La funcionaria Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, pareciera haber olvidado que de su puño y letra escribió la narrativa de la criminal violencia que la derecha provocó con la llamada "La Salida", en 2014 y que ella optó por darle una excelente utilidad a la misma, como es haberla aprovechado para colocarla como preámbulo a la presentación de la Memoria y Cuenta del Ente Fiscal bajo su responsabilidad, correspondiente al ejercicio de ese año que, por ley, le correspondió hacerle entrega formal a la Asamblea Nacional, no pudimos precisar la fecha, pero debió haber ocurrido ese evento a finales del mes de enero de 2015, pues todos sabemos que sus sesiones legislativas ordinarias las inicia cada año el día 5 de ese mes.
Es sorprendente leer lo que ella transformó en la presentación del informe de gestión de la Fiscalía bajo su máxima autoridad, porque en dicho escrito no deja nada a la deriva, va al grano con el relato de la gravedad de los hechos sucedidos ese año, tanto por la mortandad y daños materiales que dejó a su paso (42 muertos y más de 800 heridos), como porque, como ella misma lo enfatiza en los cinco primeros bloques de texto, la institucionalidad democrática y la sociedad en general se vieron gravemente afectadas, pues se llevaron a cabo acciones de la mayor violencia, dirigidas a crear la necesaria ingobernabilidad para -nada menos- ir a la toma del poder por asalto, es decir, al margen de la Constitución, para agregar seguidamente, "que (esas) acciones violentas tuvieron su punto de inicio en el feroz ataque dirigido contra el Ministerio Público (..) No es casual que (..) después se extendieran a otras instituciones y vías públicas del país, comenzaran por la sede principal del Ministerio Público (..) Escogieron la sede de este organismo garante de la legalidad como su primer objetivo, porque el Ministerio Público representa para la Patria la estabilidad de las instituciones del Estado, pues la contundencia de sus actuaciones ha sido un impedimento para quienes han tratado de desestabilizar al país mediante el ataque artero contra las instituciones…"
Pero, preferimos no alargarnos con este preámbulo, pues su propia narrativa es más que suficiente para refrescarnos dentro de la mayor claridad y objetividad unos eventos que fueron bien trágicos, pero que a la fecha y ya desde hace más de dos meses largos han sido superados a extremos inconfesables, al punto de que, por lo que hemos estado viendo, ahora ya se han asesinado casi el doble de personas (ya van más de 70), los heridos y los daños materiales a la propiedad pública y privada se han multiplicado y lo peor, es que en esta ocasión la propia Fiscal ha cambiado de parecer y ya no alega que son terceros lo que quieren acabar con la institucionalidad, sino que es el propio Gobierno quien resolvió "auto suicidarse"…!!!
Les dejamos, por tanto, para lean lo que la señora Ortega Díaz nos ofrece en este relato vestido de galas, pues, como ya lo dijimos, no es otra cosa que el introito a un documento que tiene carácter oficial y agregamos, como algo demasiado importante, que no menos del 95% de su contenido ella lo dedicó exclusivamente a ese gravísimo tema, lo cual lo pueden verificar si lo bajan de la Internet con este enlace Informe Anual 2014 - Ministerio Publico)...
"En el 2014, la institucionalidad democrática del país y la sociedad en general, se vieron afectadas por planes que atentaron contra la paz social, pretendiendo crear una situación de ingobernabilidad, propicia para tomar posiciones de poder político al margen del ordenamiento constitucional; ante lo cual la defensa de la Constitución y las leyes representó un desafío histórico para el pueblo y sus instituciones.
Constituye un hecho público y notorio que durante el mes de febrero de 2014, factores radicales de la política venezolana convocaron acciones de calle, señalando que las mismas se mantendrían hasta tanto fuese depuesto el gobierno legítimamente instaurado en Venezuela.
Y esas acciones violentas tuvieron su punto de inicio en el feroz ataque dirigido contra el Ministerio Público. Su sede principal, en Parque Carabobo, donde se encontraban aproximadamente 800 empleados y un grupo de niños (hijos de los trabajadores), fue brutalmente asediada y luego embestida con objetos contundentes e incendiarios.
No es casual que estas acciones, que después se extendieran a otras instituciones y vías públicas del país, comenzaran por la sede principal del Ministerio Público, donde los voceros principales de esa manifestación que devino en protestas violentas se concentraron.
Escogieron la sede de este organismo garante de la legalidad como su primer objetivo, porque el Ministerio Público representa para la Patria la estabilidad de las instituciones del Estado, pues la contundencia de sus actuaciones ha sido un impedimento para quienes han tratado de desestabilizar al país mediante el ataque artero contra las instituciones.
