En esta cuarta y última entrega de la serie ¿Qué pasó con la reforma policial en Venezuela? Analizaremos los obstáculos y lo que queda pendiente por hacer en esta materia.

¿Cuál es el principal obstáculo para avanzar en la reforma policial en el país?

Entre los obstáculos que encuentra la reforma para su avance destacan los siguientes:

• • Los actores políticos y la polarización: el quiebre de los consensos atraviesa también a la institución policial. La reforma tiene enemigos en los extremos políticos del país. Esto se ha podido apreciar tanto en el gobierno (Ejecutivo) como en la oposición (Legislativo). El gobierno, por ejemplo, con la promoción de operativos policiales militarizados; con el abuso y manipulación de sus facultades de rectoría que tiene en materia policial para garantizar los estándares generales mínimos del modelo a nivel nacional (respecto a la dotación, equipamiento, entrenamiento y desempeño), que termina utilizando de manera arbitraria para dejar a Alcaldes y Gobernadores molestos políticamente sin el control de sus policías. Por su parte, la oposición también ataca al modelo cada vez que tiene oportunidad. Por ejemplo, en cuanto llegó al Poder Legislativo, una de sus primeras acciones durante el año 2016 fue la promoción de la reforma de la LOSPCPNB para dotar de armas de guerra a sus policías y así tener ejércitos particulares bajo el mando de sus Alcaldes o Gobernadores. En síntesis, el modelo tiene enemigos en ambos bandos políticos, tanto formal como informalmente, en el plano normativo y en el fáctico.

En este marco la policía es utilizada como forma de acumulación de capital político y bélico en escenarios de confrontación, lo que trae la pérdida de la confianza que pudiera haber obtenido el proceso de reforma y los cuerpos policiales.

En la Venezuela actual la pugna por el poder trae como consecuencia que nadie ejerza el gobierno; un asunto es ejercer el poder, y otro es gestionar las instituciones de la República. Ante esa ausencia de mando político real, se le cede el gobierno de la seguridad ciudadana a militares y policías, es lo que Sain (2008) denomina la policialización de la política, que en el caso venezolano valdría también hablar de militarización. Entonces, el reto estaría en darle gobernabilidad política a estas instituciones, y que no sean éstas las que terminen gobernando a los políticos.

• • La falta de continuidad en las políticas públicas y de una visión institucional del Estado: en las políticas públicas venezolanas parece no existir continuidad y esto se constituye en un problema institucional que es estructural.

Un ejemplo sencillo, en el Ministerio de Interior y Justicia, que es el Órgano Rector en materia policial y de seguridad ciudadana, no hay continuidad y seguimiento de las políticas. Aun siendo estos Ministros de la misma fuerza política, del mismo partido, no hay continuidad institucional entre ellos. En 60 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 Ministros de Interior. Éstos, en promedio, no duran ni un año y medio en el ejercicio del cargo. No se aprecia la existencia de una política, de su seguimiento, de acuerdos mínimos de institucionalidad, que trasciendan a los actores que detentan coyunturalmente el poder.

• • La hegemonía de las políticas duras de seguridad ciudadana: "El recurso de políticas securitarias duras, que pueden reportar réditos políticos por sus efectos sobre las expectativas del público, también implicarían la erosión de la legitimidad de la policía, en tanto suponen una mayor reactividad y uso de la coacción, a la vez que le impone a la corporación policial prácticas y estilos que contrarían los valores previstos en los cambios institucionales" (Antillano, 2014).
  • La expansión militarista sobre la seguridad ciudadana: el incremento de la participación de organismos militares en labores de seguridad ciudadana, así como el uso generalizado de tácticas militares en la lucha contra el delito, desmonta los principios de una policía de carácter civil y la consecuente desmilitarización de esas instituciones. A partir de 2014 se han realizado una serie de reformas legislativas en materia militar para adjudicarles labores de seguridad ciudadana a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la práctica la Guardia Nacional Bolivariana tiene cada vez más labores operativas y de conducción de este tipo de actividades.

¿Qué falta por hacer?

Es importante tener en cuenta que estos procesos son permanentes e inacabados, en ese marco se sugiere:

• • Hacer acompañamientos no solo en los procesos de diagnóstico y diseño de las propuestas, hay que hacer también seguimiento y apoyo en los procesos de implementación. Ya han pasado más de trece años que se inició la reforma y desde hace más de un lustro se aprecia no solo una paralización de la misma, hay muchas evidencias que lo que se implementa de manera progresiva es la contrarreforma. Es necesario realizar diagnósticos actualizados sobre ambos fenómenos.
  • Hay que generar consensos, confianza, participación de los actores involucrados, así como de la ciudadanía en general, esto es fundamental para el éxito y la institucionalización de cualquier reforma. Debe existir voluntad política de los principales dirigentes del país para ello, que trascienda a la mera propaganda circunstancial.
  • Defender el núcleo de la reforma que se encuentra plasmado en la LOSPCPNB, protegerla tanto del gobierno como de la oposición, tratar que pueda preservarse de la coyuntura y de los espectáculos político-electorales. Se debe institucionalizar la ley, implementarla, hacerla realidad en la cotidianidad operativa e institucional de los cuerpos de seguridad.
  • Afianzar el carácter civil de las policías y hacer realidad su desmilitarización.
  • La policía debe convencerse que la reforma le beneficia: La policía debe ganarse la confianza de la población, para ello sus actuaciones deben estar enmarcadas en la legalidad y dar prioridad a la protección de los derechos de la ciudadanía. En la medida que la actuación de la policía sea cada vez más legítima esta tendría como respuesta mayor conformidad social hacia ellos y en consecuencia menos resistencias hacia su labor. En contextos de bajo consentimiento social, la policía tenderá a un uso más generalizado de la coerción como medio para imponer el orden normativo al público, cuando esto sucede ve comprometido su desempeño en términos de represión, disuasión y prevención, al generar mayores niveles de resistencia y rechazo (Antillano, 2010). Si la policía no goza de consentimiento social, sin legitimidad, hará uso cada vez más indiscriminado de la represión, tornándose cada vez menos eficiente. Es importante que la propia policía se convenza de los beneficios que puede tener para ella su democratización, transparencia, rendición de cuentas, y respeto por los derechos de la ciudadanía.
• Sin embargo, no hay que perder de vista que el aparato policial, así como el militar, tiene su propia agenda, por lo que hay que ofrecer beneficios y ventajas lícitas que sean competitivas con la rentabilidad que le otorgan las actividades ilícitas en el que el uso excesivo y arbitrario de la fuerza es un recurso fundamental.
  • Fortalecer el rol y la independencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial como entidades responsables de ejercer controles externos sobre los cuerpos de seguridad.
  • Asegurar el control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad del Estado, sin que se pierdan en procesos dispersos, poco eficientes o cooptados por intereses particulares.

Como se afirmó en otra oportunidad, no se debe olvidar que la policía, los órganos de investigación penal, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario, son aparatos represivos de control del Estado que conforman un sistema integrado. Ninguno de ellos es neutral como tampoco lo es el Estado, dependiendo de los contenidos, valores, ideología, procesos, fortalezas y controles institucionales que tenga el mismo, dependerá la direccionalidad del sistema penal. Una sola pieza del sistema no basta para que el engranaje funcione. Lo esencial es tener claro que la meta es avanzar hacia el Estado de Garantías y mermar y limitar cada vez más al Estado de Policía.

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