En el artículo 1 de 3 publicado recientemente planteamos la necesidad de iniciar un debate para ir configurando el Proyecto País que habrá de implantarse una vez se haya superado, por la vía constitucional, el gobierno del Presidente Maduro, entendiendo que este no será eterno. A pesar de las apariencias el gobierno lleva plomo en el ala, sosteniéndose más por la incapacidad de sus opositores que por méritos propios.

Para el irreversible período post Maduro preciso es ir debatiendo sobre cómo atacar las causas estructurales de la crisis, dejando a otros que sigan enganchados en las manifestaciones episódicas, no exentas de histrionismo y pantallerismo propio de nuestra fauna politiquera actual. Para ese debate sugerimos discutir siete propuestas, de las cuales en el primer artículo desarrollamos las primeras tres, a saber: 1) Declarar el colapso del modelo rentístico petrolero que ha adoptado el país que tras cien años de vigencia con aspectos positivas y negativos, desde por lo menos 1978 está haciendo aguas, planteándose la necesidad de su reemplazo. 2) Modificar la legislación sobre el situado constitucional adoptado desde J. V. Gómez (1925) y mantenido desde entonces basado en distribuir renta petrolera con base a votos (población), y adoptar un nuevo esquema de distribución de ingresos fiscales en función del aporte productivo agroalimentario de las distintas parroquias del país.

Además, se propone distribuir el situado con base a los recursos fiscales obtenidos del año anterior al ejercicio en que se asignara, derogando la guachafita que viene desde Pérez Jiménez (1953) de distribuir el mismo año que se producen los ingresos fiscales, básicamente alimentados por el vaivén de los precios petroleros, y, 3) Adoptar un pacto de transparencia y rendición de cuentas, vía Internet con acceso público, tanto para todo el estamento burocrático actual, desde el gobierno y empresas públicas hasta los concejales, pasando por el estamento militar, los legisladores, los funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, así como incluir a los Rectores y directivos de organismos públicos y demás burocracia de las Universidades responsables de administrar recursos del fisco nacional. Se propone incluir en esta rendición de cuentas a los ex - funcionarios públicos de por lo menos los últimos cincuenta años que a la fecha aún estamos vivos y también incluir en esta medida a todo aquella persona natural o jurídica que solicite divisas que le pertenecen a todo el país, verba y gracia las procedentes de exportaciones de recursos naturales y de productos de empresas públicas.

A continuación expondremos las siguientes dos propuestas, dejando para una última entrega la consideración de las dos últimas, una sobre la tasa de cambio post Maduro y la última relativa al Poder Electoral y concluir con una propuesta para la operacionalización del debate mediante la organización de un seminario itinerante para la discusión descentralizada y desconcentrada que tanto necesitamos retomar como una vía de profundizar la democracia protagónica y participativa. La Cuarta propuesta que sometemos al debate es la construcción de un plan de producción socio productivo tripartito (gobierno, unidades productivas y trabajadores) desglosado por sectores cuyos representantes sean capaces de formular planes sectoriales factibles de llevar a cabo sin la dependencia de divisas y cuando estas sean necesarias que puedan ser asignadas mediante créditos y no por subsidios de la tasa de cambio. Para ello los empresarios, públicos y privados, incluyendo las cooperativas deben proponer un plan plurianual de recuperación de las divisas que necesitan, estableciendo las hipótesis de sus proyecciones, en especial de los condicionantes macroeconómicos (inflación, déficit fiscal, precios de petróleo, etc.) y los requerimientos del marco legal-reivindicativista que proponen para sus trabajadores.

En mesas de trabajo codirigidas por trabajadores y empresarios se discutirían los planes sectoriales y en aquellos sectores que se logren alcanzar acuerdos se llevaran conjuntamente al gobierno para la respectiva validación y compatibilización con las políticas públicas pertinentes. A estas mesas de trabajo se deberían incorporar organizaciones de consumidores para que además de veedores se conviertan en auditores ciudadanos de los acuerdos que se adopten. Por lo menos a cada sector se les debe exigir que planteen sus respectivas propuestas con un mínimo de tres escenarios, uno sin préstamos de divisas, otro con un préstamo que permita incrementar en un cincuenta por ciento los volúmenes de producción y un tercer escenario en el cual se plantee un incremento del cien por ciento en la producción del sector. Es obvio, que el primer escenario representa la apuesta de los sectores que más están dispuestos a invertir sin muletillas en una reindustrialización sin rentismo petrolero, siendo una excelente oportunidad para develar el grado de siembra del petróleo del modelo rentístico.

