Échala!! Tu palabra contra quien sea, de una vez…
Así sepas que rompe el cielo, échala!!
La palabra por dentro quema y te lacera.
Y es mejor perder el habla… que temer a hablar.
Échala.. Tu palabra contra quien sea… Pero dila ya!
Alí Primera
En Venezuela, resulta difícil salir del asombro. Los acontecimientos se precipitan en cascada generando casi un vértigo en la vida cotidiana de quienes acá vivimos y padecemos. Buena parte de ese vértigo se lo debemos a esa manía fascista de un sector de la oposición venezolana de pretender que este país deba comportarse y dirigirse a su gusto y placer, y si no ocurre así, entonces hay que quemarlo, destruirlo y matar a quien se oponga. De tal suerte que un puñado de individuos, con el apoyo tácito de una dirigencia política irresponsable trastorna decididamente la vida cotidiana de la gente, ya bastante vapuleada por la crisis económica, el desabastecimiento y la inseguridad. Pero la respuesta que desde el Estado se le da a la compleja situación que atravesamos, incluida la irrupción fascista, no es menos generadora de turbulencias, confusiones y angustias.
Apenas estábamos procesando la situación generada a partir de la Sentencias Nro. 152 y 153 de la Sala Constitucional del TSJ y todo lo que de allí derivó, cuando un nuevo acontecimiento irrumpió en la escena con la decisión del gobierno nacional de promover la salida de Venezuela de la OEA, en una decisión a nuestro juicio políticamente equivocada, precipitada, improvisada y hasta con visos de inconstitucionalidad. Y no hemos terminado de digerir las implicaciones que una decisión como esa tiene cuando el Presidente Maduro sorprende al mundo, y especialmente a los Venezolanos proponiendo, -cual mago que se saca un as oculto bajo la manga-, nada más y nada menos que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La reacción inicial de la oposición agrupada en la MUD ha sido la de rechazar la propuesta calificándola de Golpe contra la Constitución y llamando a “rebelión” contra la misma. Del lado del chavismo, con importantes excepciones, la reacción mayoritaria parece ser la de aplaudir la propuesta y desde ya montarse en el carro de la constituyente.
Sin lugar a dudas se trata de una decisión audaz, valiente y habilidosa. Tal como señalara por allí el periodista Manuel Isidro Molina, la propuesta desestabilizó de inmediato a la oposición agrupada en la MUD y probablemente contribuirá a profundizar las divisiones internas dentro de las corrientes de la derecha venezolana. Y a lo interno del chavismo, pareciera que la propuesta permitiría un reagrupamiento de las distintas tendencias y en general, promoverían un reencauzamiento del conflicto político por cauces democráticos y pacíficos, lo cual en sí mismo vendría a ser un fin muy loable. El proponer una alternativa de fondo para la superación conflictividad política y social que hoy vive Venezuela, no puede ser menos que apreciada y agradecida por todos aquellos que amamos la paz y la justicia. Y en principio, nada mejor que apelar a la expresión máxima de la soberanía popular para dirimir ese conflicto. Quién, en su sano (y buen) juicio, podría oponerse a semejante propósito?? El Presidente Maduro calificó su propuesta como “Inobjetable.”. Querían elecciones? Ahí tendrán elecciones pues. Querían cambio? Ahí tendrán cambios.
No obstante, lo anterior, hay que decir que lo que a simple vista parece ser una propuesta irrefutable, lógica, razonable y hasta deseable, en realidad está preñada de elementos que generan demasiadas dudas, de ambigüedades, o basada en inexactitudes, y de distorsiones que, en nuestra perspectiva, hacen inviable apoyar la iniciativa presidencial en los términos en que ha sido presentada, y que puede terminar generando más problemas que los que pretende resolver. No se trata de una propuesta lanzada con el ánimo de abrir un debate nacional acerca de la necesidad, conveniencia o pertinencia que pudiera tener la activación de un proceso constituyente para la superación del momento actual. Se trata de una convocatoria efectiva, con toda la formalidad del caso incluida la promulgación de dicha convocatoria a través de un Decreto Presidencial (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro 6.295 de fecha 01-05-2017).
Varias son las voces que desde distintos ángulos han levantado las alertas frente a la propuesta presidencial que parecieran indicar que el remedio parece que en verdad es peor que la enfermedad. Este conjunto de razones que exponemos a continuación, no son de la autoría propia exclusiva en su conjunto. Las mismas han sido esbozadas por distintos actores aunque con matices, énfasis o contextos distintos a los aquí presentados, no obstante los cuales, evidentemente, que en el contexto de este escrito, el único responsable de los mismos es quien suscribe.
