Pareciera que la inteligencia de los que se asumen como dirigentes del pueblo, como "defensores" de los derechos de los ciudadanos, del Estado de Derecho, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por decisión popular en el año 1999, quienes supuestamente fueron en un entonces "luchadores", "combatientes revolucionarios", que ocuparon cargos durante el gobierno del Cte. Chávez, incluso durante los inicios del gobierno del Pte. Maduro, hoy padezcan de una fuerte psicosis y deterioro de sus funciones mentales, una grave amnesia política que rayana en un Alzheimer galopante e incurable, además por supuesto de algunas otras anomalías de tipo moral que traslucen en sus argumentaciones, indicios y posturas.
Entiendo que así como en el Gobierno del Cte. Eterno Hugo Chávez existieron traidores, muchos de los cuales surgieron de su propio entorno, así hoy surgen igualmente, algunos de los cuales por ser destituidos de altos cargos en el gobierno que ocupaban desde hace tiempo y en los que no habían demostrado capacidad ni eficiencia, o incurrieron en hechos de "dudosa ejecutoria", o simplemente fueron despedidos de sus puestos de trabajo.
Aclaro, ignorar los graves vicios que hoy existen dentro de las instancias gubernamentales, la falta de toma de decisiones acertadas, la corrupción incontrolable, la ineficiencia e ineficacia en la gestión pública sería tan erróneo que causaría más daño al proceso revolucionario del que está padeciendo. La crítica, el control público, la supervisión de las ejecutorias de los recursos del estado y del pueblo son atribuciones consagradas en la CRBV y es función de los revolucionarios ejercerlas.
Disentir de las decisiones que el Presidente, Gobernador, Alcalde u otro miembro del Poder Ejecutivo o de las opiniones de algún representante o institución del Poder Judicial, Moral o Electoral e informar y discutir públicamente, pero elegantemente y racionalmente es igualmente un derecho que está también expresado en dicha Carta Magna así como los mecanismos para evaluar y corregir cualquier error en su aplicación.
Pero, hacer afirmaciones como "muchos de los otrora luchadores revolucionario" escriben o dicen por los medios de información en las cuales se ponen al lado de la "derecha" o tanto internacional como nacional es otra cosa, y muy diferente por cierto.
Enumerar o describirlos es tan largo que resultaría una verdadera letanía que no tiene sentido. Muchos por lo aberrante de sus argumentos, otros por lo falaz de sus tesis, otros por lo poco interesante de su testimonio.
En este caso me referiré a las afirmaciones de la Fiscal Luisa Ortega Díaz en una entrevista con el periodista "opositor" Nelson Bocaranda, en la cual, entre otras perlas expresa: ""Está desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de terror".
Pregunto ¿Será que la Fiscalía General de la República, a juicio de la Dra. Díaz no forma parte del Estado? ¿Qué será para la Fiscal un estado de terror?, igualmente increpo ¿Qué será para ella terror de Estado?
Me extraña que una persona que ocupe un cargo de tal naturaleza desconozca la diferencia entre el terror de Estado y el estado de terror, máxime que su profesión como abogado le exige un léxico claro, diáfano, concreto y claro y sobre todo su "historia" como luchadora política contra la IV República.
El terrorismo de Estado consiste en la "utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justificarían por razón de Estado". La experiencia más evidente de terrorismo de Estado en Venezuela fue la usada durante todos los gobiernos de la Democracia Representativa, desde el Br. Rómulo Betancourt, pasando por Leoni, Caldera, Lusinchi, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez en sus dos gobiernos y a los que supuestamente a algunos hizo oposición.
¿Es que la Dra. olvida los muertos durante los gobiernos en referencia, los allanamientos, los desaparecidos, los torturados, los fusilados, los perseguidos, los allanamientos, la suspensión permanente de las garantías constitucionales, los exilados que dejó 11.043 víctimas según sus propias palabras en declaraciones hechas en el programa "José Vicente Hoy" en Televen el día 26 de junio de 2016? , Se trata de "víctimas de terrorismo de Estado, porque era una política de Estado sostenida, sistemática, planificada; todo un plan para atacar la disidencia política", señaló Ortega.
