De acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro régimen socioeconómico debe fundamentarse en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.
No es menos cierto también que en nuestro país, y también establecido por nuestro Contrato Social, que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las establecidas en nuestra Constitución y las demás leyes establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Igualmente, y por mandato constitucional, en nuestro país no se permiten monopolios. Están declarados como contrarios a los principios fundamentales de nuestra Constitución, cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También será contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes y servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.
También está consagrada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el ilicito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley.
No obstante, el artículo 117 nos otorga el derecho de disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Nuestras leyes deben establecer los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.
Asimismo, y en este orden de ideas, el artículo 305 constitucional obliga al Estado a promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población; entendida ésta como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria debe alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. Y es por ello, y a tales fines, que el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
Con estas consideraciones que hemos señalado, es importante destacar , de acuerdo a nuestra óptica, que desde agosto del año 2012, se pueden observar las primeras señales de las agresiones económica en contra de nuestra Patria, aún estando con nosotros nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez. Pensamos que, los estrategas de la derecha nacional e internacional, estudiaron el paro- sabotaje petrolero de 2002-2003 para determinar cualés fueron sus fallas, y realizaron variantes. Es decir, y nos disculpan la expresión, decidieron pasar a una fase superior para "joder al pueblo".
Recordemos que en el año 2002-2003, el "paro" era con "las santamarías abajo", ahora el "paro" es con las "santamarías arriba". Es decir, los establecimientos abiertos, pero "no hay productos".
Y es por ello, que en primer lugar el Comandante Chávez, y luego Nicolás Maduro, han promulgado Leyes de Costos y Precios Justos. La oposición venezolana ha señalado que estos instrumentos jurídicos atentan en contra de la libertad de comercio de las venezolanas y los venezolanos. Contra lo que sí atenta estos instrumentos jurídicos es en contra de los que se creen que tienen el derecho de acaparar y especular impunemente.
A lo mejor, lo que más molesta a la oposición es que el alto costo de la vida y la escasez de algunos alimentos y bienes, situación generada en parte por ellos mismo, es uno de los filones que ellos utilizan para matar la esperanza del pueblo venezolano. Así mismo, muchos de ellos con la cultura política capitalista metida hasta los tuétanos, quieren "acostarse pobres y levantarse ricos", a través de prácticas como el monopolio, acaparamiento, especulación, usura y cartelización; que son precisamente las prácticas perversas que combate la Ley de costos y precios justos, ya que son esas las prácticas que en buena medida son responsables de la inflación y del alto costo de la vida.
Teniendo claro todo esto, la Ley de Costos y Precios Justos creó la Superintencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE), ente que sustituyó al INDEPABIS y a la SUNDECOP. Esta institución, como todas y todos sabemos, es el regulador principal de las disposiciones establecidas en las leyes y artículos antes citados. Y dispone de un amplio conjunto de facultades.
También no podemos perder de vista que, hace un par de meses, el Presidente Nicolás Maduro creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que tiene como objetivo atender las necesidades de nuestro pueblo y conducir las políticas públicas que reactiven la economía nacional.
Esta instancia es la encargada de impulsar el nuevo esquema productivo del país y concentrará su trabajo en los motores agroalimentario, farmacéutico e industrial de la Agenda Económica Bolivariana.
Por ser esta también basada en una medida de guerra, producto de estas agresiones económicas que actualmente vivimos, es que el Comando de esta Gran Misión esta dirigido por el Presidente Maduro y el General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y Jefe del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López.
Todas las instituciones del Estado están a la orden y subordinación de este Comando Nacional.
Y ésta posee 7 vértices: Productivo, Logístico, comercialización, sistema de precios, organización productiva, seguridad y defensa e investigación y desarrollo.
Es una gran operación para derrotar la Guerra No Convencional en su expresión de Guerra Económica.
Incluye acciones de resguardo, supervisión directa y seguimiento a la producción y sistemas de distribución de los alimentos, medicinas y productos básicos para garantizar que se haga de una manera transparente, legal y ajustada a las necesidades de los venezolanos.
La instancia atacará los siguientes problemas característicos de la economía rentista: el acaparamiento; la especulación; el contrabando; el bajo rendimiento productivo y el sistema distributivo de los alimentos.
Las acciones de resguardo y seguimiento se harán de acuerdo con lo establecido en la Constitución, especialmente en los artículos 112, 114 y 115. Por lo tanto, se garantizará el derecho a la propiedad y al libre ejercicio de la actividad económica.
Pero por la envergadura de todo esto, en el marco de atender la coyuntura, lo táctico, la cotidianidad, lo urgente, pero también sin descuidar lo estructural, lo estratégico, y lo importante, y en el marco de cumplir los mandatos constitucionales que hemos esbozado en las líneas anteriores. Es que pensamos que la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro debe tener una estructura propia, en el marco de la línea política número uno lanzada el 1 de septiembre por el Presidente Nicolás Maduro, y específicamente en la sub línea referida al incremento de la eficiencia de la gestión gubernamental.
Es por ello, y ha sido uno de los elementos observados en la implementación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, que se deben combatir los "atómos libres" que aún hay por ahí, que no agarran líneas, que andan más bien de la pantalla y la mala figuración, antes que cumplir los altos intereses y lineamientos que se buscan cumplir con esta misión.
Y como una de las estrategias en el marco dela Guerra Económica es trabajar la línea del estallido social producto del desgaste y la incapacidad de la burocracia para procesar las demandas sociales en estos momentos de nuestro pueblo, a través de la manipulación del factor emocional de nuestro pueblo; buscan hacer que la inflación sea ingobernable; se incentiva el "desabastecimiento" que conspire en contra de nuestra seguridad y soberanía alimentaria; buscan que la inversión social, que los neoliberales denominan "gasto público" resulte insuficiente ante las demandas sociales crecientes; las crecientes violaciones a artículos de nuestra Constitución y las leyes referidos a los derechos socioeconómicos que hemos citado, pero sobre todo, buscan el colapso de la SUNDEE a través de un acaparamiento y especulación que lo desborde, es que nos permitimos hacer la siguiente propuesta.
Se requiere un ente rector, apoyado en la estructura de la SUNDEE y la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, pero que tenga mayor fortaleza administrativa, económica, financiera, con la supervisión y orientación del Presidente o Presidenta de la República y de los funcionarios o funcionarias que eśte o ésta designe, se cree el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que se dedique única y exclusivamente a la definición de las políticas públicas referidas a la producción, distribución y control de empresas en el marco de los derechos socioeconómicos.
Esta idea la sometemos a debate, y que puede ser enriquecida con los aportes y el debate del Poder Popular.
Ahí se la dejamos Presidente y pueblo todo de la República Bolivariana de Venezuela.
¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
