, Alcaldías y Poder Popular, a que reciban por un periodo determinado, digamos tres o cinco años, el monto del situado en función de sus necesidades, determinadas estas por su población, tal y como es actualmente, pero luego establecer la obligación de distribuir el situado en función de la capacidad productiva de cada región geográfica beneficiada por el situado (Estados, Municipios o Comunas) Así cada quien recibirá de acuerdo a su capacidad productiva, particularmente la agroalimentaria, base de la soberanía. Mi tercera propuesta para el debate post 1-S es de carácter moral y para ello propongo legislar para obligar a la Contraloría General de la República a que publique el patrimonio consolidado de los funcionarios públicos que de acuerdo a la ley deben declarar su patrimonio ante esa instancia. Ello permitiría correlacionar la riqueza de los dirigentes públicos con la riqueza de la nación. Se podría saber, por ejemplo, cuantos semovientes poseen el alto mando ministerial, los diputados, los jueces, los rectores electorales y académicos, así como los militares. Igualmente, y dentro de esta propuesta, es necesario que cada venezolano que acuda a dólares subsidiados declare en la Contraloría General de la República su patrimonio jurado y este consolidar esas declaraciones publicándolas para su análisis. Esto además de desestimular a los pícaros que acuden al tesoro nacional para usufructuar indebidamente los recursos de todos los venezolanos, pudiera servir para comprobar, o rechazar, aquella frase famosa del ex-Presidente Herrera de que en Venezuela las empresas están quebradas pero sus dueños siempre han estado florecientes. He dicho, ahora espero ver. Saludos compatriotas.