El tema de la seguridad ciudadana no es precisamente un tema que aglutine y cohesione como el tema de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de los afrodescendientes, de las comunas, de los trabajadores y trabajadoras, de los estudiantes, más sin embargo, es un tema transversal en todas las áreas y lo que concierne a la vida y al desarrollo nacional.

Por ejemplo, si los productores de nuestros campos que son víctimas en la actualidad de delincuencia organizada, de las bandas criminales (BACRIM) o Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (G.E.D.O.) estas acciones van de dichas estructuras van a tener repercusión, impacto en la producción de alimentos en el país. Igual ocurre con otras áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Del mismo modo, que los compañeros y compañeras de nuestros cuerpos de prevención y seguridad ciudadana se manifiesten políticamente es un tema, porque sin duda la seguridad ciudadana es un tema que no debe ser partidizado, lo cual no quiere decir que no tenga una visión política, o más bien ideológica, sustentada más que en la legalidad, que sin duda se rige por ella y no la niego, pero se sustenta más en la cultura, en principios y valores a fin de contribuir y legitimar un orden social.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 55 expresa el derecho que tienen las personas a la protección por parte del Estado y a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

De igual manera, dentro de lo preceptuado por nuestra Carta Magna, el artículo 322 que la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentado en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.

Asimismo en el artículo 326 se indica que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

En cuanto a lo concerniente a los órganos de seguridad ciudadana, el artículo 332 expresa que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizará:

1. Un cuerpo uniformado de policía nacional.

2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.

3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil.

4. Una organización de protección civil y administración de desastres.

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley.

Ergo, el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, bajo el N° 1.479 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria del 19 de noviembre de 2014, expresa que el Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un sistema de protección para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del estado, en todos los niveles político territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema a que se refiere este artículo deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades encargadas de su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y el pueblo organizado.

Bajo ese espíritu, es que el Gobierno Bolivariano, en el marco de la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, al ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, es que se propuso el lanzamiento de una Gran Misión destinada a atender el problema de la violencia y criminalidad que, de acuerdo a diversos estudios, constituye hoy en día uno de los principales problemas de preocupación de las venezolanas y los venezolanos. Se trata de una tarea prioritaria, pero a la vez compleja, que nos interpela y desafía, tanto como Estado y como Gobierno.

Por eso es que el 20 de junio de 2012, Hugo Chávez nos dejó como uno de sus tantos legados la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" cuyo objetivo primordial era la construcción y ejecución de una política pública cuyo centro fundamental sea la preservación de la vida, como valor supremo de todas y todos los que vivimos en el territorio nacional; una vida entendida desde la convivencia solidaria y resolución pacífica de los conflictos que tribute a la construcción colectiva de una democracia socialista, cuyas instituciones respondan a los problemas de la seguridad con criterios de justicia y equidad.

En el marco de esta política, se plantearon medidas de carácter estructural y de carácter inmediato, a ejecutarse a nivel nacional y local. En esa propuesta se priorizó para algunas medidas, los territorios con mayor incidencia delictiva a fin de proteger a los sectores poblacionales que más lo necesitan: víctimas de la violencia y el delito, sectores populares, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres, por sólo mencionar algunos y algunas.

La Revolución Bolivariana abrió los caminos de la democracia participativa y protagónica, además que el programa de gobierno de Hugo Chávez concebido desde 1999 ha estado dirigido para resolver los problemas de exclusión social propia de la estructura capitalista de Venezuela y el mundo. Un programa que debía conducirnos, a pesar de los ataques de la derecha nacional y del imperio, a la construcción en primer lugar del Proyecto Nacional Simón Bolívar y luego el desarrollo del Plan de la Patria.

Chávez planteo las Misiones Sociales como respuesta para la lucha por la superación de la pobreza, la miseria y la exclusión desde una nueva institucionalidad y con participación popular. Las Misiones dieron una perspectiva radical a los principios constitucionales de participación y corresponsabilidad al plantear la superación de la lógica asistencialista y colocar a la sociedad toda y fundamentalmente a los sectores y grupos vulnerables como sujetos de atención y acción. Es así como esos procesos fundantes contextualizan desde una perspectiva sociopolítica el devenir del proyecto bolivariano en una transición hacia una sociedad socialista.

A partir del año 2010 el Gobierno Bolivariano asume el diseño de políticas públicas para la búsqueda de la solución de problemas estructurales que aún persisten en la sociedad venezolana, especialmente aquellos derivados de la falta de atención de la pobreza crítica.

Y orientada a resolver los déficits de convivencia ciudadana y la criminalidad, es que surge "A Toda Vida Venezuela" bajo los principios de una visión integral en el diseño y ejecución de la política, el ejercicio de articulación entre instituciones y con el pueblo organizado, los órganos superiores de dirección y corresponsabilidad del poder popular y en el fortalecimiento del gobierno comunal.

A Toda Vida Venezuela fue novedosa en su momento por sus implicaciones con el tema de la seguridad ciudadana tanto por las referencias constitucionales, como por la complejidad y multifactorialidad del problema que atiende a saber: Un enfoque universal y una mirada focalizada en los sectores y grupos sociales más vulnerables.

