A 1.065 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el inicio de la semana 152 de esta contingencia, y siendo el martes 14 de febrero de 2023, más allá de la connotación eminentemente comercial de este día, quiero felicitarlos a todas y a todos por el Día del Amor y de la Amistad.

El propio Ernesto “Ché” Guevara La Serna lo expresó en alguna oportunidad: “A riesgo de parecer ridículo, el revolucionario está movido por grandes sentimientos de amor”. Y a nombre de ese amor expresado por uno de los más grandes revolucionarios de la historia, es que inicio hoy la edición de esta columna.

Y como el título lo indica, voy a referirme a la reciente designación realizada por el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, al designar a la Vicealmiranta Celsa Bautista Ontiveros como nueva Ministra del Poder Popular de Servicios Penitenciarios, en sustitución de Mirelys Contreras.

En el día de ayer lunes 13 de febrero, el presidente Maduro revolucionó las redes sociales digitales al realizar este anuncio a través del siguiente tuit: “Designé a la V/A Celsa Bautista como Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, para que con su experiencia continúe la construcción de un sistema penitenciario de amplio respeto a los DDHH. Agradezco a Mirelys Contreras por su labor al frente de este despacho”.

Era de esperarse que la canalla al conocer el anuncio del Presidente Maduro, iniciará temprano el ataque. Fundamentalmente de organizaciones y actores políticos como Control Ciudadano y El Observatorio Venezolano de Prisiones, dirigidas ambas Ong por nada más y nada menos que por Rocío San Miguel y Humberto Prado.

Muchos son los retos que la V/A Celsa Bautista Ontiveros debe asumir dentro del Ministerio del Poder Popular de Servicios Penitenciarios, más allá de las palabras expresadas por el Primer Mandatario Nacional. Algunos elementos al respecto pretendo aportar en el presente escrito.

En primer lugar, debo destacar que la creación del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios data del año 2011 y lo impulsó nada más y nada menos que el propio Comandante Hugo Chávez Frías, posteriormente a un motín ocurrido en la cárcel de El Rodeo II en el estado Miranda, y que duró varios días, demostrando el enorme poder de fuego que poseían y en buena medida aun poseen los privados de libertad. Sobre todo los líderes negativos que coloquialmente conocemos con el adjetivo de “pranes”.

La creación de este Ministerio no es más que la materialización del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que textualmente consagra lo siguiente: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarás con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, y funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autonómo y con personal exclusivamente técnico.”

Este artículo sería muy extenso explicarlo por varias aristas que esto implica. Seguramente esto será tema de próximas ediciones a esta columna y lo tendré como una asignatura pendiente.

De hecho este Ministerio se crea un año antes de la política de Estado denominada “A Toda Vida Venezuela” del 11 de junio de 2012, que luego y producto de la Guerra No Convencional, debió ser ajustada y transformada en la Gran Misión Justicia Socialista en el año 2017 y posteriormente en 2019 transformada nuevamente en la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Pero esto será tema con mayor detalles de próximas ediciones de esta columna como ya lo he indicado.

Una vez creado el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, la primera titular del cargo fue nada más y nada menos que María Iris Varela, la Comandanta “Fosforito”. Estuvo en dicho cargo desde la creación del mismo y hasta el año 2017, año en que fue postulada para que participará como diputada en la Asamblea Nacional Constituyente convocada para ese año. La reemplazó en el cargo Mirelys Contreras quien duró un año, cuando Varela volvió al cargo hasta el año 2020, cuando fue postulada como candidata a diputada a la Asamblea Nacional, y ahí regresó Contreras nuevamente hasta el día de ayer 13 de febrero de 2023, cuando el Presidente Maduro ha decidido sustituirla por la Vicealmiranta Celsa Bautista.

La Vicealmiranta Celsa Bautista es oriunda del estado Táchira y del equipo de la Almiranta en Jefa Carmen Meléndez Rivas. Quien hoy funge como alcaldesa del municipio bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas, capital de la República. Ha desempeñado varios cargos dentro de la administración pública, entre los cuales destacan: Directora General de Asistencia Social del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno en el año 2012; agregada militar, naval y aéreo de Venezuela tanto en países de Suramérica como en Europa, en países como Ecuador, Bélgica y Países Bajos (Holanda). Para el momento de su designación como Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, se desempeñaba como Directora General de la Oficina de Gestión Humana (Recursos Humanos) del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz que llegó durante la segunda gestión de Carmen Meléndez al frente de esta cartera y mantenida por el actual titular de la misma y vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso.

Los ataques del enemigo se centran en señalar que la designación de Bautista Ontiveros representaría una “militarización del gabinete del Presidente Maduro”, que la designación de Bautista Ontiveros ratifica “el control de la seguridad ciudadana en manos de militares”, aseveraciones estas de Rocío San Miguel, directora de la Ong Control Ciudadano, cuyo tema central de ataque es el sector militar.

Ciertamente, la designación de Bautista Ontiveros eleva a 13 el número de militares en cargos de ministros. Procedamos a mencionar y a describir la composición militar del gabinete del Presidente Nicolás Maduro en estos momentos:

Jorge Márquez, ministro de la Secretaría de la Presidencia. G/B de la Guardia Nacional.

Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Es almirante en jefe.

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. General en jefe del Ejército.

Antonio Morales Rodríguez, ministro de Comercio Nacional. Coronel del Ejército.

Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras. Es coronel de la Aviación.

Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación. Mayor general del Ejército.

William Serantes Pinto, ministro de Desarrollo Ecológico. Es almirante.

Rodolfo Marco Torres, ministro de Atención a las Aguas. Mayor general del Ejército.

Ildemaro Villarroel, ministro de Vivienda y Hábitat. General de división del Ejército.

Ramón Velásquez, ministro de Transporte. Es general de división de la Aviación.

Raúl Paredes, ministro de Obras Públicas. Es general de división de la Guardia Nacional.

Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica. General en jefe de la Guardia Nacional.

Celsa Bautista Ontiveros, ministra de Servicio Penitenciario. Vicealmirante de la Armada.

De acuerdo a esto, de los ministros militares dentro del Ejecutivo Nacional, cinco vienen del componente Ejército, tres de la Guardia Nacional Bolivariana, tres de la Armada Nacional Bolivariana y dos de la Aviación Militar Bolivariana.

Lo que no señala San Miguel es que el gabinete ejecutivo actual lo componen cerca de 35 ministerios, es decir, apenas el 37,14% del gabinete del presidente Maduro está compuesto por militares, lo que a mi juicio refuerza el carácter civilista de la administración del actual Primer Mandatario Nacional .

Pero además de ello, la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad Ciudadana tiene entre sus componentes principales la política interna, la administración de justicia para preservar la paz, y el sistema penitenciario tiene un elemento importantísimo dentro de la misma, al igual que el elemento territorial con la inclusión del gobierno del territorio insular Miranda, a cargo del Contalmirante Anibal Coronado. Que de hecho no es fortuito ni casual que estos tres componentes de esta Vicepresidencia lo manejen no sólo militares, sino que además los tres provienen del componente de la Armada Nacional Bolivariana, que ya es mucho decir.

Y ni hablar de la unión cívico militar policial que tanto pregona el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Otro de los frentes de ataque con respecto al Servicio Penitenciario lo lleva la Ong “Observatorio Venezolano de Prisiones”, manejado por un abogado ex recluso como lo es Humberto Prado, quien cree que por haber estado preso por homicidio eso per se le da un aval para ser un “experto” en materia penitenciaria. Aunque justo es reconocer que Prado ha hecho estudios sobre este campo. Prado y su Ong han señalado de que este ministerio no ha hecho nada por el tema del hacinamiento de las cárceles en el país, hechos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos privados de libertad.

Es decir, de acuerdo a Humberto Prado, la política penitenciaria del Gobierno Bolivariano se ha resumido en cambios de ministros sin balance ni resultados que mostrar en el sector.

Esto es una media verdad, ya que durante las gestiones de Varela, se le inculcó a los presos orden cerrado, se les uniformó e impartió talleres de educación, deportes y muchos beneficios. Además de ello, dentro de las acciones programáticas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, hay algunas dirigidas hacia el sector penitenciario.

Indudablemente que las Medidas Coercitivas Unilaterales impactan a todos los sectores del país, y uno de ellos es el sector penitenciario. Eso no lo recoge en sus informes el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Indudablemente que aun hay muchísimo por hacer en el sector penitenciario, pero de ahí a decir que no se ha hecho absolutamente nada, es desconocer de manera mezquina y hasta mal intencionada los aportes que se han hecho en esta materia.

Sería interesante conocer de donde esta Ong toma la cifra de que en el país habría 33.710 reclusos sin discriminar los que están siendo procesados de los que ya han sido condenados, y en que basan sus cálculos para expresar que en las cárceles venezolanas se sobrepasa en un 40% de su capacidad. ¿Esto no contribuye, a mi parecer, en la narrativa de la emergencia humanitaria compleja, para legitimar las políticas de injerencia y tutelaje sobre nuestro país?

Pero además de ello, no es menos cierto que dentro de los planes conspirativos contra la Patria de Bolívar y Chávez, muchos líderes negativos (pranes) han tenido un papel de primera línea dentro de los mismos.

Celsa Bautista Ontiveros realizó una gestión impecable y extraordinaria al frente de la Dirección General de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al adecentar y ordenar las nóminas del mismo y depurarlas de tantos empleados “fantasmas” de dicha institución. Es una mujer sensible, pero a la vez de un carácter muy firme y creo que esa es una de las razones fundamentales por las que el Presidente Maduro la pone al frente de tan altas responsabilidades de esta institución.

Y creo, y esto a manera de una opinión muy personal que tengo, que una de las tareas que tendrá la nueva Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, es que además de contar con todo el apoyo del Estado venezolano, una de sus primeras acciones debe ser la de tumbar la base de operaciones que tiene la banda “El Tren de Aragua” en la cárcel de Tocorón, en el estado Carabobo, bastión de bandas que estafan, extorsionan y participan de cuanta conspiración va en contra del proceso revolucionario que vivimos en Venezuela. No podemos olvidar que desde esa cárcel están algunos de los autores intelectuales del asesinato del profesor Carlos Lanz.

Ahí se las dejo.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!