Es un hecho público, notorio y comunicacional que la actual Asamblea Nacional (AN) está en desacato y todos sus actos o actuaciones como cuerpo colegiado son nulos, según fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este grupúsculo de integrantes de este organismo legislativo continúo sesionando sin importarle en lo más mínimo la sentencia del TSJ. En honor a la verdad se colocó al margen del Derecho y de la Justicia Social que fundamenta la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora, lo más grave de este asunto está en que el poder mediático, artificio de guerra asimétrica de la oligarquía y de todo lo que huela a capitalismo, tanto en el ámbito nacional como internacional, se ha convertido en unos apologistas de la criminalidad que está llevando a cabo con sus actuaciones la AN en desacato, al pueblo venezolano, al tiempo que satanizan a Venezuela allende de sus fronteras. A sabiendas de que esa institución está conculcando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La apología del delito, está sancionado por la ley. Supone una conducta violatoria del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La apología del delito incita la violación de la ley y el orden o promueven la impunidad, incita a la rebelión o incumplimiento de la norma, que forza torcer el sentido estricto del cumplimiento de la norma para beneficio político como es el caso. Los artículos 254, 256, 283, 284, 285, del Código Penal Venezolano, lo corroboran.
En el ámbito del derecho penal, la apología pública de un delito o de un crimen es un delito que consiste en el elogio, solidaridad pública o glorificación de un hecho que con fuerza de cosa juzgada ha sido declarado criminal, o de su autor a causa de este hecho. Es considerado como instigación indirecta, por lo tanto basta el dolo eventual, careciendo de importancia los móviles de la acción. No constituye delito la apología realizada en privado, ni tampoco la simple aprobación, o la alegría explícita, hacia un delito o su autor.
Dadas las definiciones anteriores, se puede afirmar con certeza que los medios de comunicación privados en Venezuela y en el exterior muchos de los representantes de la oposición en la AN incurren en apología al delito, cuando de manera pública, por ejemplo, uno de estos legisladores se autoproclama presidente y la gran prensa se anota allí para generar falso positivos en desmedro del pueblo. Aunque la Constitución prevé la inocencia de todo ciudadano hasta tanto no se le demuestre su culpabilidad y que la condena de un reo la decreta es el juez o, los escabinos, según sea el caso, existen situaciones en las cuales el peso de las pruebas y el mismo reconocimiento por la parte imputada de sus delitos permiten conocer de su inocencia o culpabilidad. Acerca de la flagrancia, que por cierto recoge el artículo 200 del Texto Fundamental no cabe la menor duda de cómo estos apátridas se vanaglorian haciendo alarde de la apología del delito.
La campaña mediática de la mayoría de los medios de comunicación social privados o mejor dicho del poder mediático, tratando de sembrar una matriz que desconozca la culpabilidad de una delincuente peligrosa, toda vez que se está promoviendo un golpe de Estado y una intervención militar extranjera, lo han presentado como víctimas del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y "prisioneros político", esta barbarie o antijuridicidad es un atentado contra la seguridad jurídica del país y contra el espíritu de las leyes. Desde el 2002 se viene desarrollando una campaña maliciosa en contra del Estado y sus instituciones, incitando su desconocimiento y promoviendo los hechos delincuenciales.
Bajo ese esquema se dio un golpe de estado en el año 2002; mismo que produjo muertes de decenas de personas que en muchos casos permanecen impunes, pese a que sus incitadores reconocieron su culpabilidad el doce y trece de abril del mismo año 2002, de manera pública, por los medios de comunicación. Pero la cosa continua y hasta ahora esa campaña mal intencionada, continúa atacando el orden y las leyes del país sin que exista un solo sancionado.
De esa manera, presentan a asesinos, narco traficantes, delincuentes, estafadores de bancos, de ventas de autos, de acaparamientos de alimentos y otros bienes de primera necesidad como si fueran perseguidos políticos, siendo la verdad que estos delincuentes, han llegado hasta el extremo de pagar por asesinar a periodistas, campesinos, dirigentes obreros, obreros, funcionarios públicos (policiales y militares).
Esta es una de las estrategias de la derecha que el imperialismo estadounidense en alianza con los gobiernos satélites utilizar como arma para mediatizar al pueblo y satanizar al presidente constitucional Maduro. Estamos frente de una organización delictiva que se enmarca precisamente en el crimen organizado.
Cero impunidades. Es tiempo que las cosas se ordenen y las leyes se cumplan, sobre todo contra esas mafias que explotando el espacio radioeléctrico nacional, conspiran contra el país, la ciudadanía, la seguridad jurídica y la tranquilidad del pueblo. En Venezuela se viene violando el derecho constitucional a la paz, la información veraz y oportuna, a la seguridad, a la defensa de los valores éticos y morales de la sociedad.
Lo mismo aplica para los que abierta y descaradamente, conspiran contra los intereses de Venezuela, y manifiestan pública y notoriamente, es un hecho comunicacional irrefutable, la posición inmoral de apoyo a potencias extranjeras para agredir a la nación y su pueblo. Cómo es posible que personas con semejantes talantes cobardes y traidores, pueda ser miembros de la AN. Estamos hablando de elementos abyectos, malintencionados, traidores a la patria, egoístas y entreguista del gentilicio heroico del pueblo venezolano. ¿Cómo explican esto esas sanguijuelas en el marco de la Constitución Bolivariana?
