Es cierto que la imagen pública y la legitimidad del presidente Nicolás Maduro y de su Gobierno se han visto fortalecidas por la reiterada torpeza política que ha demostrado el sector de oposición encabezado por Juan Guaidó; pero esto no justifica que se le permita continuar actuando impunemente.
La defensa de la Constitución, la soberanía, la autodeterminación y la integridad nacional, no puede ser un discurso sin sustento en hechos concretos o que se administre según la conveniencia coyuntural de quienes ejercen las máximas responsabilidades del Poder Público.
Para la mayoría del pueblo venezolano es injustificable e incomprensible que por más de un año, y todavía hasta ahora, el Ministerio Público no haya emitido una orden de captura sobre Guaidó, no sólo por la reciente y condenable incursión de fuerzas mercenarias, sino por su previa salida del país en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el llamado y la articulación internacional para una intervención militar extranjera, y el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019.
Todos estos delitos fueron cometidos en flagrancia, por lo que incluso ameritaban la detención inmediata de Guaidó por parte de los cuerpos policiales dependientes del Ministerio del Interior.
Pero no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. La falta de actuación oportuna por parte de la Fiscalía General y del Gobierno, es vergonzosa y contraria a la Constitución.
En la Carta Magna y en las leyes están establecidas claramente las atribuciones del Ejecutivo, la Fiscalía y el TSJ, así como los delitos cometidos por Guaidó y sus cómplices; entonces ¿por qué siguen libres? ¿sólo porque le conviene al sector del Gobierno?
Además, es evidente que en las declaraciones de Maduro hay, por decir lo menos, incoherencia, ya que el pasado 23 de abril, acerca del brote de Covid-19 en Nueva Esparta, el presidente sentenció con énfasis: «Si hay responsabilidades del gobernador, al gobernador hay que ponerle los ganchos también. Si el gobernador sigue saboteando, […] se debe actuar de manera inmediata contra ese gobernador irresponsable».
Pero luego, este 6 de mayo, en referencia a la incursión mercenaria en las costas venezolanas, cuando un periodista le preguntó: «¿Las pruebas […] son suficientes para arrestar a Juan Guaidó en los próximos días?», el jefe de Estado sólo atinó a decir escuetamente: «Eso no depende de mi respuesta, eso depende de los órganos de justicia en Venezuela, y serán la Fiscalía y los Tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. Esperemos.»
Sin embargo, unos minutos antes de esa timorata y reactiva respuesta, había señalado: «[…] un contrato que se firmó. Silvercorp y Juan Guaidó. Silvercorp por orden directa de Donald Trump […]. Aquí está el contrato, aquí están las firmas; ya es público, notorio y comunicacional. El contrato para la invasión de Venezuela. Delito grave, en cualquier nación del mundo, de lesa patria.»
Nuevamente, y por más de un año, escuchando referencias de los más altos voceros hablando de los clarísimos delitos de Guaidó, pero, al menos hasta ahora, nada que actúan para hacer respetar la Constitución y las leyes de las que tanto se ufanan.
En toda su gestión como fiscal general de la República, Tarek William Saab ha demostrado que no es digno de confianza para actuar en consecuencia con las responsabilidades de su cargo, pero uno esperaría que al menos hiciera valer las declaraciones que él mismo emitió el pasado 4 de mayo, cuando afirmó que: «surgieron evidencias contundentes que vinculan directamente a Juan Guaidó como el autor intelectual», en referencia a la fallida incursión del fin de semana.
En cualquier caso, hace tiempo que para muchos es evidente, y lo corrobora también la experiencia venezolana de las últimas dos décadas –aunque aún haya quien idealistamente o por oportunismo se resiste a admitirlo–, que el cambio realmente revolucionario en un país no se produce al cambiar en el gobierno a sectores de la burguesía por sectores de la pequeña burguesía, y que ambos se guían por aquella funesta máxima de: «el fin justifica los medios».
