La aberrante práctica de violar los derechos humanos no está,
lamentablemente, reducida a organizaciones terroristas y a gobiernos
dictatoriales, como con descaro intentan hacernos creer los grandes
medios de comunicación. Mucho menos resulta cierta la matriz de
información que reduce la violación de dichos derechos a la represión y
violaciones de las llamadas “libertades democráticas”.

Cada vez es mayor el número de países en los que el derecho a la
educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, etc. dejan de ser
considerados como tales por los gobiernos.

La ideología neoliberal ha convertido esos derechos en negocios,
negándole, por ejemplo, el derecho a vivir a un paciente que no disponga
de 300 dólares diarios, para hacerse las diálisis que su enfermo
organismo le exigen.

Es, entonces, por definición el capitalismo una sociedad donde se violan
de “forma legal” los derechos del hombre.

El derecho al trabajo, por ejemplo, es violado en las sociedades
capitalistas, para proteger los intereses de los empresarios. Estos
requieren de un ejercito de desempleados que ponga freno a las
aspiraciones de aquellos que afortunadamente consiguieron empleo.

Ahora, más allá de esa forma inhumana, y grotescamente legal, de violar
los derechos del hombre en la sociedad capitalista, hoy avanza
peligrosamente la tesis de que adicionalmente los gobiernos pueden y
deben violar derechos humanos como la vida, si de acuerdo a la
apreciación de algunos funcionarios, se defiende con ello la seguridad de
la nación.

En los Estados Unidos de América, por ejemplo, es completamente legal que
un ciudadano de cualquier nacionalidad sea apresado sin orden judicial e
incomunicado indefinidamente, sin concederle la oportunidad de obtener
asistencia legal.

Como si ello no bastara, el referido ciudadano puede ser torturado hasta
que muera o confiese lo que los funcionarios quieren oír.
Lo peor es que si el pobre diablo sobrevive a la tortura, puede ser
condenado a muerte por los tribunales, pues la confesión arrancada a la
fuerza es considerada válida en cualquier tribunal.

Del mismo modo que los neoliberales lograron que la violación de los
derechos humanos mediante la privatización de la salud, la educación y
el acceso al agua potable, fuese vista como normal por la sociedad; hoy
se esfuerzan en que veamos como normal la práctica fascista del uso de la
violencia criminal por parte del Estado.

Se trata de un problema de supervivencia para ellos. Necesitan que el
mundo gire en un sentido diferente, pues sienten que los pueblos
despiertan y les urge dotar al Estado de un poder legal que le permita
poner freno a ese despertar.

Hasta ahora pareciera que han tenido relativo éxito, pues en el país más
poderoso del planeta el Presidente convierte en legal la violación de los
derechos humanos y la sociedad ese país no reacciona, como tampoco lo
hace la sociedad del planeta ante el genocidio que se comete en Iraq,
Afganistán y Palestina.

La práctica se universaliza a través de naciones satélites del imperio
que violan con descaro el derecho internacional, si reciben una orden en
ese sentido del presidente de los Estados Unidos.

Allí está el caso de Colombia donde a una buena parte de la sociedad ya
le parece normal que el gobierno haya recurrido a través de los
paramilitares a la violación, tortura, asesinato y genocidio.

No es casual que funcionarios colombianos hayan secuestrado en territorio
venezolano a Granda; que amenacen con venir a Venezuela a detener al
alcalde de Maracaibo por sus presuntos vínculos con la guerilla; que
violen el territorio ecuatoriano para asesinar guerrilleros y
estudiantes, que se hagan los sordos antes las muertes que ocasionan a
Ecuador sus fumigaciones, ni que impidan a pescadores nicaragüenses hacer
su trabajo en sus propias aguas.

¿Qué sería del mundo de hoy si no existiera un Chávez luchando como un
Quijote contra esa y otras tantas monstruosidades?