Con el crecimiento acelerado de las ciudades, ha aumentado de forma significativa la necesidad de transporte de personas, animales y mercancías. Indudablemente esto ocasiona o ha ocasionado un mayor uso del vehículo automotor como medio de transporte, y gran parte de las vías no están lo suficientemente adecuadas para este crecimiento de los flujos vehiculares de tránsito.

Conociendo de esta situación, es que Venezuela afronta en el marco de las agresiones multidimensionales y multiformes, problemas graves en este tipo de servicio. Generalmente los medios se enfocan en el tema del transporte terrestre urbano, pero muy poco tratan el tema del transporte terrestre urbano extraurbano, del transporte aéreo, marítimo y fluvial, el cual también ha sido severamente afectado.

Se ha tratado de comparar el problema del transporte en Venezuela con la situación vivida en Chile en 1973 como parte del impulso de condiciones desestabilizadoras para el derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende en aquel entonces. No obstante, la paralización del transporte en Chile tuvo sus particularidades, ya que el servicio que se paralizó allá fue, fundamentalmente, el del traslado de bienes minerales, primordialmente el cobre (principal producto de exportación del país austral) y no el de personas, a fin de golpear su economía, como lo expresó en su momento el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. En el caso venezolano, ha tenido una connotación más social, dirigido a afectar el traslado de personas, las cuales muchas han descendido en su frecuencia de asistencia a sus actividades laborales o académicas, producto de esta terrible afectación de la movilidad social.

Con esta experimentación del problema de transporte terrestre en lo referido a personas, se están realizando algunos ensayos para de igual manera afectar el transporte de bienes, servicios, alimentos y medicamentos, como forma de escalar en la escasez programada en ciertas regiones y localidades del país, con el objeto de afectar el estado psico emocional de población, a fin de generar un estallido social que dé al traste con el Gobierno Bolivariano.

Pero en esto debemos tener extremo cuidado, ya que, y como lo exprese en un artículo anterior, tampoco podemos señalar, y esto lo hago de manera responsable, que toda protesta o manifestación se realiza con la intención de buscar el derrocamiento del gobierno que encabeza el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay situaciones sociales complejas, duras y difíciles que requieren de la atención y acompañamiento del Gobierno, junto a los dirigentes políticos y sociales de la Revolución.

Pero, volviendo al tema que nos ocupa, el tema del transporte terrestre es una de las espadas de Damocles que penden sobre el Gobierno Bolivariano, y que puede actuar como una bomba de tiempo que pudiera estallar en cualquier momento, si no se adoptan los correctivos correspondientes.

En el caso del transporte terrestre extra urbano, el cual es prestado en su mayoría por concesionarias privadas, cuyos permisos son otorgados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT), organismo este que perteneció al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y que paso a depender ahora al Ministerio del Poder Popular para el Transporte; en los actuales momentos no representa una opción para muchas personas, debido al estado de muchas vías en el país, además del problema de criminalidad que algunas de ellas afrontan. Esto sin contar el problema de la falta y altos costos en repuestos, lubricantes e insumos.

Es ahí, donde quiero aprovechar estas líneas, y producto del estado de necesidad que tenemos algunos de trasladarnos a diversos puntos de nuestra geografía nacional, de denunciar el caso, una vez más de la empresa de transporte Rodovías de Venezuela, a fin de que las autoridades a quienes corresponda, tomen inmediatas cartas en el asunto.

Esta empresa, producto de la situación antes denunciada, la cual no negamos, desde hace bastante tiempo viene realizando incrementos exorbitantes en los precios de sus pasajes con una frecuencia quincenal, lo que golpea el poder adquisitivo de sus usuarios y personas que se ven en la necesidad de recurrir a sus servicios.

Indudablemente, y en el caso de su terminal privado ubicado en la ciudad de Caracas, a 50 metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas, las personas que prestan el servicio de cafetín o restaurante en la mayoría de los casos atienden de mal humor, los baños no sirven y se encuentran en una situación deplorable, se observa una merma de trabajadores, y en ocasiones los choferes no cumplen los itinerarios pautados en el servicio.

Si bien el terminal privado de Rodovías en Caracas te da la facilidad de cancelar con punto de venta, no obstante, recientemente y alegando problemas y gastos operativos, la tasa que estaba incluida en el pasaje por el uso del terminal privado no la incluyen en el pago por el punto de venta, sino que ahora exigen que la misma sea cancelada en efectivo (En esta oportunidad me toco cancelar 2.918.750 bolívares discriminados de la siguiente manera: 2.868.750 del pasaje más 50.000 bolívares en efectivo como ya lo señalé), el detalle que obvian estos prestadores de servicio es que no es tan fácil en estos momentos conseguirlo (el efectivo por supuesto), y acá me surge una pregunta: ¿Cómo harán con los que no puedan cancelar dicha tasa en efectivo? ¿No le venderán el pasaje el cual esta cancelando? ¿Dónde están las autoridades que no ponen coto a esta situación? ¿O será también que Rodovías Caracas se metió también a la mafia de la venta del efectivo? ¿Quién nos defiende ante tal atrocidad? ¿SUNDEE? ¿INTT? ¿Guardia Nacional Bolivariana?

