Desde el reciente incremento del ingreso mínimo integral, anunciado por el presidente Maduro el pasado 15 de enero, la cifra que se ha posicionado fue "100 dólares". Sin embargo, el aumento efectivamente fue de 30 dólares en el llamado "bono de guerra", para llegar a 60 dólares, mientras el cesta ticket se mantiene en 40 dólares, ambos indexados.

El salario mínimo no tuvo variación, sigue en 130 bolívares desde el 15 de marzo de 2022. En este momento equivale a 3,6 dólares. En ese sentido, el incremento no tiene repercusión en las prestaciones sociales y demás derechos de ley.

El presidente, en el mismo acto ante la Asamblea Nacional, afirmó: "En nueve meses estamos hablando de un aumento del ingreso mínimo integral de más del 500% indexado, único en el mundo". ¿Qué significa eso concretamente?

Referencia necesaria

Primero que todo es importante determinar los puntos de referencia para evaluar la importancia del aumento. Recientemente, tanto en Brasil, como en México, se han impulsado propuestas legislativas para garantizar que el salario mínimo se incremente según la inflación, lo que permite el resguardo de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.

Esa sería una importante referencia para poder medir el impacto del incremento, aunque en Venezuela, por mandato del artículo 91 constitucional, la referencia debería ser la canasta básica, que según algunas estimaciones ronda los 531,95$ para el mes de diciembre del 2023. Es obvio que no solo el incremento, sino la situación previa, demuestra un ingreso claramente insuficiente para los y las asalariadas.

Además, la política de bonificación, que se profundiza con el reciente aumento, es una especie de escala salarial aplanada de facto, dejando a un lado una de las principales conquistas las convenciones colectivas.

Así tenemos a los empleados públicos que reciben el bono de guerra y los cesta ticket, más el salario, los que serían los de "mayores beneficios". Esto dejando a un lado ciertas políticas discrecionales, como bonos o pagos extra, a veces en dólares, para ciertas personas de confianza, que no se contabilizan como parte formal de las nóminas.

Luego tenemos, con una gran diferencia, a los jubilados y pensionados, quienes no reciben los cesta ticket. El gobierno ha decidido incrementar el bono de guerra a los primeros a 70 dólares, pero a los pensionados solo a 25 dólares, estimando que sus ingresos puedan llegar a 30, con los otros bonos vía Carnet de la Patria, como anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En declaraciones recientes, el Ministro del Trabajo afirmaba que prácticamente "nadie gana únicamente salario mínimo", para rebatir las críticas sobre los bajos salarios, afirmando que la gran mayoría, incluyendo los jubilados y pensionados, tienen otras fuentes de ingresos.

Emprendimientos y trabajo informal

Esta confesión deja de fondo varias cosas. Lo obvio, lamentablemente, la clase trabajadora del sector público no puede vivir con dignidad con lo generado por su trabajo formal, y le toca "reinventarse". En otras palabras, se exige ampliar sus horas de trabajo y, en la mayoría de los casos, reducir su dedicación a las labores que sirven a todos y todas.

Ante la mirada "flexible" del Estado, muchos docentes solo dan 2 días de clases a la semana, con las graves consecuencias sociales y políticas de largo plazo que eso genera. No obstante, esta realidad no pareciera molestar mucho, hasta que las organizaciones magisteriales protestan y organizan importantes movilizaciones para exigir mejoras salariales. Pero si los maestros y maestras "invierten" el resto del tiempo para buscar formas para generar los ingresos necesarios para sobrevivir, no tendrán problemas.

Lo mismo se extiende a toda la gestión pública: salud, servicios, oficinas públicas, cuerpos de seguridad, etc. Es difícil tener, en el caso de los trabajadores públicos, dos trabajos formales, así que les queda buscar "emprendimientos" u oportunidades de trabajo informal, por lo general sumamente precarias.

Debemos también tomar en cuenta que, según algunos estudios, el 40% de la población no trabaja en la administración pública, ni en empresas. Se encuentra en el sector informal. Es cierto que puede ofrecer mejores perspectivas que el trabajo formal, allí una de las causas de renuncias de los últimos años en las diversas instituciones del Estado.

Dada la opacidad estadística reciente, no es fácil encontrar datos para poder dimensionar con precisión cómo se van comportando estas diversas capas de trabajadores, que terminan siendo de cambios permanentes, de iniciar y terminar con mucha velocidad "emprendimientos", o diversas labores precarias.

Indefensión laboral

Ante la falta de datos oficiales, se asume generalmente que los trabajadores privados "ganan mejor", lo que no es un gran logro si el punto de comparación son los ingresos del sector público (algunos estiman en promedio 200$ mensuales). Pero si se compara con lo que manda la constitución, el asunto es otro. Esta precariedad se extiende además a la poca protección laboral que brindan las instituciones.

Una muestra en ese sentido es el reciente reclamo del Ministro del Trabajo, exigiendo al sector privado cumplir con el pago del cesta tickets indexado. En otras palabras, además de no recibir el Bono de Guerra, quienes trabajan en una empresa privada, no tienen garantizado el pago según los lineamientos oficiales, lo que sí es su derecho.

No es claro por qué no se promulga la gaceta, que exigiría al patrón cumplir con el mandato. Es total potestad del ejecutivo promulgarla, un proceso rutinario dentro de la administración pública. Esta falta de acción de gobierno se ha vuelto común, por ejemplo, con los precios acordados del café. Luego de protestas para que el precio saliera en gaceta, el mismo no tuvo ningún control para su respeto, dejando una brecha entre el anuncio y el cumplimiento que solo beneficia al empresariado.

