El pasado lunes 12
de febrero, el gobierno nacional dio un importante paso de avance en la nacionalización
de la CANTV: representantes del Ejecutivo Nacional y del grupo estadounidense Verizon
firmaron un memorándum de entendimiento por medio del cual la República acordó comprar
el 28,51% de las acciones de la empresa telefónica, por un monto total de 572,2
millones de dólares.
Tal como lo declaró
el ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones, Jesse Chacón, esta es
una transacción favorable para la República. "Culminamos un proceso que derriba
toda la serie de mentiras que fueron manejadas nacional e internacionalmente sobre
la forma en que el gobierno venezolano actúa. Hemos comenzado la recuperación de
la CANTV en un proceso transparente, de bajo costo para la nación, en un trabajo
de negociación con Verizon", recalcó el ministro.
Pero es inevitable
que la nacionalización de la CANTV obligue a rememorar el proceso contrario: la
privatización de la compañía. La telefonía es un sector considerado estratégico
para cualquier Estado; sólo basta recordar que de él dependen áreas como la transmisión
de la data electoral y las telecomunicaciones. No obstante, en el segundo gobierno
de Carlos Andrés Pérez, que se estrenó con la revuelta popular del 27 de febrero
de 1989, el equipo económico –como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional- decidió vender la compañía a capitales privados. Esa venta, por
supuesto, estuvo precedida por una campaña de desprestigio y desmoralización, y
por el desmantelamiento paulatino de la CANTV. Las fallas en el servicio estaban
a la orden del día; era usual tener que esperar varios minutos al descolgar el auricular
para obtener tono. También era usual mostrar a la compañía como un elefante blanco
del cual el Estado debía desembarazarse. Prácticamente se llevó a la empresa a un
caos tal, que la privatización se presentó como el mejor destino posible.
Honrar las deudas
La privatización,
sin embargo, no solucionó los males de la comunicación nacional. La promesa de que
todos los pueblos del país gozarían de servicio telefónico nunca se cumplió. Los
teléfonos públicos, acosados por la desidia de la empresa y por la competencia de
los prestadores ambulantes del servicio, se convirtieron en una especie en extinción.
Se dice que las encuestadoras "no suben cerro", pero ciertamente la CANTV
tampoco lo hizo. Por eso, no es de extrañar la proliferación de teléfonos celulares
entre la población con menos recursos.
La compañía se había
convertido en una mampara de otra cosa, según lo han denunciado trabajadores y dirigentes
políticos. El propio Presidente Chávez denunció que él había sido espiado por la
CANTV antes de ocupar la jefatura del Estado. A propósito del referéndum presidencial
del 15 de agosto de 2004 y de las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de
2006, muchas voces advirtieron que la empresa podía interferir en la data electoral
para alterar el previsible triunfo de Chávez.
Lo cierto es que ahora
nos encontramos en el momento del rescate de la empresa. Respaldamos que la nacionalización
se lleve a cabo en el clima de mayor cordialidad posible, pero no podemos aceptar
que al Estado le sea devuelta una CANTV convertida en chatarra y con problemas de
inversión; mucho menos, que sea el Estado el que deba pagar las deudas con jubiladas,
jubilados, pensionadas y pensionados que la compañía se ha negado a pagar
durante muchos años, incluso a pesar de existir una sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia ordenándole cumplir sus obligaciones.
Como usuarias y usuarios
del servicio, y como militantes revolucionarios, también proponemos que la actuación
de los responsables de la privatización de la compañía sea revisada, y de considerarse
pertinente, que sean juzgados. Ya basta de impunidad.