Por re o por fa, el gobierno de Maduro será reemplazado en algún momento, sea por la misma nomenclatura de la cual ha devenido últimamente más en un secretario ejecutivo que un operador con autonomía, o bien, por alguno de los diversos caminos que la democracia constitucional prevé, por lo que pareciera útil ir discutiendo y bosquejando lo que podría ser el Proyecto País para superar la crisis sistémica, no solo política, que aqueja a la nación. Con el ánimo de contribuir al debate formulamos estas siete propuestas para que integren el Proyecto País Post Maduro. Las propuestas van para quienes quieran asumir el debate con visión prospectiva y más orientada hacia lo constructivo, dejando de lado los odios y reconcomios que siempre en cualquier momento de la historia se anidan en los luchadores por el poder, unos por las pérdidas de privilegios obscenos que otrora detentaban y otros por negarse a abandonar posiciones de captación de una renta que aun menguada le proporcionan pingues beneficios. A continuación, someto al debate estas siete propuestas:

1) Declarar el colapso del modelo rentístico petrolero que ha adoptado el país en su centenario ciclo petrolero y del cual hay sobradas evidencias, científicas y empíricas que estamos transitando el ocaso de ese ciclo, sin que ello signifique la perdida de importancia del petróleo en la economía del país. El petróleo podrá seguir siendo una fuente importante de ingresos fiscales para el país, pero ya está dejando de ser el hegemón que ha sido hasta ahora, tanto en su etapa ascendente como en su decadencia. Estudiosos como Asdrúbal Baptista y otros serios investigadores señalan el año 1978 como el año que marcó el fin del ascenso del petróleo como motor único no solo de la economía sino de la sociedad venezolana. A partir de allí se empezó a desmoronar la ilusión de armonía social y política que independientemente de la ideología arropó al país. Ya en 1983 el rentismo petrolero dio la primera señal de perdida de hegemonía, y las elites de entonces, casi igual que hoy, se negaron a ver la falla estructural y creían que era una coyuntura pasajera. La desconexión con la realidad llevó al paquetazo de CAP con tecnócratas que ni siquiera conocían el país de adentro, y solo recorrían el país desde el este de Carcas hacia Maiquetía para salir del país a buscar "luces". Hoy de nuevo la nomenclatura que detenta el poder solo balbucea que se trata de una caída de ingresos petroleros los cuales creen, obstinada e ingenuamente, que volverán a remontar gracias a unos acuerdos frágiles de la OPEP y sobre todo con la pretensión de sustituir el rentismo petrolero por el rentismo minero, con la entrega de soberanía en el Arco Minero del Orinoco, AMO, al mejor estilo de J.V. Gómez. Todo en nombre de Bolívar y de Chávez. Una declaratoria política con coraje, audacia y desprendimiento de privilegios por parte del relevo post Maduro acerca del colapso del rentismo petrolero puede inducir a los venezolanos de buena voluntad, los honestos y los que sufren por no estar enchufados ni enganchados en el odio, a que se asuma un reemplazo del modelo que hoy agoniza, reemplazándolo por uno en el cual vivamos más del sudor de nuestra frente y del esfuerzo de nuestro cerebro y no de la renta petrolera ni de la explotación salvaje tanto de los recursos naturales que aún tenemos, ni de la explotación de los pobres que todavía existen y a la cual no les llegó la renta petrolera, salvo para mantenerlos clientelarmente y como chivos expiatorios de la desigualdad y así traficar con sus miserias. Una declaratoria de este corte implicaría el segundo deslinde más importante de la historia del país, solo superado por el primero que ocurrió el 19 de abril de 1810. Se necesitan, pues, lideres con el calibre de nuestros héroes de la Independencia. ¿Quiénes se atreven?