Bloqueo, asedio y conspiración

Todo este análisis se debe posicionar de forma honesta en el contexto político y económico del país. Así como toca tener criterios para la referencia del impacto real del incremento, toca poner en la mesa las condiciones actuales. Los ataques del imperio y sus lacayos, el bloqueo y demás artilugios para atacar al país han tenido un tremendo impacto en los ingresos de la nación, además de los sonados casos de corrupción.

No es posible negar las consecuencias de las sanciones porque es el pueblo de a pie quien lo ha padecido directamente, día a día. No existe dimensión en la cotidianidad del pueblo trabajador que no haya sido trastocada por ellas. Los mismos oficiales estadounidenses, en raros momentos de sinceridad, admitieron que el objetivo era golpear a la gente hasta lograr el anhelado "cambio de régimen."

Al mismo tiempo, es necesario evaluar las opciones políticas que se han tomado en este contexto. En los últimos años se ha posicionado cada vez más la postura de que, para salir de la crisis actual, es necesario mover la balanza hacia el capital.

Muchos son los ejemplos que se pueden dar en ese sentido, entre ellos la bonificación en contraste con el aumento del salario real. De hecho, voceros del mundo empresarial han dicho repetidamente que su interés es aumentar los ingresos, pero sin la "carga" de las prestaciones sociales.

Si sumamos a esto la poca, o nula, información sobre temas económicos fundamentales, necesarios para poder tener criterios a la hora de generarse una opinión, y en consecuencia acciones (que cuando son de movilización y reclamos, son cada vez más criminalizados), terminamos de cerrar un marco para consolidar los mecanismos de desigualdad y despolitización, que caracterizan está época.

¿Falta de recursos o monetarismo?

Los argumentos oficiales para justificar los ingresos bajos, y el no incremento real del salario, es la falta de ingresos y de producción. En paralelo, se presenta la necesidad de no incrementar el "dinero inorgánico", siguiendo la receta ortodoxa de control de la alta inflación.

Es importante diferenciar entre los argumentos, ya que, si el último criterio se impone, como parte de una política clásica monetarista, aunque los ingresos existan, no pueden ser distribuidos. Según esa postura, hacerlo significará en la práctica un mal mayor, como hemos escuchado de varios voceros oficiales.

Esta perspectiva es la que explica la "quema" por el Banco Central de parte importante de los bolívares que le ingresan por el suministro dólares oficiales a la banca en las mesas de cambio. Se estima que por ese concepto hubo unos 60 mil millones de bolívares que se sacaron de circulación el año pasado. ¿Cuánto se pudo aumentar a la clase trabajadora con ese monto?

Ese es solo un ejemplo de la política que se aplica para sostener los indicadores macroeconómicos, para así crear "condiciones para la inversión" y reactivar la economía. El precio a pagar son sacrificios por parte de las grandes mayorías trabajadoras, las que serán recompensadas en el futuro, por el derrame del progreso. Cuento conocido por los pobres del mundo.

Chávez criticó y combatió esta visión. Esto le valió el apoyo nacional para ganar su primera elección, tomando acciones en sentido contrario a penas llegar al gobierno. Aunque sea cierto que no tenía sanciones, toca decir que tampoco grandes ingresos en ese momento, lo que no impidió pensar y adelantar políticas económicas en otro sentido.Ingresos de la nación

Es razonable asumir que los recursos actuales son insuficientes para todas las necesidades existentes. No obstante, no queda claro cuánto es efectivamente el ingreso total nacional. Los datos ofrecidos por el presidente en la Asamblea Nacional fueron el ingreso petrolero y el tributario del 2023, 6.230 y 5.700 millones de dólares, respectivamente. El IVA es el factor preponderante a nivel fiscal.

Frente al monto declarado no se sabe, en comparación, cuanto se perdió con precisión, por la trama de corrupción develada en marzo. Tampoco se conoce como se desglosa ese monto en función de las empresas mixtas, o los otros negocios del área que tiene el país.

En la misma orden de ideas, se desconocen ingresos por el tema minero, otras exportaciones, alianzas estratégicas, etc. Sin esta información, es imposible estimar las posibilidades reales de ingresos de la nación y su reinversión en las necesidades del país. Al mismo tiempo, la transparencia es fundamental para evitar casos de corrupción como los denunciados, sobre todo a la hora de las flexibilizaciones de las ilegales sanciones petroleras.

Empatía

En resumen, razones suficientes existen para entender las molestias de la población que hace justos reclamos por un aumento de salario real. No hay una valorización justa del trabajo, hay poca credibilidad y transparencia, y una evidente desigualdad que se normaliza. La distribución desigual de la riqueza significa que no todo el mundo hace los mismos sacrificios y quienes más privilegios acumulan, más sacrificios exigen a los y las demás.

Privilegiados que con sus argumentos fortalecen los reclamos históricos de los adversarios de la revolución. Se habla abiertamente de cambiar la legislación que consolidaba derechos, y que de facto está siendo irrespetada en muchos casos. ¿Aumentar el salario mínimo? Es necesario reformar la Ley del trabajo. ¿Aumentar la producción? Es necesario reformar las Leyes de Hidrocarburos, Tierras, y Semillas, por solo poner unos ejemplos.

Ponerse en el lugar del otro, el que vive en permanente zozobra y precariedad, el que no puede darse el lujo de enfermarse, o de garantizar la educación a sus hijos, el que sus ingresos no son suficientes para garantizar una vida digna, debería ser un ejercicio permanente. Es con esta gente que el gobierno debe generar empatía, como lo planteó el presidente Maduro hace unos días. Pero es difícil hacerlo cuando las medidas del gobierno van en sentido contrario a las necesidades de las mayorías.