Cuales son entonces las razones por las que considero que no es posible, ni deseable ni razonable apoyar la convocatoria a constituir una ANC que ha hecho el Presidente Maduro??
- Constituye una usurpación al poder constituyente originario:
Una lectura detenida del artículo 347 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) permite evidenciar sin lugar a dudas que el Presidente Nicolás Maduro carece de la facultad o de la potestad para convocar una ANC. En efecto, dicho artículo reza textualmente:
ART. 347-CRBV: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.”.
Como puede verse, no dice allí ni puede inferirse en forma alguna, que otra entidad distinta a “el pueblo de Venezuela” tenga la potestad para convocar una ANC, ello pesar de que el régimen político venezolano es de carácter presidencialista. Más aún, y respecto de este tema, el artículo 348 es meridianamente claro cuando establece con precisión inequívoca los límites del Presidente en materia de convocatoria de una ANC. Al respecto, se señala:
ART. 348-CRBV: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.”
No debería haber dudas acerca de la diferencia existente entre los Artículos 347 y 348 de la CRBV de 1999. No es posible confundir la “iniciativa de la convocatoria”, (para a cual si tiene facultades el Presidente), con la convocatoria misma, pues esta última solo le corresponde al pueblo de Venezuela. Y uno supone que una propuesta realizada por el Presidente, ha debido contar con la asesoría de Constitucionalistas expertos y hasta de exconstituyentistas, quienes han debido advertirle que “convocar” una ANC iba más allá de sus atribuciones, y que en consecuencia, hacerlo violentaría lo establecido en la CRBV y viciaría de nulidad tal convocatoria. Sobre este aspecto habría que esperar por una opinión de la Sala Constitucional quien debería aclarar (para quien tenga dudas) este aspecto. En dicho caso, y visto lo que ha sido el comportamiento de dicha instancia, solo esperaría uno que esa interpretación lo sea realmente ajustada a derecho y no un simple ejercicio de complacencia al Ejecutivo Nacional.
El abogado Juan Luis Soda ha expresado correctamente que:
“… debe consultarse ‘al pueblo’. (…) ‘Solo el pueblo puede convocar una ANC, en su condición de depositario del poder constituyente originario’ (art. 347 de la CRBV). Luego, ¿cómo se instrumenta eso?: Debe convocarse a un Referendo Popular donde el pueblo exprese su voluntad de ir a una ANC para redactar una nueva constitución y reformar el Estado. En este mismo referendo deben consultarse las Bases Comiciales. Repito, es ‘el pueblo de Venezuela’ el depositario del poder constituyente originario, y quien en ejercicio de dicho poder, puede convocar una ANC. En ese sentido, lo que señala el art. 348 constitucional es enunciar quienes tienen la iniciativa para convocar el referendo popular que activaría una ANC (iniciativa de convocatoria). Pero ni el Presidente es el pueblo, ni la Asamblea Nacional es el pueblo, ni los concejos municipales en cabildo son el pueblo, ni siquiera el 15% de los electores son el pueblo. El ‘pueblo de Venezuela’ se expresa a través de un referendo. Para cuya consulta se dará una votación que debe ser "universal, directa y secreta’. Solo así, puede convocarse una ANC".
Distintos voceros del Gobierno han dicho que el Presidente Maduro si puede (A diferencia de Hugo Chávez en el 99) convocar por sí mismo la ANC, porque en la Constitución de 1961 no estaba contemplada esa figura. Precisamente hay que decir lo contrario: Justamente para que no sucediera lo que en 1999, el Constituyente estableció en los artículos 347 y 348, no solo la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, sino además, su razón de ser, el objeto, la forma y el procedimiento para su convocatoria, que es a todas luces, algo distinto de lo que se pretende aplicar en esta ocasión.
No se trata de un detalle leguleyo sin mayor importancia. Tampoco es el empeño de hacerle el juego al formalismo jurídico ni siquiera a la “mentalidad liberal-burguesa”. Todo lo contrario. En este aspecto se juega resueltamente la aplicación más trascendental del principio de la democracia participativa y protagónica, y más allá, del propio ejercicio de la soberanía popular, pues resulta inconcebible que el que sea un actor del Poder Constituido quien convoque y además delimite y prescriba el accionar del Poder Constituyente.
Si el Presidente Maduro puede convocar él mismo una ANC, habrá sucumbido el principio de la Democracia Participativa y Protagónica y al hacerlo habrá sustituido al pueblo de Venezuela todo, sin previo aviso, en el ejercicio de la Soberanía Popular, además del evidente fraude constitucional en que se estaría incurriendo. Este solo argumento bastaría para rechazar de facto la propuesta del presidente Maduro, y haciendo gala de la indiscutible celeridad que en otros casos menos importantes han demostrado, tanto la Fiscalía General de la República como la propia Sala Constitucional del TSJ deberían pronunciarse, amparando al pueblo de Venezuela frente a la posibilidad de una violación flagrante de su soberanía. Hasta tanto ello no ocurra, es mi opinión que ambas instituciones están en deuda con el pueblo venezolano y con la historia. Definitivamente es inadmisible que se violente la Constitución y se usurpe la soberanía popular bajo el pretexto de que otros la quieren violentar y tanto la Fiscalía General de la República como el Tribunal Supremo de Justicia deberían ya intervenir para evitar que ello ocurriera. Máxime cuando existen múltiples mecanismos constitucionales y legales que perfectamente pueden ser utilizados para enfrentar la situación y evitar un desbordamiento mayor de la violencia.
Por si todo ello fuera poco, valdría la pena pasearse por las consecuencias que ello traería a nivel internacional, pues el Estado venezolano, y concretamente el gobierno nacional podrían verse exigidos ante reclamos por “violación de la Constitución” tal como ya se está señalando.
- No hay tal agotamiento del modelo derivado de la Constitución de 1999:
Infinidad de actores se han pronunciado ya sobre este aspecto. Efectivamente, quien viva en este país, y le siga el pulso a la cotidianidad política, económica, institucional, etc., puede advertir que en Venezuela la vigencia de la propuesta de Contrato Social y de proyecto país recogida en la actual CRBV es total, y si algo anda mal es precisamente por su continua violación, cuando no de su inaplicación por parte de los actores fundamentales del proceso político. Ya quisieran buena parte de las naciones del mundo contar con un instrumento normativo de la envergadura, amplitud, pluralidad y sobretodo, legitimidad con la que cuenta Venezuela en su CRBV. Evidentemente, como todo instrumento jurídico, la CRVB es perfectible y mejorable, pero para ello no se requeriría una ANC. La propia CRBV ofrece alternativas como la Reforma Constitucional y los mismos referenda, como alternativas que, pudieran utilizarse para tal fin. En cualquier caso, si lo que se requiere es “transformar el Estado o crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, ello debería resultar de una evaluación profunda y extensa que, al menos públicamente, no parece haberse realizado. Y pretender cambiar la Constitución como respuesta a una coyuntura política específica, es simplemente ignorar los alcances de la misma, la flexibilidad y la amplitud de políticas
- Una correlación de fuerzas completamente desfavorable.
La enorme responsabilidad que pesa sobre los hombros de quien dirige un país debería ser el principal consejero a la hora de la toma de decisiones. La situación por la que atraviesa Venezuela está lejos de ser sencilla de resolver, y lo menos que se puede aspirar de quien dirige sus destinos es que promueva saltos al vacío. Si bien la audacia, la astucia y la habilidad son valores fundamentales para hacer política en una coyuntura dinámica como la nuestra, ellos deben ir acompañados de una gran responsabilidad y sobre todo de gran serenidad. La propuesta de avanzar precipitada e improvisadamente hacia la convocatoria de una ANC nos coloca a los venezolanos innecesariamente ante un riesgo extremadamente alto, pues no existe garantía alguna de que una mayoría de hombres y mujeres proclives a garantizar los avances alcanzados y a profundizarlos, y a corregir drásticamente los errores y omisiones cometidos en estos 18 años pasados realmente, obtengan una mayoría en una ACN que garanticen así dichos cambios en una nueva o en una corregida Constitución. Pareciera sensato un estudio detallado del comportamiento electoral de los venezolanos los últimos 10 años para constatar el enorme riesgo que innecesariamente se quiere correr. Sobre todo, no habiendo agotado otras alternativas que, como válvulas de escape al conflicto social y político pudieran ensayarse, como por ejemplo, un Referéndum Revocatorio o la propia Elección de Gobernadores, Alcaldes y Concejales. Pareciera entonces que la propuesta de avanzar hacia una ANC es equivalente a que un jugador de ajedrez decida exponer al Rey y a la Dama y hasta el tablero de juego, por negarse a arriesgarse a perder los alfiles, que dicho sea de paso, están ya en muy mala posición.
