Finalmente el grupo de directivos del CND que lideriza la señora Noris Pérez Marcano y el arquitecto Ramón González, vice presidenta y presidente del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se quitan la máscara de su ineptitud e incapacidad y hacen lo que han debido decidir hace más de año y medio, es decir, renunciar para no seguir acumulando errores, desaciertos, felonías y canalladas, dejándole a la derecha golpista el camino abierto para que obstaculice aún más la construcción del Sistema de Protección y poder esa derecha hacerlo después de un presunto derrocamiento del Presidente y de derrumbe de la revolución bolivariana.

En efecto, eludiendo su inmensa responsabilidad en toda la situación de caos y desconcierto que vive el CND, y que llaman ingobernabilidad, hecho en buena medida alimentado por el grupo a partir de noviembre de 2001. En su momento denunciamos al grupo derechista que lidera la señora Anahi Arismendi e integrado por María Rodríguez, Rosalinda Mendoza, Jhonny Jiménez, vinculado a los sectores más oscurantistas de la UCAB, las ONGs y los sectores confesionales del clero reaccionario quienes, desde sus posiciones como Consejeros de la Sociedad, hicieron lo imposible por controlar el Consejo e imponer su línea reaccionaria, anti nacional y golpista o impedir las implementación de las políticas de protección.

Cuando en agosto de 2001 llegó a la Dirección Ejecutiva del CND la Lic. Marisela Andrade, trajo consigo una propuesta y un programa estratégico que ordenaba de manera definitiva no sólo la gobernabilidad del Consejo, le daba e imprimía una direccionalidad sino que comenzó un proyecto de gran envergadura nacional de defensa de los derechos del niño, con participación comunitaria para hacer cumplir las políticas de derechos consagradas en la Constitución Bolivariana y en la LOPNA, aplicando una gerencia novedosa y revolucionaria.

Un Equipo humano capaz, preparado, comprometido con el proceso de cambio bolivariano, acompañó a la Directora Ejecutiva y en seis meses cambió totalmente el panorama y se aprestaba a darle al CND una base y una solidez de la que carecía desde su fundación cuando tan solo era un cascarón vacío.

Bajo esa gerencia se elaboraron y comenzaron a desarrollar políticas de rescate de los niños de la Patria, de los niños trabajadores y discapacitados, de los niños indígenas y los de las zonas fronterizas; se le quitó a los Consejeros el hábito de sentirse jefes-directores y de interferir abruptamente en las políticas de las áreas y pretender torcerles el rumbo de las políticas, pretendiendo imponer la suya propia. Se detuvo la práctica de transferir la soberanía y derechos del CND a sectores privados o confesionales; se abrió a las comunidades la participación real y protagónica en asambleas comunitarias para la elección de sus autoridades en los consejos municipales de derecho.

En agosto de 2001 se consolidó la nueva política, apuntalada por el apoyo precisamente de las y los consejeros del Ejecutivo Noris Pérez Marcano, Flor Ríos, Mónica Venegas, Morella Colmenares, Digna Nogueira y los consejeros Lenin Romero, Ramón González, Marcelo Ordóñez; se comenzó a desarrollar el Plan Estratégico, todo hacía pensar que finalmente se comenzaría a construir el CND y las Políticas de Protección, pero... había un pero, la mal aceptada Area de Regiones donde se concentraba un alto componente de líderes comunales y sociales de trayectoria y experiencia encargados de investigar la realidad del Consejo y realizar los diagnósticos, como en efecto ocurrió; y hacia allí dirigió sus esfuerzos saboteadores del grupo confesional y privatizador de AnahínArismendi.

Ese sector reaccionario de los consejeros de la sociedad adversó desde un principio la creación de esta Area y conspiró contra ella porque les quitaba espacio a los mercaderes de la miseria y la exclusión infantil y le daba protagonismo al pueblo, hasta que, con el insólito apoyo de la presidenta Noris Pérez, del grupo Lara de Lenin Romero y los consejeros de la sociedad González y Ordoñez, se aliaron los enemigos acérrimos para sacar a la Directora Ejecutiva del cargo, tomando como primera medida eliminar el Area de Regiones, el Area de Capacitación y cesantear a más de 60 personas y, lo más grave, desmontar el Proyecto Estratégico de Protección del niño y convertir el CND en un verdadero saco de gatos, ingobernable, deshaciendo lo que seis meses antes habían aprobado y estaba construido.

Desde el momento en que Noris Pérez, Ramón González, Lenin Romero, Anahí Arismendi y sus respectivos grupos se aliaron transitoriamente no sólo para botar a Marisela Andrade sino destruir el CND, comenzó a morir el Consejo. Una alianza contra natura, absurda promovida por la presunta bolivariana Noris Pérez con sectores políticos del entonces MAS-menos, Bandera Roja, AD y sectores oscurantistas, confesionales y contrarrevolucionarios. Rota la alianza, fuera del Consejo el único y sólido contrapeso, los tres grupos se lanzaron a una lucha a muerte por el poder y control de la institución, sin preocuparles para nada niños y adolescentes, destruyendo finalmente el CND como en efecto ha ocurrido.

