Diversas acciones de saqueo a comercios y de protestas populares en varias localidades, sobre todo del oriente del país, tuvieron mucha repercusión mediática en días recientes, aunque ya desde hacía varias semanas se daba cuenta de reclamos en distintas entidades del país por problemas acuciantes de la población.
Ni el presidente Nicolás Maduro, en su alocución nocturna del pasado 23 de abril, ni el vicepresidente sectorial de Comunicación, Jorge Rodríguez, al mediodía del día siguiente, hicieron la menor mención a ninguno de estos casos que, a pesar del silencio en medios oficiales, eran vox populi a nivel nacional e internacional.
Ya entrada la tarde del 24 de abril, fue la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien anunció unas medidas que, en la definición clásica, sólo buscan «producir fuerte efecto o impresión en el ánimo», pero sin las mínimas perspectivas reales de influir en las causas que han dado origen a los justos reclamos del pueblo trabajador.
Con la retórica usual del gobierno y de sus adeptos más fieles, se retoman discursos reciclados a lo largo de más de una década: «guerra económica», «ofensiva imperial», «páginas web desestabilizadoras» o «empresarios especuladores»; siempre la culpa es de otro, nunca del gobierno.
Las principales medidas mencionadas por la vicepresidenta fueron la ocupación temporal por 180 días prorrogables del consorcio oleaginoso Coposa (Portuguesa); la venta supervisada de productos de las empresas Alimentos Polar, Plumrose y Matadero industrial Turmero (Aragua); y el establecimiento de una mesa de «precios acordados» con la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados (ANSA).
Claro está, en ningún momento mencionó la abrumadora caída de los precios del petróleo por la crisis mundial de sobreproducción, que a principios de esta semana copó el interés y preocupación de expertos y neófitos en la materia, o el aumento de 50% que en los tres días siguientes sufrió el dólar paralelo, el cual, nos guste o no, es el referencial en la compra-venta de bienes y servicios al mayor y al detal en nuestro país.
Rodríguez tampoco hizo alusión al desabastecimiento de gasolina que –entre otros factores, como el matraqueo dolarizado de Guardias Nacionales en las alcabalas– está impidiendo el traslado de productos alimenticios por el territorio nacional; ni se dio por aludida con la realidad de millones de familias trabajadoras que en sus hogares no cuentan con recursos básicos como agua potable, electricidad o gas; así como obvió los millones de trabajadores informales que dependen de su labor diaria para ganar el sustento propio y de sus familias.
La angustia de los pobres seguirá expresándose de diversas maneras, porque las condiciones de la cuarentena agudizan los problemas y las necesidades previamente existentes. Puestos en la disyuntiva de morirse de hambre o arriesgarse a infectarse con el COVID-19, seguro que optarán por la segunda y no se les podrá contener ni siquiera con el tristemente célebre «gas del bueno».
Es cierto que los errores políticos se pagan, y más cierto es que los errores en política económica se pagan el doble y lamentablemente con consecuencias mucho mayores no para quienes las aplicaron sino para quienes sobre cuyas espaldas se impusieron.