Por terror podemos definir como la máxima expresión del miedo. Sentimos miedo cuando algo nos asusta o cuando hay un peligro inminente a nuestro alrededor. Si el miedo aumenta se puede convertir en terror. También se emplea un sinónimo: pánico. Y el estado de terror es aquella situación o clima social en la cual el sujeto o comunidad vive en una situación momentánea o permanente de miedo, pánico.
Estado de terror es el que está imponiendo la derecha fascista, el imperio norteamericano y sus acólitos, la oposición terrorista a través de los medios de información y redes sociales, las guarimbas, los linchamientos, el ataque a las instituciones públicas, la quema de trasporte público, automóviles, guarderías, clínicas, trasporte de alimentos, saqueos, asesinato de personas, sicariato, sabotaje a las instituciones de servicio de emergencia, agresiones a ciudadanos, quema de estaciones del Metro y un sinfín de acciones similares.
Pero estado de terror también podemos denominar a la "sensación de indefensión, inseguridad, debilidad y vulnerabilidad" de las víctimas de las acciones de terror, que afectan a niños, ancianos, al pueblo trabajador, estudiantes, obreros, empleados, a la población que se siente desamparada y desprotegido por la desidia, inacción, complicidad de los organismos del Estado encargados de su defensa, protección y amparo como lo son la Fiscalía General de la República y los cuerpos de seguridad ciudadana, a los alcaldes y gobernadores que participan directa e indirectamente en estos actos de sistemáticos ataques contra la nación venezolana, en su abyección por tumbar al gobierno legítimamente elegido por el pueblo, en elecciones libres y trasparentes el domingo 14 de abril de 2013 y con ello revertir el proceso revolucionario bolivariano iniciado por el Comandante Hugo Chávez.
La Dra. Ortega viene ejecutando una política soterrada desde hace varios años "echándole tierra" a actos de corrupción, tanto de funcionarios del gobierno como de los dirigentes de la oposición; a debilitar el Estado de Derecho al colocar en puestos claves de la Fiscalía a militantes de los partidos de la derecha con el fin de boicotear denuncias contra acciones delictivas de funcionarios o militantes de la oposición y persiguiendo a ciudadanos que son víctimas de tales desmanes erosionando de esta manera la función de la institución; viene igualmente presionando, despidiendo a funcionarios y fiscales que se oponen su práctica oprobiosa de "hacerse la vista gorda" ante delitos comprobados de asesinatos, agresiones a ciudadanos, destrucción de instituciones públicas tales como los ocurridos durante las guarimbas de febrero del 2014 y los que ocurren en la actualidad.
La actuación de la Fiscal, con su "falsa" modestia y su discurso "falaz" ha incentivado los actos violentos de la derecha y con ello la muerte de ciudadanos venezolanos (inocentes o culpables), incendio a instituciones, agresión a personas, destrucción de zonas urbanas. Su accionar ha incrementado el miedo en la población venezolana creando un estado de pánico, de terror, en especial a los niños.
Cómo buena abogada, la Fiscal sabe que hay varias formas de delinquir, que se es delincuente por acción material, pero que también se delinque por complicidad, colaboración con el hecho, encubrir, mentir. La Fiscal no sólo es culpable por omisión, también es culpable por colaboración, complicidad de las muertes, agresiones, destrucción del patrimonio público, traición a la patria.
Si alguien es terrorista de Estado esa es la Dra. Luisa Marvelia Ortega Díaz ya que desde su cargo como Fiscal General de la República, como funcionaria del Estado, incentiva al terrorismo, asesinato, violencia, agresiones a las trabajadores del estado, incendios, destrucción, quema de hospitales, guarderías, instituciones públicas. Y fundamentalmente, allana el camino para una eventual invasión o intervención extranjera a nuestro país. Es decir, también peca de traición a la patria.
El pueblo reclama sanción.
Hacia la victoria siempre. Venceremos