Ese sector radical mantuvo durante meses barricadas en algunas zonas de Caracas, así como en otros estados del país, desde los cuales generaron múltiples hechos violentos y delictivos que afectaron la vida, causaron lesiones a numerosos personas y daños a bienes privados y públicos.
En el Distrito Capital, además de los cuantiosos daños perpetrados al Ministerio Público, también se produjeron elevadas pérdidas, como consecuencia de ataques violentos a las sedes de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre; del Metro de Caracas (estaciones de Chacao y Altamira), al edificio administrativo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; la sede del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo Hábitat y Vivienda. De igual modo, fueron afectadas severamente sedes de las entidades bancarias Provincial y Venezuela, e incendiadas totalmente cinco patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
En el interior de la República fueron objeto de la violencia la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), el Banco del Tesoro, la Alcaldía del municipio Girardot del estado Aragua y el transporte escolar de Ferrominera del Orinoco.
De igual forma, fueron quemados 5 camiones pertenecientes a Pdvsa; 22 vehículos de la Corporación Eléctrica Nacional; fue incendiada la sede de la Unidad Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación; un módulo policial en Naguanagua estado Carabobo; el Instituto Nacional de Parques (Inparques); el Hotel Venetur del estado Mérida; la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Lara; el núcleo de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerzas Armadas (Unefa) y 9 unidades de transporte público en San Cristóbal, estado Táchira, entre otros graves daños. Esta forma de protesta violenta estuvo caracterizada por cierre de vías con la colocación de objetos incendiarios, alambres galvanizados y electrificados, derrame de aceite y elementos cortantes, destrucción de bienes públicos y privados; agresión letal contra otros ciudadanos que no participaban en estos hechos.
Ese llamado, así como las acciones que le sucedieron, no solo generaron daños materiales, sino que además ocasionaron la muerte de 43 ciudadanos y lesiones a 878 personas. Es oportuno acotar que de las 43 personas fallecidas, 10 eran agentes de seguridad del Estado, uno de ellos, un fiscal del Ministerio Público, Institución que represento; funcionarios a quienes cuando cumplían su deber se les vulneró su derecho fundamental a la vida, circunstancia esta que rompe el argumento según el cual civiles "pro gobierno", con el aval de los cuerpos de seguridad del Estado, disparaban armas de fuego contra "los manifestantes".
En este contexto, el Estado venezolano actuó en apego a la normativa constitucional y legal que nos rige. Cada hecho punible acaecido en el marco de la referida situación ha sido investigado con estricto cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales. El derecho al debido proceso ha sido respetado a aquellas personas que han sido imputadas y acusadas a raíz de las referidas investigaciones penales.
Al Ministerio Público, como integrante del Sistema de Justica, le compete el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado y, en consecuencia, dirigir la investigación penal; para lo cual ciñe sus actuaciones a lo establecido en la Constitución y las leyes, con el fin de garantizar la plena igualdad de todos los habitantes de la República.
De igual forma, ha cumplido con informar a la opinión pública y a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, la situación de las investigaciones adelantadas y de las personas involucradas.
Nuestra sujeción al respeto de las garantías fundamentales contrasta claramente con el desprecio que los factores organizadores de estas manifestaciones violentas, denominadas guarimbas, han demostrado hacia el ser humano.
No obstante, las pretensiones políticas de algunos factores pretenden desconocer la existencia y aplicación de estos principios y subvertir el orden institucional; lo cual no solo los conduce de manera irresponsable a la comisión de delitos, sino que además pretenden no ser juzgados por tales conductas delictivas, atacando irracionalmente todo proceso jurisdiccional que persiga establecer las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido dirigentes de las parcialidades políticas involucradas.
Ante esta realidad, el Ministerio Público, en cumplimiento de su función constitucional, tuvo que destinar en los primeros meses del 2014, un número considerable de fiscales para ejercer la acción penal y actuar contra aquellos que con sus acciones violentaron el orden establecido, todas estas actuaciones se efectuaron sin afectar el normal funcionamiento de la Institución, lo cual es una muestra de la fortaleza que nos caracteriza.
En consecuencia, fueron presentados ante los tribunales de control a 3.351 personas, actividad procesal que arrojó la cantidad de 911 actos conclusivos que involucran a 2.844 personas. A la presente fecha tan solo se mantienen privadas de libertad 41 personas.
