Adelante decimos: Nunca hemos terminado de comprender la farsa concerniente
a las "nacionalizaciones" venezolanas de propiedades estatales, de aquellas
que por Constitución vigente pertenezcan al Estado y sean de rigurosa
intransferibilidad a terceras personas. Este fue el caso de la Industria
petrolera que dio origen a Pdvsa. ¿Cómo se nacionaliza o estatiza una
propiedad que ya lo está en sí misma? Hasta dónde yo sé, las concesiones
petroleras nunca supusieron desnacionalización alguna.
Hecha esa digresión preambular, sigamos:
A pesar de que alguna literatura burguésmente maquillada, que nos llega con
mucha libertad afirme lo contrario (Cónfer Comunismo Científico,
Diccionario, Editorial Progreso, Moscú, año 1975), el Estado capitalista
moderno, además de representar la fase superior de protección al capitalismo
avanzado, conocida como Imperialismo o modernamente Transnacionalismo, y de
esta forma proteger directamente a los mayores inversores privados, entre
otros y por ahora en forma de "empresarios mixtos", además de ese
capitalismo de Estado, decimos, el Estado moderno tiene esta importante
motivación:
Evitarle la posible competencia ruinosa del resto de las empresas que
quedan en manos privadas. De esa manera estas pueden seguir prestando
servicios de baja calidad a sabiendas de que el prestado por el Estado
siempre será inferior en ese aspecto aunque su precio nominal luzca de
menor cuantía. Como ejemplo, citamos a Movilnet, una paraempresa estatal
venezolana que presta un servicio de cuestionable calidad, con lo cual
facilita y permite que las restantes operadoras telefónicas hagan de las
suyas con los precios relativos y la mala calidad de sus correspondientes y
deficientes servicios.
Eso responde a que, como es sabido, por término medio el burócrata
venezolano carece de una sólida cultura que lo responsabilice y sea capaz
de mantenerlo como un buen prestador de servicios. Su ética es de bajo
perfil, como dicen por allí. La tradicional matraca, la irresponsabilidad
horaria, los reposos forjados, el padrinazgo para la consecución y
conservación del cargo en las oficinas públicas independientemente de sus
capacidad técnica y moral; el carnetismo civil, religioso o militar, y muy
especialmente el adulismo tartufiano y presidencialista, y ministerialista y
diputadista, y magistradista y fiscalista, y gobenadorista, alcaldista y
prefecturista, dan cuenta aislada o mancomunadamente de la estabilidad
burocrática de/y para un funcionario que da vergüenza en materia de sus
servicios públicos. Y esta no es ninguna calumnia, lo que puede ser es una
contraproducente declaración antipopulista.
Su deficiente ética lo convierte en un *parásito subsidiado y
oficialista*, con las pocas y existentes excepciones. Estas excepciones
de excelentes y abnegados funcionarios no hacen peso suficiente para privar
en el resultado final. Todo lo contrario, en nuestras oficinas públicas los
trabajadores honrados, de alta moral y orgullo profesional, terminan siendo
acorralados, anquilosados y reducidos a poco menos que estorbos para la
mayor libertad y ejercicio de los de la mayoría de los burócratas. Esta
deficiencia burocrática guarda perfecta armonía con la baja calidad de los
gobernantes de estos países, interesados más en conservar el sistema social
que en la buena calidad de los servicios públicos, y en una mayor protección
de los intereses privados. De esta manera el esquema de la tributación para
el costeo de los servicios públicos y las privatizaciones estatales siguen
siendo una utopía mientras no dispongamos de un Estado dotado previamente de
gente con menos taras burocráticas que las que caracterizan al grueso de
los funcionarios públicos actuales.
osmarcastillo@cantv.net
