Desde 1999, inmediatamente después que Hugo Chávez asumiera la Presidencia del país, comenzó la conspiración para sacarlo del poder, cuya primera etapa culmina con los sucesos ocurridos en el mes de abril pasado. El golpe fracasa por la acción del pueblo y de la Fuerza Armada, pero el odio antichavecista, por una parte, y la impunidad producto de la inacción gubernamental, por la otra, permiten que la conspiración continúe, incluso en una forma mucho más descarada, agresiva y beligerante. Dentro de las estrategias utilizadas, la organización de un golpe económico ha estado presente desde el principio, pues significa una manera muy eficiente de aniquilar el proceso en curso y abrir una opción clara de salida del presidente Chávez, en una forma limpia si se quiere. Se trata en esencia de llevar al gobierno a tomar una serie de decisiones económicas, financieras y fiscales, que lejos de resolver nuestros problemas los agraven en el mayor grado posible, de manera de producir un efecto devastador en los asalariados, los sectores pobres y las capas medias, bases populares soportes del Presidente. Esto reduciría sensiblemente el apoyo al proceso y al gobierno, lo que lo haría fácil víctima de otras acciones opositoras: institucionales o no. Las medidas o decisiones en cuestión serían propuestas o sugeridas por los organismos técnicos competentes del aparato burocrático del Estado o serían el resultado de decisiones del Ejecutivo, basadas en informaciones falsas o distorsionadas. Para ello, estas oficinas tenían que ser infiltradas por una serie de funcionarios, economistas muchos de ellos, bajo un disfraz técnico o profesional, trabajaran para la conspiración.
Esta infiltración se dio en diferentes momentos y hoy tiene como focos principales de la conspiración a la Oficina de Programación y Planificación Macroeconómica (OPAM) creada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección de Crédito Público ambas del Ministerio de Finanzas, a la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central; a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y cierra el círculo PDVSA, donde varias de sus unidades manipulan cifras y escenarios que impiden al Gobierno actuar adecuadamente. Las "visiones técnicas" de estos supuestos peritos se han venido imponiendo con facilidad, ante ministros de la economía con poco conocimiento de los temas de finanzas públicas, políticas macroeconómicas y economía misma.
No estamos inventando ni excusándonos ante situaciones insanas del momento, como algunos pudieran creer. Ya hay casos concretos de lo señalado que se pueden comentar. Así, la creación de la "Oficina de Manejo o Gestión de la Deuda" en el Ministerio de Finanzas, era un proyecto que permitiría enfrentar el problema de los vencimientos de las obligaciones externas y generar la capacidad para que el Estado cumpliera en su momento, fue saboteado por enemigos del gobierno infiltrados en el aparato económico estatal.
En su lugar, se crea la Oficina Nacional de Crédito Público, que no alcanza a la idea inicial y que en cualquier caso quedó en poder de los conspiradores. El resultado ha sido que no se llevaron a cabo ni la estrategia de aplanamiento de la deuda, ni la operación de canje. Erróneamente se recurrió a deuda a corto plazo y la deuda interna se convierte en tres años en un problema terrible. Lo insólito es que la conducción de estas estrategias financieras estuvieron en manos de expertos en la materia provenientes de PDVSA y prestados al Ministerio de Finanzas.
Este año hemos vivido una situación de flujo de caja en la Tesorería de la República muy grave, que ha comprometido el otorgamiento oportuno de los recursos nacionalmente. En el caso de las universidades ha sido particularmente desastroso, con la producción de paralización frecuente de las actividades. No sabemos hasta dónde buena parte del problema habido es simplemente parte del desarrollo del golpe económico, que ha creado la posibiidad de un conflicto huelgario en las instituciones educativas superiores, que se añada a las otras acciones conspirativas planificadas. El mismo hecho de que en la planificación presupuestaria vigente se haya utilizado el endeudamiento para el financiamiento de gasto corriente, cuando esto es prohibidio por el ABC de la economía, también es un elemento a considerar como dentro de estos planes golpistas macabros.
