El presente artículo pretende constituir en una necesaria alerta, y de explicarle a nuestra población, sin alarmismos de ninguna especie, pero diciéndole la verdad como siempre me he caracterizado, sobre la complejización del actual escenario, enmarcado dentro de la estrategia de cerco y asfixia económica y financiera que impulsa la administración Trump contra Venezuela.
Esto debido a que dentro de pocos días, para ser más específicos, el próximo 27 de octubre (que coincide por cierto con comicios generales en Argentina y Uruguay como señalé en el artículo precedente) el Estado venezolano deberá pagar 913 millones de dólares a los tenedores de bonos PDVSA 2020, el cual a juicio de sectores de oposición radical, fue emitido "ilegalmente" por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016, tras un proceso de canje parcial del bono PDVSA 2017 y garantizado con el 50,1% de las acciones de la empresa Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, con sede en Estados Unidos.
Es importante destacar y subrayar, que en el año 2016, la AN declaró la "ilegalidad" de dicha operación, no sólo por no estar aprobada por ellos como Poder Legislativo, sino por ofrecer una tasa interna de retorno de 19,8%. Pero, por esos vericuetos raros de esta variopinta oposición, en el mes de mayo de este año, el parlamento en desacato acordó el pago de 71 millones de dólares en intereses de dicho bono (¿A cuales bolsillos habrán ido a parar esos dineros?), ante el temor que el impago ocasionara acciones legales en contra de Citgo. La situación está en que la cancelación total del bono se ha complicado. Por una parte, el gobierno de Maduro ha planteado un proceso de renegociación de la deuda, debido a que no puede pagarla producto de las medidas coercitivas unilaterales a las que nos encontramos sometidos; y por otra parte, Juan Guaidó y su camarilla trabajan en tres vertientes simultáneamente para empeorar el actual cuadro, buscando el cambio de gobierno en Venezuela: 1.- Llegar a un acuerdo con los bonistas y refinanciar la deuda; 2.- Pagar los 913 millones de dólares y 3.- No pagar el bono.
Importante es de destacar que desde mayo de este año, Ricardo Haussman, representante económico de Juan Guaidó, se encuentra en negociaciones con los tenedores de los llamados "bonos de hambre", tal y como él mismo los denominó por considerar que fueron emitidos por el gobierno de Maduro en detrimento de los intereses de la nación y de las venezolanas y los venezolanos. A estas negociaciones se ha sumado Alejandro Plaz, quien tendría lazos estrechos con los beneficiarios de los bonos. Estos negociadores intentan extender, sin éxito, el plazo de vencimiento y recalcular los intereses. Los tenedores tienen en su poder la mitad de las acciones de Citgo y solo esperan el 27 de octubre para proceder.
El segundo camino que recorre Guaidó es la de "ablandar" a la administración Trump para que le "libere" a su pretendido "gobierno interino" los fondos del Estado venezolano congelados en EEUU. Esto ya se ha solicitado por la vía "diplomática" y que sea solo por la cantidad acordada (¿?). Cómo hace falta consentimiento del Congreso, Carlos Alfredo Vecchio DeMarie, representante de Guaidó, ha entablado conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, cabeza visible del impeachment al presidente Trump. Estos encuentros no han caído nada bien a los representantes de la Casa Blanca.
En caso de fallar estas "negociaciones" con los tenedores y la administración Trump no "libera" los fondos venezolanos. Guaidó como pretendido "Jefe de Estado" no descarta encaminarse al no pago de esta obligación, a fin de facilitar el embargo y confiscación de manera legal y formal de activos venezolanos de Citgo en el exterior. José Toro Hardy , ex director meritocrata de PDVSA recomienda que se solicite la revocatoria de la licencia número 5 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por considerarla incompatible con la orden ejecutiva del presidente Trump que bloquea el traspaso de acciones de Citgo dada en garantía por el gobierno de Maduro, tanto a los bonistas como a los rusos de Rosneft, en su afán por obtener recursos y sortear el bloqueo.
Toro Hardy considera que una medida de estas características no violaría los derechos de los tenedores del bono 2020, pues solo diferiría la ejecución del colateral, ya que la licencia 5 de la OFAC autorizó a los tenedores de bonos 2020 tomar el control de Citgo en caso de incumplimiento. La contradicción legal entre ambas órdenes sería el sustento de la tercera opción que evalúa Guaidó, como lo es la del impago.
Pero esto constituiría una tremenda contradicción, puesto que al autorizar el pago de los intereses del bono PDVSA 2020, en mayo de este año, cabe recordar, la AN reconoció la legalidad de una operación, que ahora intentarían desconocer. Y a esto hay que sumar la arremetida legal de la transnacional canadiense Crystallex contra los activos de Citgo.
En resumen, se le está dando un carácter y barniz de legalidad al asalto de Citgo.
Y de allí, los que no entendieron la solidaridad de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro con Argentina, cuando en los años 2005, 2010 y 2015 en plena administración de los Kirchnner, las acciones de los denominados "fondos buitre" en contra de Argentina. Ahora esas aves de rapiña revolotean sobre una de las principales empresas de Venezuela.
Aquí no queda de otra, sino prepararse para este espacio de pelea, y dar una dura y larga batalla.
¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