- Una propuesta confusa
La propuesta realizada parte estableciendo que se elegirán 500 constituyentitas, 250 de los cuales se elegirán territorialmente y 250 “sectorialmente”, es decir, en representación de sectores específicos de la población (campesinos, estudiantes, comunas, etc.) Por qué 500? Por qué no 750? O 400? O por qué no 131, como en la Constituyente de 1999? Nadie lo sabe, y quien podría determinarlo, es el pueblo al aprobar las Bases Comiciales, cosa que no ha ocurrido. Sin embargo, ya se da por hecho. Por otro lado, qué sectores gozarían de la legitimidad suficiente para tener una representación específica en esta nueva ANC?. En 1999 solo los indígenas contaron con esa prerrogativa pero, y en esta ocasión? Los Ingenieros podrían aspirar tener una representación en ella? Y los médicos? Y los mecánicos? Y los poetas? Y los alcohólicos?? Y que tal los motorizados? Y las secretarias?? En fin, qué argumento, qué premisa, qué criterio, qué fundamento se utilizará para establecer dichos grupos?. De nuevo, no se sabe. De esta problemática deriva un sinfín de inquietudes, dudas y sobretodo, sospechas que tienden un manto de dudas sobre la transparencia que debe tener un proceso constituyente para que goce de plena legitimidad.
Otro elemento que genera confusión viene a ser el fin mismo que se persigue. No obstante que el artículo 347 de la CRBV señala que una ANC tiene por objeto “…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.”, distintos voceros han señalado que no se trataría de una nueva constitución sino de promover algunas reformas a la actual.
Sobre los puntos de la agenda propuesta por el presidente Maduro a ser incorporados en los debates de una ANC habría que decir que cada uno de ellos pueden ser perfectamente trabajados en el marco de la actual constitución y en algunos casos, no tienen la urgencia que implicaría una tal convocatoria por lo que no nos resulta una justificación válida para la convocatoria de una ANC y consideramos que deja mucho margen a la especulación acerca de las verdaderas razones por las cuales se pretende convocar la misma.
- Autoblindaje de la CRBV:
Distintos voceros del gobierno nacional, incluido el propio presidente Maduro, han indicado que una de las razones por las que es preciso someter a revisión la actual CRBV es porque, según ellos, la misma no cuenta con mecanismos de autopreservación frente a golpes de Estado, o a violaciones flagrantes de la misma Nada más lejos de la realidad. La CRBV no solo cuenta con un articulado ampliamente garantista que ata la existencia del Estado Venezolano, de su andamiaje jurídico institucional y su arquitectura funcional a lo más avanzado de la normativa internacional en materia de derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, lo cual le permite abarcar un sinnúmero de áreas y ámbitos y desarrollar legislación al respecto cosa que avanzó significativamente durante los años en que se mantuvo una mayoría en la Asamblea Nacional, y que obviamente se frenó luego de la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015. Pero no solo eso: habría que ser ciegos para no considerar el peso específico que tienen los artículos 333 y 350 como poderosos blindajes inmanentes de esta constitución frente conmociones o contingencias que pongan en riesgo la existencia de la República, que inclusive, fueron puestos a prueba cuando el 13 de abril de 2012, en ejercicio de la soberanía popular, fue restaurado en su puesto de mando el Presidente Hugo Chávez después de haber sido depuesto por obra del Golpe de Estado encabezado Carmona Estanga. Fue justamente enmarcado en la conciencia política y el amparo jurídico que ofreció (y sigue ofreciendo) la CRBV de 1999 que el pueblo venezolano pudo realizar la más grande proeza de este tiempo, hecho inédito en nuestra historia y probablemente de la humanidad. Carece de sentido y de principio de realidad la afirmación según la cual la CRBV deba ser modificada o cambiada por ser vulnerable a los golpes de estado, a las conspiraciones o a los ataques de los enemigos.
Basta ya de Instrumentalizar al pueblo
Para quienes hoy dirigen el destino de la nación y para quienes aspiran dirigirlo desde una perspectiva que se reclame del carácter revolucionario, debería ser norma de una nueva “poli-ética”, el evitar la instrumentalización del pueblo y la pretensión de convertirlo solo en un sujeto pasivo, el objeto inerme de algunas políticas de carácter clientelar o el simple soporte de las aspiraciones de perpetuación en el ejercicio del poder político por parte de algún grupo o sector.
