Luego de mi más reciente entrega de esta columna, donde me referí al "desbloqueo" de 1.500 millones de dólares del Novo Banco a la República Bolivariana de Venezuela, me topé con la información dada por el compañero Viceministro y Gerente General del Observatorio Venezolano Antibloqueo, William Castillo Bollé, quien pedagógicamente explicó que aun con esta decisión, ese dinero no regresará de momento al país, porque Bandes, una de las instituciones a las que debe hacérsele entrega de una parte de esos fondos, está sancionada por EEUU. No obstante, ya estos procesos pasan a una nueva etapa, y como lo señalé en mi escrito anterior, desde otras aristas, además de una noticia positiva es un éxito a la Diplomacia Bolivariana de Paz.

Pero una llamada de una persona muy allegada a mí, y que por razones obvias no indicaré en este escrito, ya que debo salvaguardar su identidad, me expresó nuevamente su inquietud en Puerto Ordaz, ciudad en la que me encuentro en estos momentos disfrutando de unas vacaciones, y que mis ojos han podido ir constatando muchas cosas que me han hecho llamar profundamente a la reflexión.

Pero, a fin de no dispersarme, y entrando de inmediato en materia, la queja de esta persona tiene que ver con el servicio de aseo que se presta en el municipio Caroní del estado Bolívar por parte de la empresa Fospuca. Importante es que indique que esta organización conformada por 8 empresas privadas de saneamiento ambiental, especializada en brindar servicios de limpieza urbana, barrido manual, lavado de áreas públicas, recolección y traslado de desechos sólidos, urbanos y domiciliarios, no solo presta servicio en el estado Bolívar sino también en Simón Rodríguez (El Tigre) en el estado Anzoátegui, en Chacao, El Hatillo y Baruta, en el estado bolivariano de Miranda y área metropolitana de Caracas, el municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital, en el municipio San Diego del estado Carabobo y en Barquisimeto, en el estado Lara.

Pues bien, me permito recordar que el pasado 26 de enero del presente año, escribía en aquella oportunidad en el Diario de una Cuarentena N° 507 sobre esta empresa y el malestar que está generando, por lo menos en lo que a Ciudad Guayana respecta, por los cobros exorbitantes que la misma realiza en esta localidad, avalado por la propia Alcaldía de ese municipio.

El meollo de este asunto estriba en que, tal y como lo señalé en aquella oportunidad, y lo reitero el día de hoy, es que en las zonas de Ciudad Guayana donde esta empresa presta sus servicios hay una tarifa determinada, por ejemplo, hay zonas de Ciudad Guayana que pagan fácilmente 2000 dólares por lo extensas que son y los establecimientos allí ubicados. Pero también la información que manejo es que dicha empresa no presta un servicio igual en todas las zonas que componen la geografía guayacitana.

No todos los lugares en Ciudad Guayana, y considero que en las otras localidades del país también, generan la misma cantidad de basura, los precios varían, y hay la molestia de mucha gente debido a los elevados costos de este servicio que no se corresponden con la capacidad contributiva y el servicio que se presta en el municipio Caroní.

Además de ello, esta empresa está linkeada con la Alcaldía Socialista Bolivariana del municipio Caroní y Corpoelec, en el sentido que si no se cancelan estos altos costos, exorbitantes diría yo, de este servicio, y si no estás al día con ello, no se pueden hacer la declaración de impuestos sobre la renta y otros ingresos que requeriría la propia municipalidad. Eso sin contar con los intereses de mora súper altos, que fácilmente desaniman y matan cualquier iniciativa de emprendimiento que tanto promueve el Presidente Nicolás Maduro.

A esto hay que agregarle la reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Armonización y Coordinación de las Potestades Tributarias a Estados y Municipios. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la constitucionalidad del referido instrumento normativo y además ya fue promulgada por el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

De acuerdo a la revisión de la nota publicada en el portal web del parlamento venezolano, se indica que a través de ese instrumento normativo, destacarían bondades como rebajas de al menos 30 %, en el impuesto sobre actividades económicas industriales, comerciales, servicios y, de índole similar, a los contribuyentes que desarrollen actividades permanentes de saneamiento, mantenimiento o mejoras en espacios del municipio, entre otros casos.

