El pasado miércoles 12 de febrero de este año 2020, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ante una pregunta sobre la situación en nuestro país expresó con su habitual arrogancia: “Nos encargaremos de los venezolanos”, en una reafirmación de su empeño retrógrado de ejercer la “política del gran garrote”, en este siglo XXI, contra Venezuela.
Trump está empeñado en desconocer nuestra condición de nación independiente y soberana que, aun en los momentos más complejos de nuestra historia política, nos ha permitido encontrar los mecanismos, no siempre los mejores, pero al fin de cuentas desarrollados por nosotros, para despejar el horizonte de la Patria.

Desde mediados del siglo XIX, tras la muerte de nuestro Libertador Simón Bolívar, las victorias militares de algunas de las facciones internas o bien los acuerdos políticos entre estas, marcaron la superación coyuntural de las guerras y revueltas infinitas que se produjeron en esa etapa oscura de la historia.

En el siglo XX los golpes de Estado se inauguraron como una nueva modalidad de resolución de los conflictos de poder. El primero de estos golpes, abiertamente apoyado por el gobierno estadounidense, fue el de Juan Vicente Gómez contra Cipriano Castro en 1908.
La administración de la Casa Blanca de entonces, amparada en el llamado corolario Roosevelt de 1904 donde se arrogan la obligación “…a ejercer un poder internacional policial”, se “encargó” de sostener con el suministro de armas y apoyo político a la dictadura más larga, 27 años, y genocida que hayamos sufrido a cambio de la expoliación de nuestros recursos petroleros.

A partir del año 1958 de ese siglo XX, no ha habido otra manera de llegar al poder en Venezuela que no sea por la vía de las elecciones. Más allá del juicio que se tenga sobre la legitimidad de algunos de esos procesos, la elección popular ha sido la única manera de acceder a la Presidencia de la República o de resolver crisis políticas de manera democrática, especialmente a finales del siglo XX y principios del XXI.

La victoria del Comandante Chávez en 1998 abrió un proceso de renovación de la confianza en el ejercicio de la soberanía popular para producir transformaciones revolucionarias en la sociedad, tales fueron los sucesivos referéndums que marcaron el proceso constituyente de 1999 y luego la resolución, mediante el referendo constitucional que terminó ratificando el mandato de Hugo Chávez en agosto de 2004, del sostenido intento desde el año 2001 de cerrarle el paso a la revolución democrática popular, mediante la violencia contrarrevolucionaria.

A partir de ese año 2004, las elecciones fueron el mecanismo para administrar democráticamente las contradicciones antagónicas entre dos visiones del modelo político, económico, social y cultural que debe tener el país. Eso fue así, hasta que en el año 2013 la oposición decide desconocer los resultados electorales que dieron como ganador de la Presidencia a Nicolás Maduro, abriendo así esta dolorosa etapa de la vida republicana que nos ha llevado a una de los más ignominiosos procesos de injerencia extranjera que se le haya aplicado a una Nación, al punto de que el señor Trump espete sin pudor que se “encargará” de nosotros.

Como escribíamos la semana pasada, no podemos banalizar la gravedad de dicha amenaza. El desconocimiento publicitado y grosero a la institucionalidad del Estado venezolano por parte del gobierno norteamericano y de sus aliados europeos y en América Latina; la administración de facto, que esos gobiernos le permiten al fallido procónsul Guaidó, de importantes recursos y activos venezolanos en el exterior y la realización de al menos 11 maniobras militares conjuntas en el Caribe y en la Amazonia, durante el año 2019, dan cuenta del desafío y de la responsabilidad histórica que especialmente tenemos los dirigentes políticos de este tiempo venezolano.

Este panorama nos obliga a todos los factores políticos a encargarnos con seriedad, con desprendimiento, con amor patrio y con sensibilidad por el pueblo sufriente de encontrar un acuerdo para el normal funcionamiento democrático de todas las instituciones del Estado, para la preservación de la soberanía sobre nuestros recursos y activos, de la integridad territorial y del derecho que como pueblo tenemos a vivir en paz, con tranquilidad y dignidad.

Como pueblo digno, con una sola voz, debemos rechazar la sola enunciación de alguien que diga que se va “encargar de nosotros”. Somos los hijos e hijas de Bolívar, carajo, y debemos hacer respetar nuestra dignidad nacional. Y ese respeto lo obtendremos más por nuestra inteligencia, nuestra madurez y nuestra audacia política que por la fuerza.

La guerra será siempre la victoria de los intervencionistas, la paz con dignidad será la victoria de la Patria. ¡Viva Venezuela!