2) Para corresponder con el punto anterior, propongo que se modifique la legislación sobre el situado constitucional adoptado desde J. V. Gómez (creo que en 1925) y mantenido desde entonces basado en distribuir renta petrolera, para adoptar un nuevo esquema de distribución de ingresos fiscales en función del aporte productivo agroalimentario desde cada parroquia a la soberanía económica del país. Es decir, darle más a quienes más produzcan alimentos para que produzca más alimentos para los que todavía no puedan producir. Además el situado constitucional debe distribuirse sólo con base a los ingresos fiscales del año anterior al año en que se distribuirán, como era antes de 1953 (Pérez Jiménez). El esquema actual de asignación del situado constitucional, lejos de procurar una equidad territorial lo que ha logrado es una ocupación aberrante del país, agravada con el más gigantesco error que cometió el Presidente Chávez de hacerle caso a quienes le dijeron que en Caracas había espacio para otra Caracas. Ahora tenemos una reconcentración poblacional en pocas ciudades con una constelación de ciudades y poblados semiurbanos y rurales que para subsistir dependen de la redistribución populista de los caudillos regionales. Dotar al campo venezolano de los recursos del situado constitucional sería entregarle el testigo a los campesinos, empresarios agrícolas emprendedores y cooperativas agrícolas genuinas para que produzcan los alimentos que necesita el país y que ya el petróleo no permite importarlos. De darse este paso, hay que estar conscientes de la enorme resistencia política y cultural de los enchufados y los parásitos que solo saben y quieren subsistir en los espacios urbanos cercanos a los centros de distribución de rentas. ¿Se podrá matar el tigre y comerse el cuero?

3) Como se trata de épica los que nos sale tras el colapso del rentismo petrolero, hay que adoptar un pacto de transparencia y rendición de cuentas, vía Internet con acceso público, tanto para todo el estamento burocrático actual, desde el gobierno y empresas públicas hasta los concejales, pasando por el estamento militar, los legisladores, los funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, así como los Rectores y directivos de organismos públicos y demás burocracia de las Universidades responsables de administrar recursos del fisco nacional. Se propone incluir en esta rendición de cuentas a los ex - funcionarios públicos de por lo menos los últimos cincuenta años que a la fecha aún estamos vivos y todo aquella persona natural o jurídica que solicite divisas que le pertenecen a todo el país, verba y gracia las procedentes de exportaciones de recursos naturales y de productos de empresas públicas. Todos estos sujetos naturales o jurídicos deberíamos publicar los respectivos patrimonios y que sería el punto de partida para establecer el principal indicador de la Venezuela post petrolera: la correlación entre el patrimonio de la elite y el PIB del país. Con ello enterraríamos aquella sentencia de Luis Herrera de que el país tenía empresas quebradas con empresarios florecientes, a lo que hoy, lamentablemente, hay que agregar a los empresarios unos funcionarios y ex funcionarios, civiles y militares, religiosos y ateos, que no pueden ocultar sus riquezas obtenidas a partir de la captación privilegiada de renta petrolera, aunque alguna de estas captaciones se hayan hecho en nombre de la ley y bajo el usufructo de privilegios de los cargos y posiciones decisionales que han ocupado, y ocupan.

Por suponer que a estas alturas solo me quedan de lectores aquellos que nos empecinamos en abandonar culturalmente el modelo rentístico petrolero, lo dejo por hoy hasta aquí para trabajar en otras entregas las restantes propuestas, a saber:

4) Pacto socio productivo tripartito, gobierno (incluyendo empresas públicas) empresas privadas (incluyendo cooperativas) y trabajadores de estas, por sectores en el cual se convengan las necesidades de divisas y las garantías y compromisos de producción, que serán objetos de verificación por auditorías de consumidores organizados territorialmente.

5) Parroquializacion del subsidio entregando en cada parroquia, por un periodo no mayor a tres años, de una cesta básica de alimentos subsidiados al setenta por ciento (modificable) en función del número de familias censadas con precariedad de servicios básicos ( censo 2011)

6) Establecer una tasa de cambio flotante mediante bandas vigentes por trimestres y respaldada por las reservas internacionales necesarias y disponibles para cubrir las demandas de importaciones básicas para el trimestre de vigencia de las bandas. En función de los cumplimientos de los programas de producción agroalimentaria parroquial y de los programas sectoriales concertados según lo comentado en la Propuesta 4, así como en función de los movimientos de las reservas internacionales, cada trimestre se definiría la banda de flotación de la tasa de cambio.

7) Reestructuración del poder electoral para introducir mecanismos de mayor participación de la ciudadanía en los procesos electorales, con autonomía frente a los partidos y a los funcionarios del CNE, así como establecer una legislación para el enjuiciamiento y encarcelamiento por delitos electorales, no sólo de los partidos y organizaciones políticas, sino de los funcionarios del poder electoral. He dicho, por ahora.