“A toda costa debemos oponernos a la guerra civil”
Simón Bolívar, carta al General Bartolomé Salom, diciembre 1828.

La humanidad ha sido sorprendida, los contagiados y fallecidos por el COVID-19 crecen exponencialmente en todos los continentes de acuerdo a los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS); más de un 40% de la población mundial está en cuarentena según estimaciones de las agencias de noticias; el Fondo Monetario Internacional (FMI) declara la recesión de la economía mundial, como consecuencia de la caída de la producción y del consumo generada por la casi total paralización de las actividades laborales, especialmente en los países de alto desarrollo industrial. No se espera una recuperación económica hasta mediados del año 2021.

Para Venezuela, con una economía ya impactada negativamente por el conflicto político interno y la sistemática agresión extranjera a través de ilegales sanciones económicas y crecientes planes para promover un conflicto armado, la situación que ha generado la pandemia puede ser potencialmente grave, especialmente en el plano económico y social.

Un contexto tan peligroso para la vida de la República, reclama de toda la dirigencia política democrática la conciencia para acordar una taima. Recordemos que la palabra taima es un venezolanismo que expresa la necesidad de cesar temporalmente la realización de un juego deportivo o recreativo, para continuarlo de inmediato una vez superada la emergencia.

El Estado venezolano necesita concentrar todos sus esfuerzos en la contención del virus; en la atención hospitalaria a los contagiados y en paliar los efectos económicos y sociales que genera la necesaria cuarentena social. Distraerlo en defender la estabilidad y la paz frente a los planes, en marcha, para perpetrar una agresión armada contra la institucionalidad, es por lo menos indolente con el pueblo, que hoy más que nunca necesita del cuido de las autoridades competentes.

El Comandante Chávez siempre me decía, palabras más, palabras menos, “Elías, hay que hablar lo que uno piensa para favorecer al pueblo, aun cuando vaya a contracorriente, siempre habrá alguien que escuche”.

Pensando cómo podría ser ese tiempo que los factores políticos deberíamos tomarnos, mientras se supera la emergencia sanitaria, oyendo las declaraciones del Presidente Nicolás Maduro por un lado y por otro lado la de un excandidato presidencial de la oposición acerca de la necesidad de un acuerdo en la coyuntura causada por la pandemia y leyendo nuestra Constitución, me atrevo a hacer el siguiente planteamiento, de mi exclusiva responsabilidad.

En tanto que todas las partes de la caotizada Asamblea Nacional están en receso forzoso, producto de la cuarentena social, se pudiera instalar la Comisión Delegada prevista en el artículo 195 de la Constitución, previo un acuerdo político que permita que dicha Comisión esta vez sea conformada por diputados o diputadas de cada uno de los partidos, movimientos o factores políticos que integran el actual cuerpo legislativo. Una vez instalada, la Comisión Delegada desarrollaría una agenda consensuada en un tiempo determinado. Algunos puntos que pudiera contener esa agenda son los siguientes:

1. Acordar una política de Estado, en el ámbito sanitario, económico y social para superar las consecuencias de la pandemia sobre nuestro pueblo.

2. Desarrollar acciones conjuntas para lograr la liberación de los recursos congelados en instituciones financieras en el extranjero, con la finalidad de destinarlos a un programa de fortalecimiento del sistema de salud y de la recuperación del aparato productivo del país.

3. Elaborar una política salarial, que restituya el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en el ámbito de la salud y la educación.

4. Diseñar, conjuntamente con el Ejecutivo, un plan de siembra para el próximo ciclo que comienza a finales del mes de abril y gestionar a nivel internacional los insumos necesarios para ejecutarlo, a fin de garantizar el abastecimiento de rubros esenciales para el último trimestre de este año.

5. Promover un debate nacional para acordar una política soberana de recuperación de la producción petrolera, en el marco de lo previsto en la Constitución.

6. Diseñar, conjuntamente con el Ejecutivo, una política de recuperación de sectores priorizados tales como el eléctrico, siderúrgico, petroquímico, agroindustrial y de la construcción.

7. Facilitación de los acuerdos políticos necesarios en materia de los procesos electorales, que permitan avanzar en medio de la emergencia, hacia una administración soberana, democrática y pacífica del conflicto político, siempre en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Quítele algo, póngale más, llene los vacíos constitucionales. Eso queda ya de parte de los y las que les toca negociar y decidir. Lo importante es que de esta coyuntura se forje un acuerdo histórico que salve a la República de la imposición de un gobierno de facto, tras una intervención militar extranjera; del desarrollo en suelo patrio de la violencia narco paramilitar colombiana; de una guerra fratricida o de la combinación al mismo tiempo de todos estos flagelos, en medio de una pandemia que hasta los momentos está fuera de control en el mundo entero.

Es nuestra responsabilidad ante la historia como dirigentes políticos, cumplir con el obstinado empeño de nuestro Libertador, en sus últimos años de vida, de evitarle una nueva guerra civil a Venezuela. Hasta un niño y una niña saben cuándo es tiempo de parar, para luego continuar el juego en mejores condiciones.

Esta propuesta no nace de ningún temor personal, se lo aclaro a bravucones y bravuconas del twitter, siempre he asumido mis responsabilidades como revolucionario y así lo haré en cualquier circunstancia, aquí donde estoy, en mi suelo patrio. Me preocupa que se agraven los dolores del pueblo sufriente, me importa la existencia de Venezuela como República independiente y democrática. ¡La Patria está primero!