Una cosa es ser rivales políticos, en la arena entre de derecha y de izquierda, y otra es aprovecharse de la pugna y la "debilidad" de otros, para robar descaradamente bienes de los Estados.
Esta es el caso de Gran Bretaña y Venezuela. En una maniobra nunca antes vista, EEUU, Gran Bretaña y la derecha venezolana, pretenden robar 32 toneladas de oro, pertenecientes a Venezuela, de la reserva nacional, valorados en 1.000 millones de dólares, que el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando recuperar, y que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
Tal arbitrariedad inicio cuando Juan Guaidó, se autoproclamó ilegítimamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y las autoridades británicas lo reconocieron como mandatario. En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela (dominada entonces por la derecha y presidida por Guaidó), nombró a la dirección ad-hoc del Banco Central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes al gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de la crisis económica y sanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo después de que EEUU impusiera, en 2019, sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales.
La retención del oro del Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades británicas es una más de las agresiones sobre el país caribeño. Si la Corte Suprema británica le da el control de los lingotes de oro a la junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la derecha espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.
La decisión del Reino Unido, sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres. En otras palabras, tal atropello supone un paso decisivo para que el banco inglés, termine de quedarse con el oro venezolano, no solo de facto, sino con un respaldo jurídico del alto tribunal, lo que generaría jurisprudencia, es decir, una sentencia en firme que podría servir como guía legal para la resolución de casos similares.
El Banco Central de Venezuela informó en mayo de 2020, que había acordado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que el ente multilateral administrara los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra, para la compra urgente de medicinas y equipos médicos que le permitieran afrontar el avance del coronavirus. Es decir, para destrabar la situación, el propio ente que depositó el oro permite que sea un tercero quien haga uso de esos recursos. Sin embargo, el banco inglés negó dicha posibilidad.
Para el gobierno inglés, quedarse con las reservas internacionales de otro país, no es algo nuevo. Lo hizo de facto hace algunos años con las reservas libias.
Se calcula que unos 30 países tienen sus reservas de oro en este banco inglés, y si una decisión de este tipo termina de facturarse en los tribunales británicos, reiteramos, creará una jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de todo aquel país que haya confiado en los bancos ingleses.
Para dar un hipotético ejemplo, con Perú. Si la candidata derrotada Keiko Fujimori decide autoproclamarse presidenta en el exilio, y logra el apoyo del Gobierno inglés, entonces este último podría quedarse con las reservas en oro que están en sus arcas, pero pertenecen a Perú, o entregarle todo o una parte al imaginario Gobierno de Fujimori.
Para seguir con otro supuesto negado, si la dictadura de Jeanine Añez, en vez de llamar a elecciones se hubiera ido a otro país y se declarara presidenta en el exilio, entonces el oro de Bolivia que actualmente está en Londres, podría "perderse" en las bóvedas inglesas o "disolverse" en pago corriente del Gobierno supuestamente legítimo.
Para comprender mejor, de hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, que de no haber tomado la decisión de repatriar la mayoría del oro que Venezuela tenía en el Reino Unido, el país habría perdido casi 200 toneladas en oro, cerca de 20.000 millones de dólares que tenía en 2011, antes de la repatriación de 160 toneladas, realizada como respuesta a la "pérdida" de las reservas internacionales libias.
Realmente tal actuación demuestra que hoy por hoy, el derecho nacional e internacional ya no cuenta. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres, para transacciones financieras internacionales. Hoy el Banco de Londres, se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente.
Recordemos que, en este complejo contexto, el oro cobra una importancia crucial. Ya en la década de los años 90, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80s, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos, para enfrentar la crisis de la deuda externa y sustentar políticas de ajuste neoliberal.
En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces Presidente Rafael Caldera, abría el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el ambiente, generando una de las movilizaciones más interesantes de la historia de los movimientos ecologistas venezolanos contemporáneos.
Hoy, el oro, reiteramos, se está constituyendo uno de los principales refugios económicos del Gobierno de Nicolás Maduro.
Reiteramos que, si se roba el oro a Venezuela, esto paralizaría su capacidad para luchar contra el Covid-19, ya que el dinero se utilizara para suministros médicos, equipos de protección, medicamentos y vacunas.
En esta misma línea de robos descarados, como señala el portal Misión Verdad, "el esquema delictivo" Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros cleptómanos, van más allá del oro venezolano, van por ejemplo tras Monómeros, otro ejemplo de asalto a activos venezolanos, por parte del antichavismo para profundizar el golpe de Estado y ampliar el saqueo neoliberal.
Esto es uno de los tantos precedentes de la operación de saqueo combinada, con intentos de golpe continuado, aunque en un declive dramático, es el caso de Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicada en Barranquilla, Colombia, que ha sido desmantelada y destruida por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó.
El periodista John McEvoy publicó en el medio The Canary, afirmando y reseñado por Misión Verdad, que la congelación de los activos venezolanos, forma parte claramente de la campaña de guerra híbrida dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra Venezuela, una parte crucial de la cual implica la destrucción de la economía del país, como lo reconoció en 2018 Boris Johnson, hoy Primer Ministro británico.
Recalcando además que, la cuestión del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, es fundamentalmente política, y no puede separarse del esfuerzo dirigido por Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al país, no solo a su gobierno sino a la identidad nacional que ha permitido resistir y avanzar en medio de la dificultad.
Un capítulo aparte, pero en esta misma línea delictiva, revela en una nota de Bloomberg divulgada el pasado jueves 5 de agosto, que es probable que Citgo Petroleum Corporation, holding energético propiedad del Estado venezolano, que funciona en Estados Unidos, se venda para pagar 7 mil millones de dólares de deuda. Los acreedores están montando desafíos legales para arrebatar el control de la empresa, y parecen estar teniendo éxito, debido a que en octubre próximo expira el decreto de Trump que mantiene a la empresa bajo control de Guaidó.
Reiterando que, la instrumentación del saqueo de activos, para ampliar el saqueo de recursos a Venezuela es, sin dudas, un aspecto de la guerra contra Venezuela que mejor muestra qué hay tras el "plan Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros", pues no se trata de una operación aislada contra Venezuela, sino de un modelo de intervención en el que se inscriben los aliados al entramado corporativo que controla el capital global.
En fin, como ya hemos reseñado, los gobiernos norteamericanos, ingleses y la derecha venezolana, están actuando como filibusteros en alta mar, que se adueñan de propiedades que no son suyas, sino que las hurtan para su propio beneficio.
Todos son pillos que ya no utilizan la violencia, sino que se amparan en tracalerías legales, para robar a los países que se encuentran en crisis, y que no son afectos a los grandes países capitalistas.
9-agosto-2021