El gobierno nacional, y las fuerzas políticas que le acompañan tienen en sus manos no solo buena pate de la responsabilidad en los acontecimientos de la Venezuela actual, sino además, que tienen a su disposición una enorme variedad de instrumentos y mecanismos político-institucionales y de otra índole, perfectamente utilizables si realmente se quiere superar la crisis, aislar a los violentos y construir bases sólidas que permitan enrumbar a la nación hacia un futuro mejor. La Convocatoria a una ANC, y cualquier apelación o convocatoria al ejercicio de la soberanía popular son y serán siempre las mayores y mejores garantías de legitimidad la conducción del país, pero ello no puede hacerse dejando márgenes a la improvisación, al desespero, incurriendo en riesgos innecesarios y mucho menos hacerse como mecanismo para la autopreservación en el ejercicio del poder político de facciones, grupos o castas dirigentes. El pueblo no puede ser sometido al chantaje de tener que lavarle la cara a quien se empeñe en ensuciársela a cambio de la permanencia de una política social de cualquier índole.
Tampoco es posible hacerlo desde la soberbia, el chantaje, la intimidación o la coacción de los factores que por algunas razones han venido tomando distancia del gobierno desde hace ya un buen rato. El Gran Polo Patriótico debe dejar de ser considerado el jarrón chino de la conducción del proceso político venezolano. El PCV, REDES, UPV, Tupamaros, etc., así como innumerables factores, organizaciones sociales y políticas y hasta individualidades, están en condiciones de aportar soluciones y propuestas a la situación del país, mucho más allá de ser el silente soporte que aplaude las iniciativas oficiales y que las defiende en la calle.
Por otro lado, es preciso bajar el tono contra las disidencias y asumir las críticas con mayor amplitud, con espíritu democrático y autocrítico, y sobre todo con madurez y responsabilidad de estadista: Ver al presidente Maduro, en cadena nacional acompañado de la alta dirección del proceso convocando al país a una Asamblea Nacional Constituyente e invitando a la unidad de todos los venezolanos alrededor de ese objetivo, y al mismo tiempo acusando de Infiltrados de la CIA, o de “Izquierda Cobarde” a quienes simplemente manifiestan opiniones o caminos distintos para alcanzar objetivos similares o a quienes señalan las indiscutibles e inocultables desviaciones, distorsiones, errores y omisiones que se vienen cometiendo desde la dirección del proceso es no solo altamente contradictorio, sino un factor que genera desconfianza, amplía las brechas entre ex-aliados y fragmenta aún más al movimiento revolucionario. Si el Jefe del Estado posee las pruebas de que algún venezolano es un agente a sueldo de un organismo de inteligencia como la CIA o cualquier otro, lo que procede es aplicar la justicia. No se trata de que seamos ingenuos. No cabe la menor duda de que en Venezuela, sentados como estamos todos encima de la mayor reserva de petróleo del mundo evidentemente que los intereses del imperialismo están puestos sobre nosotros, y su accionar contra nosotros discurre por muchas vías, una de ellas mediante la infiltración de sus organismos de inteligencia. Pero de allí a generalizar y suponer que cada crítica que se formule al gobierno se realiza teledirigida por la CIA, es no solo paranoia sino sobretodo soberbia e incomprensión del momento actual.
Para concluir, con seguridad existen muchas otras razones por las cuales objetar la convocatoria, en los términos en que ha sido realizada. Un gran propósito como “la paz” es en verdad tan genérico y tan interdependiente de muchas otras variables que resulta impensable que una ANC o una nueva constitución puedan permitir alcanzarlo. Cada uno de los 9 temas que propuso el Presidente Maduro como parámetros a ser discutidos dentro de la ANC, son perfectamente discutibles y desarrollables fuera de una entidad como esa, por lo que no vemos la necesidad de exponer tanto para intentar alcanzar propósitos que perfectamente pueden ser trabajados en otros ámbitos, incluso, con el amparo de la actual constitución.
Por otro lado y en general se puede decir que hay bastantes contradicciones entre lo que dice Germán Escarrá, con lo que ha dicho Aristóbulo Istúriz o el propio presidente por ejemplo. La misma composición de la Comisión Presidencial es de por si casi una afrenta al Poder Constituyente Originario y sobretodo evidencia de cómo algunos de los que más decididamente han contribuido al desmadre en que nos encontramos, son quienes ahora pretenden indicarnos la forma de salvarnos. En realidad habrían muchas más razones para rechazar la propuesta del Señor Presidente, pero creemos que acá se resumen el conjunto de las más importantes que han sido señaladas y por lo que nos resulta imposible acompañar dicha propuesta.
