«La demanda de la Cidh contra el Estado venezolano, busca crear una matriz de opinión internacional y presionar al gobierno de Hugo Chávez para que desista de lo que anunció el 28 de diciembre de 2006. Coincide el organismo "jurídico" internacional con los pronunciamientos que empiezan a llover por parte de ONG reales o ficticias, como bien lo anunciara, hace cinco años, The New York Times. »
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela es la crónica de una campaña anunciada. Luego del golpe de abril de 2002, The New York Times informaba, desde su corresponsalía en Caracas, que Estados Unidos dejaría de intervenir directamente en los asuntos internos de nuestro país. En su lugar, lo haría a través de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación e instancias internacionales como la Cidh.
El Departamento de Estado empieza a hacer buenas sus palabras. O malas, según como se vea. En todo caso, está cumpliendo con lo que anunció el diario neoyorquino.
A principios de este año ocurrió un hecho insólito desde el punto de vista del derecho internacional: el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se pronunció sobre el caso Rctv y la decisión del Gobierno venezolano de no renovarle la concesión. Es obvio que al emitir opinión como Secretario General de la OEA, esta organización quedaba inhabilitada para estudiar el caso.
La Cidh es una instancia de la OEA. Sin embargo, no estamos frente a una decisión jurídica, aunque se le disfrace como tal, sino de un pronunciamiento político, como lo evidencia el apresuramiento declarativo de Insulza. La demanda de la Cidh contra el Estado venezolano, busca crear una matriz de opinión internacional y presionar al gobierno de Hugo
Chávez para que desista de lo que anunció el 28 de diciembre de 2006. Coincide el organismo "jurídico" internacional con los pronunciamientos que empiezan a llover por parte de ONG reales o ficticias, como bien lo anunciara, hace cinco años, The New York Times.
Todo es tan obvio y evidente que pareciera una mamadera de gallo. O una subestimación y desprecio a la inteligencia de los pueblos de América.
Como propaganda negra transnacional, la decisión antivenezolana de la Cidh, podría funcionar en algunos estratos sociales, pero de allí no pasaría. Como mecanismo de presión para amedrentar al gobierno bolivariano, es una pérdida de tiempo y dinero. El país está curado de estos fantasmas.
El golpe de abril de 2002, con apoyo de esas mismas instancias, y el sabotaje petrolero que se prolongó hasta febrero de 2003, fueron experiencias traumáticas y dolorosas, pero que templaron el acero de la revolución bolivariana y dejaron valiosas enseñanzas para enfrentar estas presiones. Picados de culebra, los venezolanos ya sabemos distinguir entre el bejuco y la víbora.
El presidente Chávez mandó a los lacayos de la Cidh a lavarse el paltó. La escatológica derecha venezolana se ruborizó y berreó. Al traje jurídico de la comisión de marras se le ven las costuras antichavistas por todas partes. Su miserable silencio ante el silencio de los medios aquel 13 de abril de 2002, revela su "imparcialidad" y "ética jurídica".
De cierto, hace tiempo el presidente Chávez no se mostraba tan decente con la indecencia. Por la catadura moral de los "jueces" de la Cidh, lo del paltó sucio resulta todo un elogio.