Por las propias características del problema que atiende, A Toda Vida Venezuela que hoy es la Gran Misión Cuadrantes de Paz, es una política con carácter de misión de Estado, pues convoca a otras ramas del Poder Público Nacional, así como al Estadal y Municipal al cumplimiento de sus objetivos. Además de ello, la situación actual de la criminalidad y el delito desnuda de la manera más cruda el carácter clasista que aún persiste en nuestra sociedad, en tanto que son los sectores populares urbanos las principales víctimas de la violencia. Por ello es que se realizó una política integral que combine la prevención con el control penal ajustado a Derecho, ante un problema de complejidad estructural, lo cual representa un nuevo estadio de la Revolución Bolivariana como Gobierno.

De ahí que "A Toda Vida Venezuela" hoy Cuadrantes de Paz como ya lo he venido indicando, requiere de una efectiva complementariedad con las Misiones y Grandes Misiones, una eficiente articulación interinstitucional y una protagónica participación popular, entendida ésta última como parte de los procesos dialécticos de movilización, concienciación, formación y organización.

Justamente las circunstancias que comenzó el país a atravesar producto de la Guerra No Convencional, las agresiones promovidas por EEUU a Venezuela a través de la lucha violenta en las calles copiando el formato de la Revolución del Maidán en Ucrania a finales de 2013 y comienzos de 2014; luego con la Orden Ejecutiva 13.692 donde fuimos declarados amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de EEUU para así legitimar las acciones de agresión posteriores a este infame decreto, entre otras, ameritaron la adecuación y adaptación en el año 2017 de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y transformarse en Gran Misión Justicia Socialista, y cuyos desafíos emergentes aun vigentes conllevaron a que en diciembre de 2019, esta política nuevamente se transformara y pasará a ser ahora la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

No obstante, la Gran Misión Cuadrantes de Paz es en estos momentos la heredera de la doctrina rectora planteada por el Comandante Hugo Chávez en la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", tomando y manteniendo de manera incólume su componente filosófico, político, ideológico, conceptual, que nos plantea una visión deslastrada de la herencia represiva, autoritaria y punitivista del pasado .

No obstante, no puede negarse que dentro de la evaluación de la política pública, a 8 años del Decreto Obama-Biden como me he permitido llamarlo, hay un impacto dentro de la implementación de la política pública. Si bien es cierto que hay detalles que en materia de seguridad no deben ser revelados por lo delicado del asunto, su complejidad y de que dichas afectaciones o vulnerabilidades puedan ser aprovechadas por los enemigos de la patria; pero tampoco el otro extremo de mantener totalmente en opacidad ciertos impactos que el bloqueo y de medidas criminales, extorsivas para doblegar la voluntad de nuestro pueblo ha tenido en la ejecución de la política de seguridad ciudadana implementada en 11 años por el Gobierno Bolivariano, primero de Chávez y ahora con Nicolás Maduro.

El 23 de febrero de 2023, el Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en 12 minutos, hizo una exposición muy suscinta sobre el impacto que las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) han tenido en las labores de ese cuerpo policial, y su experiencia de resistencia. De igual manera, el Almirante en Jefe en situación de Reserva Activa, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos Ichaso, reconoció que el bloqueo al país ha tenido su impacto dentro de las acciones programáticas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, en entrevista concedida en el programa "A Pulso" del pasado 2 de junio de 2023 conducido por Julio Riobó.

Sería muy importante, tomando en cuenta con esta realidad y que no sólo el Ministerio, sino también la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad Ciudadana, que cuenta con una institución como la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) que también es parte de los legados del Comandante Hugo Chávez cuya creación data del 13 de febrero del año 2009, a fin de poder conocer de manera metódica, organizada y sistematizada los impactos que las MCU han tenido en la política de seguridad ciudadana durante estos años, y sobre todo dar a conocer y sistematizar las experiencias de resistencia y superación del bloqueo con la creación de una Cátedra Antibloqueo en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, como un aporte al país para el combate a estas agresiones que pretenden un cambio de régimen en nuestro país.

Pero también, en el marco de la evaluación de las tareas pendientes que la Gran Misión Cuadrantes de Paz como heredera de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" que hoy estamos recordando como política rectora en materia de seguridad ciudadana, que se cumplan tareas pendientes, como las planteadas por el Plan de la Patria Sectorial en el ámbito de Comunas, que en el ámbito de las 7 líneas estratégicas de acción que planteó el Presidente Nicolás Maduro en lo referido al Diálogo, Reunificación, Reconciliación y Pacificación Nacional, señala lo siguiente:

1.- La implementación de la Justicia Comunal, a través de la designación de los jueces de paz comunal.

2.- El impulso de diálogo en el territorio comunal en función de consolidar la paz, la reconciliación y la convivencia.

3.- Fortalecer el funcionamiento y lograr la eficacia de los Cuadrantes de Paz, con la participación y el protagonismo del Poder Popular en el territorio comunal.

Y esto por no meterme en lo que se refiere a la percepción popular del funcionario policial, la cual tiene al funcionario policial por el suelo, ya que se ve más como un "delincuente con uniforme" por minorías dedicadas a ciertos actos delictivos que van desde extorsión hasta secuestros, pero que empañan la labor de muchos policías honestos y eficientes.

Pero eso es apenas una de las tantas aristas que tiene la seguridad ciudadana.

A 10 años de "A Toda Vida Venezuela", son muchas las cosas por hacer aun.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!