En el caso de Puerto Ordaz, y esto es importante que se conozca, por ser un terminal dependiente de la alcaldía del municipio Caroní, la cual está en manos del PSUV y por ende del chavismo, las concesionarias privadas del transporte solo aceptan transferencias a Banesco o en efectivo, y no aceptan otras modalidades de pago. Los puntos de venta los tienen bien escondidos, y salvo casos excepcionales, los sacan, cobrando un sobreprecio de más del 500%. En el caso de Rodovías, si bien su precio desde Guayana es menos costoso por ser el terminal de Unare público, aceptan solo dinero en efectivo y transferencias del Banco Provincial, obligándote prácticamente a abrir una cuenta en la referida institución bancaria, para poder agilizar este trámite, o recurrir a un familiar o amigo que te preste su cuenta y poder realizar esta transacción. Y si a eso le agregamos los terribles problemas de transporte para llegar a éste o las tarifas especulativas de los taxistas, se dificulta mucho la adquisición de los boletos y traslados hacia otras localidades y entidades federales del territorio nacional.

Asimismo, y como me ha correspondido viajar en avión a nivel nacional, debemos tocar también este álgido punto en este artículo.

Varias prestadoras de servicio de transporte aéreo en Venezuela alegan que la falta de dólares para el mantenimiento de sus aviones, además de los precios regulados, ha contribuido a la merma en más de un 80% de la frecuencia de vuelos para las rutas domésticas.

Esta situación, aunada al boicot impulsado por varias aerolíneas a nivel internacional, busca dejar desconectados a los venezolanos, los cuales usan este medio de transporte para visitar familiares (me incluyo en esa lista), hacer turismo o chequeos médicos, fundamentalmente hacia la ciudad de Caracas que es en donde se concentran la mayoría de los servicios.

Indudablemente la situación del país ha obligado que muchas aerolíneas locales se hayan visto obligadas a recortar su flota, que se habría visto reducida a unas 20 aeronaves de 110 que había en el año 2015, según datos de gremios empresariales como Avavit.

De acuerdo a informaciones, solo ocho aerolíneas locales siguen volando tales como: Laser, Avior y la estatal Conviasa (la cual por administraciones anteriores, prácticamente la quebraron y no tuvieron la capacidad de prever y realizar los mantenimientos correctivos, sumándose a la merma en las frecuencias de loe vuelos). En los mostradores de estas aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado Vargas y que sirve a la ciudad de Caracas, es normal y habitual ver innumerables grupos de personas aguardando por dos o tres días en listas de espero para comprar un boleto, sentados sobre sus maletas o en el suelo.

Algunas empresas incluso aumentaron rutas al exterior para intentar capturar divisas, no obstante, esto no ha sido suficiente para impedir el cierre de operaciones. Las firmas en estos momentos prestan servicios minimizados y concentran recursos en pocos aviones para evitar sanciones por incumplimiento en sus concesiones.

Asimismo y para graficar el contraste de las tarifas reguladas en el servicio de transporte aéreo, un taxi de Caracas hacia el aeropuerto internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, es decir, un viaje de casi cuarenta minutos vía terrestre, puede duplicar fácilmente el costo de un pasaje aéreo. Así esta situación de grave.

Esta situación se repite en otras terminales del país, que lucen desiertas, mientras pasajeros buscan desesperadamente cupos en los esporádicos vuelos programados (y los cuales no se pueden comprar por internet, de paso) y que son rápidamente demandados por mayoristas para armar "paquetes". Esto sin contar también la existencia de mafias que bachaquean los pocos boletos aéreos que se pueden ofertar, jugando con la necesidad de las personas, de paso.

Ni hablar de la situación de Conferry, la cual también es muy delicada y comprometida, y que ha sido denunciada varias veces. Este es otro dato que se tiene que revisar.

Lo grave de todas estas situaciones es que no hay ningún tipo de pronunciamientos por parte de autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, ni del INTT, ni del ente regulador de la aviación civil o de transporte marítimo y fluvial en Venezuela.

A todas estas, el actual ministro del Poder Popular para el transporte, compañero Hipólito Abreu le toca comerse este "pan con hormigas". Debería coordinarse ante estas situaciones con la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Stella Lugo, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Luis Reverol Torres, con gobernadores y alcaldes en el país para hacer frente a esta delicada situación que debe ser tratada como un asunto de seguridad de Estado.

Los impactos que lo económico tiene en lo social, y estas situaciones denunciadas encuadran perfectamente en el supuesto de hecho que planteo en este artículo, puede tener efectos verdaderamente desastrosos que aún estamos a tiempo de poder evitar. Recordemos que en guerra avisada, no mueren los soldados, y si muere es por descuidados e indolentes (agregaría yo).

Ya que se habla de un nuevo comienzo, pues tenemos que ponernos manos a la obra.

Y lo más insólito de esto, es que estas materias tratadas en este artículo están contenidas en el Plan de la Patria 2019-2025 entregado por el Presidente Maduro ante el CNE cuando inscribió su candidatura presidencial. Pues bien, no esperemos que la ANC cumpla el trámite burocrático de aprobar este plan del sexenio para ir trabajando sobre estas materias que no pueden esperar mucho tiempo. A su debido momento, demostraré los argumentos que sustentan estas afirmaciones que formulo en estas líneas como ya lo he expresado.

La revolución no puede estar reñida de la calidad ni de la eficiencia y no olvidemos que en la demora esta el peligro.

Ahí se las dejo.

¡Bolívar y Chávez viven, y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!