De igual manera señala la referida nota in comento, esta ley establecería la vigencia mínima de 3 años a las licencias o autorizaciones para el ejercicio de las actividades económicas industriales, comerciales, servicios y de índole similar. La renovación procederá de manera automática cumpliendo lo que establece la norma en ese sentido.

Señaló el presidente del parlamento, diputado Jorge Rodríguez Gómez a raíz de la aprobación de esta ley, que con este instrumento normativo se busca disminuir la cantidad de impuestos que pagarán los habitantes en los 335 municipios de Venezuela. "Viene a poner orden para proteger al ciudadano de a pie, al joven que inicia un emprendimiento, a los comerciantes, empresarios y alcaldes", dijo.

Rodríguez exhortó a los diputados a entregar al Poder Popular el nuevo texto legal para que sea debatido, conocido e instrumentado por los alcaldes y gobernadores y no se creen falsas noticias, mentiras y manipulaciones.

Asimismo, el diputado José Gregorio Vielma Mora, diputado de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, en reciente entrevista indicó que todas las ordenanzas y decretos estadales en materia de impuestos quedan derogados.

Pues bien, lo preocupante de esto, es que más allá de las declaraciones de intención tanto del diputado Jorge Rodríguez como del diputado Vielma Mora, los problemas con Fospuca en el municipio Caroní se mantienen. Después que se había llegado a un "acuerdo" entre emprendedores y la alcaldía socialista de Caroní.

Por supuesto, solamente con el enunciado de la ley que indicamos párrafos más arriba, evidentemente esta ley permite de manera no disimulada, la privatización de los servicios públicos por parte de alcaldías y gobernaciones sin disimulo alguno.

Recuerdo las críticas formuladas por Luis Britto García en su momento, a la denominada Ley de Hacienda Pública Estadal en épocas del Comandante Chávez, donde de manera subrepticia, se buscaba la privatización de estos servicios tal y como se ha logrado en el año 2023. Sin duda que en estos momentos hay importantes lobbys en la Asamblea Nacional que buscan de manera paulatina ir desmontando las leyes sociales destinadas a la protección del pueblo.

No se trata de que no se pueda cobrar, a mi juicio una tasa social si así la podemos llamar, por los servicios públicos que usamos y como una forma de autosustentarlos, y tomando en cuenta advertencias hechas en su momento por el propio Jorge Giordani entre los años 2012 y 2013 durante la enfermedad y posterior fallecimiento del Comandante Chávez y comienzos del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, pero privatizar servicios públicos de esta manera, a mi juicio es desdibujarnos con los principios y enseñanzas legadas por el Comandante Chávez.

Entiendo que se busca una disciplina fiscal y acabar con un terrible vicio como lo es la voracidad fiscal y que las agresiones y fase superior de la Guerra Económica traducidas en el bloqueo y Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) se haya traducido en reducción del situado constitucional para gobernaciones y alcaldías, la reducción del burocratismo, y evidentemente que nos encontremos en otro momento histórico que amerite nuevas formas de obtener ingresos. Pero si algo nos enseñó Chávez es que estos sacrificios no deben descansar en las espaldas de los sectores más vulnerables de la población o de aquellos que pretenden emprender como nos lo está pidiendo el presidente Chávez.

En otro momento, y oportunamente se denunció como en el propio municipio Caroní un alcalde en su momento pretendió privatizar el servicio y el sistema de recaudación de impuestos, y eso fue motivo de que fuera detenido y pagará cárcel por ello. En el caso actual con la privatización de servicios públicos por parte de alcaldías y gobernaciones, se busca a mi parecer, y en este momento, es torpedear y crear problemas a la reelección del Presidente Nicolás Maduro, o en su defecto que su victoria en las próximas presidenciales sea tan cerrada, que pueda poner en duda los resultados de dicha elección o, en su defecto, comprometer la gobernabilidad para su próximo sexenio de gobierno.

Estando en esta conmemoración de los 3 años del asesinato de Carlos Lanz, la obligación que tenemos de recrear la Revolución nos obliga a que debamos revisar este instrumento legal y las medidas que se deban adoptar en este sentido. Debemos recordar que una Revolución nunca sacrifica a los sectores a los que pretende favorecer, como lo son los más vulnerables, nuestro pueblo, sin que ello implique aferrarse a dogmas económicos o cerrarse a la iniciativa privada o al emprendimiento, pero con equilibrios y necesarios pesos y contrapesos que en definitiva beneficien a la mayoría.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron sigue!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!