En todos aquellos casos en que pudo haberse producido exceso policial, como garante de la Constitución y las leyes, se inició la investigación y practicaron las actuaciones para establecer la verdad de los hechos y, en consecuencia, determinar las responsabilidades penales en tales casos.
Hoy podemos señalar que de las referidas investigaciones hemos obtenido como conclusión que de estar involucrado algún funcionario en este tipo de conducta delictual, su actuación es de carácter individual y que no representa una política de Estado el uso de la tortura. El ordenamiento constitucional y legal que rige en nuestro país es muy sólido en cuanto a proscribir tal práctica inhumana.
En tal sentido, el Ministerio Público garante de la protección y defensa de los derechos humanos de los venezolanos, acusó a 30 funcionarios policiales por la presunta violación de las garantías fundamentales, tales como homicidio y trato cruel.
Entre los casos de violación de los derechos humanos se encuentran:
Bassil Alejandro Da Costa Fría: murió el 12 de febrero de 2014, al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías del lugar donde se realizaba una manifestación. El hecho ocurrió entre las esquinas de Tracabordo y Monroy, cerca de la avenida México, en la parroquia Candelaria, municipio Libertador del Distrito Capital.
Hecho por el cual fueron acusados ocho funcionarios policiales pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana, por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles con causal, quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales, privación ilegítima de libertad, uso indebido de arma orgánica y trato cruel.
Asdrúbal Jesús Rodríguez Araguayán: el 19 de febrero de 2014, el obrero Rodríguez se encontraba a la espera del transporte público, cuando fue aprehendido en el municipio Chacao, estado Miranda, por funcionarios de la policía de ese municipio, y posteriormente, apareció sin vida en la avenida Boyacá (Cota Mil), sector Sebucán del municipio Sucre del estado Miranda. Hecho por el cual fueron acusados 2 funcionarios de esa policía local, por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles con causal, quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales, privación ilegítima de libertad, uso indebido de arma orgánica y trato cruel.
Glidis Karelis Chacón Benítez: el 07 de marzo de 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego, en las cercanías del lugar donde se realizaba una manifestación, mientras cumplía funciones de orden público. El hecho ocurrió en la autopista Prados del Este, municipio Baruta del estado Miranda. Fueron acusados 3 funcionarios de la Policía de Chacao, 1 de ellos por homicidio intencional en grado de autoría y uso indebido de arma orgánica y 2 efectivos por los delitos de homicidio intencional en grado de tentativa y uso indebido de arma orgánica.
Geraldín Moreno Orozco: el 22 de febrero de 2014, murió tras recibir un disparo en las cercanías del lugar donde se realizaba una manifestación en el sector Tazajal, a la altura del edificio Bayona Country, municipio Valencia, estado Carabobo. Fueron imputados 2 funcionarios por el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles; uso indebido de arma orgánica, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales y acusados 2 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana como autores materiales en el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, trato cruel y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
Jesús Enrique Acosta Matute: el 12 de marzo de 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en la urbanización La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, estado Carabobo. Fue acusado un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por los delitos de homicidio intencional y uso indebido de arma orgánica.
Otros hechos que conmocionaron al país durante el pasado año, fueron los asesinatos de Mónica Spear, Eliézer Otaiza, el alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi, y el diputado Robert Serra, situaciones en las que las instituciones del Estado y el Ministerio Público estableció las responsabilidades penales.
Adicionalmente, otra situación que amenazó la estabilidad de Venezuela, fueron las acciones de contrabando, especulación, boicot y acaparamiento de los productos alimenticios, de higiene y del hogar, en el que el Ministerio Público como parte integrante del Plan Nacional de Lucha Contra el Contrabando, ejerció los recursos constitucionales para recabar los elementos de convicción y pruebas para imputar y acusar a los presuntos responsables de una guerra económica que ha sido enfrentada con éxito.
En síntesis, podemos decir que con las acciones y respuestas que emprendió oportunamente la Institución que presido, se contribuyó decididamente a lograr la estabilidad del país y de sus instituciones; y, en consecuencia, se fortaleció el Estado de Derecho.
Finalmente, estos logros alcanzados, los cuales han permitido continuar prestando cada día un mejor servicio público a la sociedad venezolana, están plasmados en el informe de gestión correspondiente al año 2014, que a continuación presento ante esta honorable Asamblea Nacional"
Así concluye la presentación del Informe de la Fiscalía General a la Asamblea Nacional sobre su gestión correspondiente al año 2014…
Amanecerá y veremos…!!
