El llamado del presidente Chávez a la FARC para que libere a los secuestrados como un gesto de buena voluntad para activar y motivar propósitos serios hacia salidas políticas del conflicto colombiano que ya lleva más de cincuenta años, es un acierto de muy altos quilates que se inserta en lo que ha venido siendo la política exterior venezolana con el hermano país, de constituirse en coadyuvante y servidor a tiempo completo, si fuere necesario, junto a otros países del mundo, para que Colombia alcance lo más pronto posible la paz.
Efectivamente, si examinamos la conducta venezolana en esa materia en el último tiempo, vemos que está signada por una expresa voluntad de ser facilitador y/o mediador de buena voluntad entre el gobierno y la guerrilla, al punto de que con beneplácito de la Casa de Nariño, logró en enero pasado la liberación de los primeros dos secuestrados y un mes después, cuatro más, con lo cual mostraba su capacidad cierta como contribuyente efectivo en su papel de interlocutor válido ante este drama de guerra que vive Colombia.
De manera que al hacer este llamado al grupo guerrillero, el presidente Chávez da otro paso importante que le permite a este ejército irregular, bajo la conducción de su nuevo Comandante, Alfonso Cano, examinar con mucha mayor facilidad estratégica la conveniencia de acordar, sino todas las liberaciones de los secuestrados, al menos la de los civiles y de aquellos militares que se encuentran afectados en su salud y/o que ya guardan cautiverio por más de una década, sin condiciones de índole alguna. El resto, es posible que opte por retenerlos en la idea de mantener sobre la mesa la propuesta del “canje humanitario” a fin de que sus efectivos que hoy se pudren por cientos en las cárceles de Colombia, tengan la esperanza de recobrar igualmente su libertad.
El presidente Chávez también incluyó en su llamado a la FARC Ep, prácticamente, a que cesen sus actividades de insurgencia, alegando para ello, como de forma muy abierta lo dijo, que los movimientos guerrilleros pasaron a la historia y que, por el contrario, hoy por hoy constituyen una perfecta excusa para que el imperio norteamericano sostenga su política de agresión a nuestros países con el manido argumento de la lucha implacable contra el terrorismo.
Sobre esta última propuesta, hay mucha tela que cortar. Las estrategias y tácticas de lucha en cualquier terreno no es posible que puedan ser suprimidas jamás como opciones válidas de lucha de los pueblos por su liberación, así como tampoco negar que alguna de sus formas de expresión, como lo pudiera ser la insurgencia armada, se convierta no sólo en la opción necesaria, sino en la única que pudiera imponer una determinada situación política, en un momento dado y en un lugar determinado. Tal opción no surge del azar, es producto sólo y únicamente de un contexto general de múltiples aristas de todo calibre en el orden social, económico y político, donde toda otra alternativa de lucha está claramente cerrada.
¿Pudiéramos, acaso, llegar a la honesta convicción de que la Colombia secuestrada por una clase política corrupta, cómplice hasta los tuétanos de las mafias asesinas del narcotráfico y del paramilitarismo, responsable de cuatro millones de desplazados, de los cuales casi el 45% fueron obligados a abandonar sus espacios de vida durante el primer gobierno de Uribe Vélez (cifras de la Consultoría de los Derechos Humanos de Colombia, Codhes); que entre el año 2002, año de la llegada de Uribe a la presidencia y la presente fecha, cuatrocientos líderes sindicales han sido asesinados por el sicariato, 1.300 han sido amenazados (sólo el 3% de los homicidios ha sido esclarecidos) y que en lo que va de año, la cifra ya va por 24, así como 12 de quienes organizaron la marcha contra el paramilitarismo y el narcotráfico en abril pasado han corrido la misma suerte, o que, por si fuera poco, mantiene vínculos militaristas del mayor descaro con los Estados Unidos, país al que le ha permitido instalar tres bases militares, cuyos efectivos actúan a la libre en el país, hacen los que les viene en gana bajo la protección de que no pueden ser juzgados en Colombia, constituyendo todo ello una terrible afrenta a la dignidad y soberanía del pueblo colombiano, así como una amenaza real y cierta para la estabilidad de la región, no son razones más que suficientes como para que se mantenga en pie de lucha el esfuerzo de insurgencia de las FARC-Ep frente a ese terrible estado de cosas en el país hermano?
Desde nuestra óptica, esas son razones que nos llevan a pensar que, por ahora, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-Ep) no abandonarán su lucha, en la que, por otra parte, llevan más de cincuenta años. De otra parte, en el supuesto negado de que resuelvan unilateralmente cesar el conflicto y rendirse con todas las consecuencias que ello supone para la vida y la seguridad de sus integrantes, tenemos que tener muy en claro que nuestro país seguiría siendo el mayor bocado que aspira tragarse el imperialismo yanqui en el más corto plazo, pues no debemos olvidar, ni por un segundo, que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo.
Está amplia y perfectamente demostrado históricamente que los Estados Unidos nunca han necesitado excusas y menos explicaciones de ningún tipo que dar para invadir todo aquello que se les ha antojado en esta nuestra extensa geografía Latinoamericana, desde el Río Grande hasta la Patagonia, tantas veces como lo han querido hacer, para el beneficio exclusivo de sus intereses económicos, sin importarles un bledo el trágico saldo de sangre y lágrimas que esas agresiones le han dejado a nuestros pueblos.
oliverr@cantv.net
