Hace unas semanas PROVEA presentó su Informe Anual 2017, cuyo capítulo sobre el Derecho a la Libertad Personal estuvo bajo nuestra responsabilidad. A continuación resaltaremos los aspectos más importantes del mismo:

Durante el período analizado se registró un total de 2.902 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución del 59% respecto a la cifra del año 2016. No obstante, aún la tendencia general es al incremento de estos casos. Es de destacar que al menos el 88% de estas detenciones (unas 2.553) están vinculadas con las manifestaciones ocurridas entre abril y julio de 2017.

El decrecimiento señalado de las cifras totales se debió a la significativa merma en el número de personas detenidas de manera masiva durante 2017. PROVEA registró un total aproximado de 2.477 personas detenidas masivamente, lo que constituye el 85,4% del total de las presuntas violaciones a la libertad personal durante este año. En 2017 la violencia institucional siguió enfocada principalmente en las manifestaciones callejeras, con más intensidad que el año anterior. Esto explica la disminución (en un 99%), entre otras, de las detenciones masivas en contextos de operativos policiales militarizados, las cuales durante el año objeto de análisis fue apenas del 0,7% de las detenciones masivas; así como el 1,17% del total de las detenciones ilegales o arbitrarias registradas. De manera similar a 2016, estas detenciones masivas vienen siendo sustituidas por intervenciones institucionales más intensas, selectivas y mortales. Esto significa que en los barrios populares la victimización por la acción policial mantiene su letalidad. Según cifras oficiales, un 26% de los homicidios ocurridos el país son consecuencia de la intervención directa de los cuerpos de seguridad el Estado.

Las detenciones colectivas se incrementaron respecto al año anterior en un 54,3%, y un 126,5% sobre el promedio general de los últimos 9 años. Asimismo, se aprecia el aumento en un 191% de las detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones respecto al año anterior, y de un 308,3% sobre el promedio general de los últimos 28 años. El año objeto de estudio es el segundo con las cifras más altas de este tipo de detenciones, superado sólo por las del año 2014.

En 2017 unas 318 personas sufrieron violaciones a su integridad personal en el contexto de estas detenciones, lo que representa un incremento de 90% respecto al año anterior. Este es otro ejemplo de la progresiva intensificación de la violencia institucional.

El perfil mayoritario de las víctimas que pudieron ser identificadas es el siguiente: hombre (88%), de una edad promedio de 26 años, estudiante (28,3%), militar (22,8%) o extranjero (16,4%).

Respecto a las personas privadas de libertad por razones políticas se registraron 51 casos y 192 víctimas, lo que representa un incremento del 464,7% respecto al año 2016, en el que solo se reportaron 34 víctimas. El año 2017 figura como el período con más casos de este tipo, al menos durante los últimos 9 años en los que PROVEA ha realizado el seguimiento de las mismas. Si se compara con los conteos anteriores que se vienen realizando desde 2009 ese incremento es de 337,4% respecto al promedio general de detenciones de esta naturaleza, las cuales tienen una clara tendencia al aumento. Un 50,5% de estos casos se ejecutaron de manera masiva, 33,9% colectivamente y sólo un 15,6% de forma individual. Estas cifras pudieran ser un indicador adicional de estas detenciones: cada vez se hacen más masivas e indiscriminadas.

El mes que reportó el mayor número de casos fue mayo con un 50%, seguido del mes de junio con un 19,3% y julio con 14,1%. Durante estos 3 meses ocurrieron el 89% de las detenciones por motivos políticos, período que coincide también con el mes posterior al inicio de las manifestaciones, la conflictividad política y callejera en el país.

Así por ejemplo, en el mes de mayo se denunció la detención de unos 85 oficiales de la FANB, lo que pudiera ser un indicador del malestar que podría estarse gestando en el interior de esta institución. Los militares representan el 51% de los detenidos por razones políticas registrados en 2017.

De manera similar a 2016, los estados que presentaron la mayor cantidad de detenciones ilegales o arbitrarias fueron: Carabobo con 727 (25,1%), Aragua con 446 (15,4%), Miranda con 343 (11,8%), Lara con 312 (10,8%), Distrito Capital con 225 (7,8%), Zulia con 205 (7,1%) y Bolívar con 201 (2,2%), estos 7 estados acumulan el 86,1% de todos los casos registrados.

Las desapariciones forzadas tuvieron un decrecimiento del 68% respecto al año anterior (que presentó una cifra muy alta, 19 personas), así como una disminución de un 46% respecto al promedio sistematizado por PROVEA durante los últimos 18 años.

Finalmente, la cantidad de violaciones a los derechos de los privados de libertad, registradas en calabozos y retenes policiales, llegó a unas 45.000 personas afectadas, cifra que no podría compararse con la de años anteriores ya que se refiere a un censo total de la población detenida en retenes policiales, que padece hacinamiento y condiciones precarias de reclusión. De éstas, se pudo caracterizar la situación de aproximadamente unas 522 víctimas, un 70,7% menos que los casos analizados el año pasado, y un 48% menos que el promedio de los últimos 7 años sistematizados por PROVEA. Esto pudiera significar, por una parte, una mayor opacidad sobre este tipo de datos; desde otra perspectiva, también pudiera interpretarse como una disminución del interés mediático por esta problemática, ya que las pocas cifras tanto oficiales como no oficiales apuntan hacia un claro incremento de las tasas de encarcelamiento, tanto en centros penitenciarios como en retenes policiales.

Sirva el anterior comentario para advertir que la fuente principal del presente análisis fueron los medios de comunicación, tanto impresos (nacionales y regionales) como digitales, los cuales constituyen el insumo de información más estable sobre estos fenómenos, ya que las fuentes oficiales detalladas son escasas y en ocasiones inexistentes. No obstante, en los casos en los que existía la información oficial ésta era priorizada antes que cualquier otra fuente. Entre las informaciones oficiales destacan las declaraciones públicas de autoridades, comunicados, mensajes en redes sociales e informes anuales de gestión. También son incluidas en este informe las denuncias directas que se reciben en las oficinas de PROVEA.

El capítulo completo puede ser consultado en este enlace: https://www.academia.edu/37184212/Derecho_a_la_Libertad_Personal_en_Venezuela_2017 ; https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/16libertad_personal-3.pdf

PD: Quiero agradecer a Thais López por el apoyo en la sistematización de la información para la elaboración del mencionado informe.

Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo