El pasado viernes 7 una planta televisora nacional en su noticiero de las 11 de la noche colocó en pantalla un personaje dando la espalda, es decir sin mostrar su rostro, quien aseveró, entre otras cosas, que las guerrillas colombianas gozaban de la protección de la Fuerza Armada de Venezuela, del Presidente Chávez y del Gobernador del Estado Táchira.
El artículo 57 de la Constitución Bolivariana de Venezuela señala textualmente: “No se permite el anonimato”. Otras disposiciones legales vigentes establecen que las estaciones radiodifusoras y televisoras no pueden trasmitir señales y noticias falsas, engañosas o tendenciosas.
Yo pregunto ¿puede un medio de comunicación usar el anónimo para difundir acusaciones contra instituciones y altos funcionarios del Estado? ¿Puede trasmitir informaciones falsas, engañosas o tendenciosas? ¿Las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en las leyes sobre el anonimato y las informaciones falsas pueden ser violadas impunemente? ¿No es responsabilidad del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 285 de la Constitución, ejercer en nombre del Estado la acción penal cuando se cometen hechos punibles? ¿No es competencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones velar por el cumplimiento de la Constitución y de leyes de la República en el espectro radioeléctrico y sus conexos?
Es evidente que los infundíos que intentan asociar al Presidente Chávez, a la Fuerza Armada y al gobernador Blanco La Cruz a la guerra civil en Colombia forman parte de una estrategia dirigida a dar fundamentos a la conspiración internacional contra Venezuela. Quienes fracasaron en el golpe de Estado del 11 de abril, quienes fueron derrotados en el complot de diciembre y enero, quienes pretendieron asfixiar al país mediante los atentados terroristas a la industria petrolera, ahora intentan la intervención extranjera con el pretexto de una asociación criminal del Presidente y de la Fuerza Armada con el terrorismo internacional.
Como se sabe, a raíz del atentado del 11 de septiembre a las torres gemelas de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos de Norteamericana ha convertido la lucha “contra el terrorismo” en el centro de su política interior e internacional. La guerra contra Irak tiene como justificación, según los argumentos de Washington, en que “el gobierno de Bagdad está en posesión de armas de exterminio masivo que pueden ser usadas por los terroristas”. Hace poco, en función de esta misma doctrina, Estados Unidos declaró que Irak, Irán y Corea del Norte” forman parte del “eje del mal”. En cuanto se refiere a América Latina, como es bien conocido, Estados Unidos calificó a las guerrillas colombianas como “organizaciones terroristas” y actualmente desarrolla un programa de intervención militar en Colombia a nombre de la “lucha contra el terrorismo”.
La perversa y antinacional maniobra consiste en asociar al Presidente Chávez y a la Fuerza Armada a la guerrilla colombiana con la finalidad de justificar la conspiración internacional contra Venezuela. Es parte de la escalada del plan golpista dirigido a cobrarle a la joven revolución bolivariana la pérdida de los privilegios de la vieja política y de la tutela extranjera.
Solo quienes han renunciado a valores elementales de la identidad nacional pueden prestarse al juego de la intervención extranjera, pero también resulta insólito que los órganos del Poder Público llamados a preserva la Constitución y el estado de Derecho permanezcan pasivos e indiferentes cuando es su deber aplicar todo el peso de la Ley a quienes usan el anonimato y divulgan noticias falsas y tendenciosa.
