El artículo primero de la Constitución Bolivariana subraya, con toda intencionalidad del legislador, que la República Bolivariana de Venezuela “es irrevocablemente libre e independiente”. Este principio no es original de la Constitución de 1999. Ha sido recogido, casi de manera invariable, en todas las Constituciones a partir de 1811.
El embajador Shapiro parece ignorar este principio. El artículo primero de la Constitución Nacional no es una declaración retórica. Expresa la determinación de los venezolanos de vivir en un país libre e independiente. De no ser colonia de nadie, de no subordinarse a potencia alguna.
¿Acaso el Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica respeta el artículo primero de la Constitución de los venezolanos? Los más recientes pasos del embajador Shapiro constituyen una intolerable ingerencia en cuestiones que atañen exclusivamente a los venezolanos y a las venezolanas. Si, exclusivamente a los venezolanos y a las venezolanas. No es nueva esta actitud del representante de la diplomacia norteamericana. Ya en abril del 2002, durante el golpe de Estado, el Sr. Shapiro llevó a cabo actividades relevantes que lo identificaron con los golpistas. Organizaciones norteamericanas recibieron su aliento para hacer contribuciones financieras que alimentaron el atentado contra la Constitución y la soberanía popular. Naves y helicópteros norteamericanos merodearon por las costas venezolanas en extrañas maniobras, precisamente cuando el Presidente de los venezolanos era secuestrado y posteriormente desterrado a una isla a merced de cualquier aventura extranjera. Existen testimonios de declaraciones comprometedoras. Cuando los gerentes petroleros se alzaron a fin de decapitar la economía nacional, encontraron respaldo político en la Embajada Norteamericana. Con frecuencia altos funcionarios de Estados Unidos hacen manifestaciones hostiles contra al Gobierno Nacional con el abierto propósito de causar daño internacional a Venezuela.
Ahora el Sr. Shapiro pretende que una empresa encubierta del Departamento de Estado, seguramente dentro del engranaje de la CIA, lleve a cabo labores de fiscalización y verificación de las actividades del Consejo Nacional Electoral. Se necesita una abundante dosis de desprecio por el sentimiento nacional de los venezolanos para suponer que un acto de soberanía nacional puede ser verificado por una empresa manipulada por servicios de inteligencia.
