Es realmente condenable, por decir lo menos, la reacción de los llamados grandes medios y quienes actúan como corifeos de los grupos de la burguesía criolla que son invitados con mucha frecuencia a los programas de opinión de los canales de la TV privada, cuando arremeten sin freno alguno contra la decisión de la Alcaldía Metropolitana de iniciar un proceso que lleva la loable misión de transformar a centenares de familias en propietarios de las viviendas que vienen ocupando por años en condición de arrendatarios, sometidos por ello a los abusos de todo tipo por parte de sus dueños y muy particularmente de las empresas que las administran.
Decimos esto porque dicha medida no solamente beneficia a los inquilinos de esos inmueble que, entendemos, ha sido ya tomada en varios lugares de Caracas e iniciados los trámites correspondientes conforme a la Ley respectiva, sino a sus propios dueños, pues es bueno que se sepa que tales bienes están sometidos a un régimen de regulación de alquileres que no lo inventó Hugo Chávez, sino que fue establecido durante el gobierno de Rómulo Betancourt y que, por razones más que obvias, se ha mantenido en plena vigencia desde entonces. Dicho régimen sólo admite revisión de la renta cada dos años, la cual la hace el Estado a través de instancias especiales y que, generalmente, cuando no intervienen los comisionistas corruptos, afectan ciertamente a los inquilinos pero en términos bastante racionales y más aún cuando éstos últimos ejercen a plenitud sus derechos de apelación ante las instancias jurisdiccionales competentes que nos les cuesta ni un céntimo.
Pero hay más, durante el gobierno de Caldera I se puso en vigencia el decreto 513 del 06/01/71 que fue derogado en 1.999 con la promulgación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, a través del cual se autorizaba la venta en propiedad horizontal de edificios viejos por un precio no mayor de aquél establecido en la última regulación y si bien nunca tuvimos conocimiento de que propietario alguno llegó a vender su edificio bajo esas condiciones, sí conocimos de varios que lograron organizar a los inquilinos en asociaciones civiles y de esa manera les transferían a esa nueva persona jurídica la propiedad del edificio, con lo cual no violentaban, al parecer, el decreto y lograban así obtener un mejor precio. Estamos seguros que esta última opción ha continuado operando, pero convencidos de que ha venido teniendo muy poco éxito, quizás alguno frente a pequeños edificios, pues no es nada fácil poner de acuerdo a mucha personas, algunas de las cuales les era y aún continúa siéndolo imposible obtener el dinero necesario para comprometerse en un proyecto de tal índole. Esa situación ahora ha comenzado a cambiar con el gobierno revolucionario, quien ha implementado planes muy concretos para ayudar con subvenciones y créditos a bajas tasas y a plazos convenientes a las familias menos favorecidas de la población para que adquieran en propiedad un techo digno.
De manera que cuando el Alcalde Barreto lanza ese plan de las expropiaciones todo el mundo ha debido manifestar el mayor contento, porque -efectivamente- dicha medida le abre la posibilidad real a las familias que viven alquiladas de llegar a tener su techo propio y a los dueños de los edificios les ofrece en bandeja de plata la posibilidad que nunca antes tuvieron de vender sus propiedades a precios justos y razonables, tal y como lo dispone la ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública e Interés Social, sin tener que buscar subterfugios de ninguna naturaleza.
Es por ello que nos parece una falsa postura de quienes en función de ciertos liderazgos de grupos empresariales de la oposición más recalcitrante, ligados a la industria de la construcción y a la propiedad raíz, pretendan intentar sacarle provecho político a esa medida calificándola de atentatoria al derecho de propiedad, cuando a todas luces se hace evidente que es una formidable decisión que en mucho contribuye a la solución del problema de la vivienda en nuestro país por vías muy justas y saludables para todos.
Es importante que digamos que en esos procedimientos legales la Alcaldía Mayor deberá actuar con el mayor celo, probidad y eficiencia fiscalizadora, a objeto de evitar que se impongan criterios de avalúo que dejen a un lado la interpretación transparente de la información y datos reales de mercado que ordena la norma legal tomar en cuenta para fijar el precio de los inmuebles expropiados, de parte de quienes realicen los respectivos informes técnicos, pues sería sumamente condenable que se intentara sobrevalorarlos. Se deberá tener muy presente el grave estado de abandono en que se encuentran la mayoría de esas estructuras: ascensores irreparables convertidos en nidos de todo tipo de alimañas, filtraciones pon doquier, obstruidos los sistemas de aguas blancas y servidas, fallas eléctricas generales, áreas comunes abandonadas y vueltas un verdadero chiquero, penumbra total en las áreas de circulación y paremos de contar las terribles calamidades por las que tienen que pasar los arrendatarios de esos viejos inmuebles, quienes viven un verdadero calvario, muchos abandonados a su suerte porque las autoridades estatales y municipales no les atienden sus reiteradas quejas y reclamos.
Todo lo que hemos sostenido en esta nota, tanto eso de que es una falacia mayúscula satanizar los decretos de Barreto, como la necesidad de que la Alcaldía ejerza un riguroso control de los procedimientos en cada caso de expropiación, dado el estado de abandono en que, muy seguramente, se encuentran esos edificios en lista para expropiar, no es mera retórica proselitista, es la concreción de una experiencia que por más de cuarenta años tenemos como profesionales activos en el área de la tasación inmobiliaria, básica y esencialmente para fines contralores (*)
(*) Hemos actuado en muchos casos de expropiaciones públicas (Metro de Caracas desde su primera línea Propatria-Caño Amarillo, Avenida Libertador, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Avenida Universidad de Maracaibo, Autopistas varias, represas, etcétera, etcétera); ejercimos la gerencia de la Oficina Técnica respectiva en la Contraloría General de la República, fuimos parte de la Comisión Ad Hoc que tuvo a su cargo el proceso de avaluar todos los bienes que recibió FOGADE de la banca intervenida a raíz de la crisis financiera de 1.994 en representación de la Procuraduría General y entre otras actividades de importancia, debemos agregar que hemos asistido en la materia en innumerables ocasiones a PDVSA Servicios, (antes a las filiales Lagoven y Corpoven).
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