Casi desde el momento mismo de nuestra salida del CND en enero de 2002, alertamos al gobierno de la grave situación que vivía esa institución y de la necesidad de ser intervenido, presentando un plan de política de Estado que permitiera sanear el Consejo, que los Ministerios impulsaran en verdad las políticas de esos entes a nivel de niños y adolescentes a través de sus representantes, que no pocas veces votan junto a la contrarrevolución contra las políticas públicas. Nuestras denuncias de entonces no fueron escuchadas y ¿qué ocurrió durante todo el año 2002 y lo que va de 2003? Se profundizó la lucha por el poder, por el control del consejo y de su abultado presupuesto, el Consejo se alejó más y más de sus objetivos, de las políticas de protección para lo que fue creado, de manera que resulta grotesco y de un farisaísmo inadmisible esta tardía declaración de algunos directivos y consejeros del CND. Para colmo, a los consejeros de la sociedad se les venció su período en abril de 2002 y violando la LOPNA han permanecido en los cargos y todo el mundo se pregunta ¿quién los eligió para continuar allí y para tomar decisiones circunstanciales como autoelegirse?

Pretender responsabilizar a la ministra de Salud, Dra. María Urbaneja, del deterioro y derrumbe del CND es el colmo del cinismo. Sabían, los que ahora se rasgan las vestiduras, quienes eran el grupo confesional y reaccionario que encabeza la consejera Anahí Arismendi (mimetizada ahora al bolivarianismo) y su disposición a tomar el control total del Consejo para transferir sus competencias a los sectores que siempre se han lucrado y han manejado las políticas de la infancia. Todos conocían las maniobras y ambiciones del grupo Lara.

Con su período vencido desde hace más de un año, los consejeros de la sociedad antes que buscar la legitimación de un proceso de renovación y elección de nuevos consejeros, se han atornillado en los cargos –donde cada asistencia a las reuniones del cuerpo de consejeros la cobran a 400 mil bolívares– y han hecho del CND desde un Rin de boxeo hasta una gallera de arrabal. Pero, igualmente, resulta írrita e ilegal la elección de una Junta Directiva espuria, de una nueva Directora Ejecutiva incompetente, cuando todos los Consejeros y Consejeras tienen vencido, como dijimos, el período hace más de 15 meses. Las decisiones que tomen serán nulas de todas nulidad.

El gobierno no puede ni debe cohonestar ingenuamente la maniobra de la derecha confesional por pensar que tiene el control del CND, desplazando a otro grupo gubernamental, apoyándose en un grupo de la sociedad totalmente ilegítimo y absolutamente corresponsable de todas las calamidades que presenta el Consejo. El CND actual está herido de muerte y su salvación está en una inmediata intervención por parte del Ejecutivo y en una revisión de todas sus políticas, en la adecuación urgente de la LOPNA a la Constitución y después, que la sociedad participe en un proceso electoral para elegir los consejeros.

A Marisela Andrade la anterior directiva le ha hecho una verdadera cacería de brujas, una persecución inaudita que pretende quebrarla en su condición moral y negarle sus méritos y capacidad y los únicos logros que puede exhibir el Consejo, y nos preguntamos: ¿por qué no se hizo una investigación de contraloría a la gestión de la señora Martha Rodil y se hace ahora la de Rosauro León para ver hasta dónde había pulcritud o destapar la caja negra del CND?

El CND bajo la conducción de Noris Pérez y de Ramón González deja demasiado que desear y, en su conjunto, la dirección del cuerpo de consejeros no resiste una investigación medianamente seria de estos tres años. Es una institución en crisis, derrumbada, deslegitimada, disminuida, virtualmente inexistente y que le ha costado al país miles de millones de bolívares perdidos, y que pone, además, en evidencia desde incapacidad hasta mala fe, desde ineptitud hasta oportunismo político, ese que se pretende atrincherar falsamente en el ideario revolucionario o en el oportunismo opositor de los consejeros que ven llegado el momento de controlar nuevamente el Consejo.

El gobierno debe, finalmente, asumir en verdad su papel rector en la vigilancia e implementación de las políticas públicas, intervenir ya el CND desde la perspectiva que le propusimos en febrero de 2002 un grupo de ex trabajadores del Consejo, conocedores a fondo de la grave problemática de ese organismo, con la propuesta estratégica presentada entonces. Se ha perdido un tiempo precioso, que redunda en la no solución de la problemática de la niñez y de los adolescentes y la agudización de las injusticias al no construirse el Sistema de Protección, pero, igualmente, el gobierno debe tener claro que este grupo de consejeros que ahora claman por la intervención, tienen total y absoluta responsabilidad en esa crisis y no pueden pretender, porque saquen un comunicado tardío y cuando han cometido una interminable carrera de desaciertos, errores y graves injusticias, salvar su responsabilidad fundamental en el la crisis y el caos en el CND, crisis, mala administración y caos que ellos mismos, y el conjunto de los consejeros, generaron.

El Gobierno debe investigar al CND y hacerlo bien a fondo, hasta sus últimas consecuencias, porque el daño hecho por los consejeros de la sociedad, por las presidencias y vice presidencias de Ramón González, Anahí Arismendi, Lenin Romero y Noris Pérez, es de magnitudes incalculables y esa nefasta caja negra debe ser destapada.

Caracas, 15 de junio de 2003

Andrés Blanco, Humberto Gómez García, Zaida Alberto, Luis Lima, Emma Hermoso, Américo Mavare, Sergio Carlos Campocaso.