La Quinta propuesta tiene que ver con el diseño e instrumentación de los subsidios directos como un esfuerzo de erradicar el "bautizo con manguera" al cual nos acostumbramos con el rentismo petrolero y que aún está vigente en figuras como la bolsa CLAP y la Tarjeta de la Patria, pero que también está en propuestas demagógicas y populistas de algunos opositores para quienes el problema del CLAP o de la Tarjeta de la Patria se reduce a quien lo controla. Hasta tanto no se realice el próximo Censo del país (2021, entiendo) el subsidio directo puede basarse en los resultados del último Censo 2011 en el cual se identificaron las parroquias con déficit de servicios básicos.

Este registro censal puede ser, a falta de otros indicadores verificables más adecuados, como indicadores provisionales para la distribución del gasto público, en especial, el de la dotación de infraestructura básica (hospitales, escuelas, carreteas, cloacas, agua, etc.) y reforzando tal esquema con la entrega por un periodo no mayor a tres años de una cesta básica de productos esenciales para los pobres en las parroquias con mayores déficit de servicios básicos. En el Censo del 2011, de los siete millones de hogares censados, el nueve por ciento presentaron déficit de servicios básicos, siendo once estados los que presentaron un porcentaje de hogares con déficit de servicios superior al diez por ciento del total de hogares. El subsidio directo que así propongo enfrentaría la gran tragedia del rentismo petrolero que reforzó a los centros poblados cercanos a los centros de decisión de la distribución de la renta petrolera, abandonando al interior.

La principal autocritica que debemos hacernos quienes apoyamos y colaboramos con el Presidente Chávez es haber abandonado la bien intencionada, y muy profesionalmente concebida, la estrategia llamada "descentralización desconcentrada". Esta estrategia claramente anti rentística naufragó principalmente por las luchas burocráticas y personales de los altos funcionarios, incluyendo Ministros, como me consta, que dieron al traste con el esfuerzo de modificar la ocupación socio productiva del territorio. Los celos de egos desatados pudieron más que la visión técnica y política que se tenía y para lo cual se había cooptado al propio Presidente Chávez. Perdida la batalla de la descentralización desconcentrada ganaron los burócratas que se apoderaron de los mecanismos de captación de renta petrolera con el consiguiente saldo actual de un país desarticulado productivamente y con un retorno a los niveles de pobreza que se habían superado en los primeros años de la revolución bolivariana. Basándonos en el Censo 2011 no son seis millones de bolsas CLAP que hay que repartir, sino menos de un millón para aquellas parroquias con déficit severo de servicios básicos. Claro, esas bolsas no deberían ir para los enchufados y coleados sino para los pobres que sobreviven en las parroquias más alejadas de los centros de decisión políticos. Pareciera una perogrullada, pero si en Amazonas, Delta Amacuro, Guárico, Lara y Zulia, entidades que para el 2011 acusaban las más altas tasas de hogares sin servicios básicos, se concentrasen los subsidios, ello permitiría que sus pobladores pudiesen dedicarse, no a sobrevivir mendingando limosnas del poder central sino a producir y seguro que pronto saldrían del atolladero y lo que es más ayudarían a los caraqueños, mirandinos, aragüeños y carabobeños a tener más disponibilidad de alimentos. ¿Quiénes se atreven a asumir que ya el petróleo no da para todos ni para todo?

La sexta propuesta que trataremos en el último artículo de esta serie tiene que ver con la tasa de cambio, algo bien manoseado desde distintos enfoques sin que haya un consenso relevante sobre cuál es el más adecuado para enfrentar la situación actual. Solo hay consenso de que el actual régimen fue hace ratos perforado y que solo la corrupción es la que lo sostiene. Y la séptima propuesta que será tratada en el siguiente artículo es sobre el Poder Electoral en el cual hay que lograr una mayor participación ciudadana para controlar tanto a los partidos como a los funcionarios electorales. He dicho y seguiré diciendo, por ahora.