Hemos sido testigos, luego de la publicación por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) del libro “La exclusión de los pobres de la educación superior de Venezuela” de Eduardo Morales Gil, de un intento de descalificación de su contenido y sus conclusiones, por parte de sectores ligados a la Universidad Central de Venezuela. La UCV no quiere sentirse culpable de un fenómeno que ya en 1994, es decir hace 10 años, había sido asomado como en desarrollo por la unanimidad de los miembros del propio Núcleo de Secretarios del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Ese núcleo tuvo también el acierto de proponer correctivos en la admisión, para reducir los efectos perversos que se venían produciendo por causa, óigase o léase bien, de los mecanismos selectivos internos de las instituciones. La proposición fue que se dejara en manos de la prueba del CNU-OPSU la escogencia de por lo menos el 30 por ciento de los nuevos ingresos a las universidades. Esta proposición, aprobada unánimemente por el CNU, fue siempre incumplida por las universidades, las cuales ya en 1998 escogían, a través de sus pruebas internas, el 87,5 por ciento de todos los ingresos.

El argumento principal usado contra las conclusiones del libro de Morales Gil es que los pobres no ingresan a las universidades porque no se presentan, no se postulan, es decir no aspiran a ingresar y, por lo tanto, es un problema de ellos y no de las instituciones. Resulta que ésa es precisamente una de las formas de exclusión existente: la autoexclusión que, cuando se produce por situaciones que se le imponen al aspirante, es decir por realidades contra las cuales éste no puede luchar, es una consecuencia de estas situaciones y realidades y no responsabilidad o culpa del aspirante pobre, como opinan estos nuevos “expertos” de la admisión estudiantil. Lo que esta autoexclusión significa es que las dificultades para el ingreso son de tal magnitud que les impide a los propios aspirantes poder realizar el intento y, por lo tanto, se ven excluidos. Así, las pruebas internas se ejecutan en las sedes principales de las universidades, no se hacen descentralizadamente, por lo que excluyen al pobre que vive lejos, quien no puede pagar el transporte, ni al alojamiento, ni su manutención, para acudir a inscribirse, primero, y a presentar, después, las numerosas pruebas de admisión que tiene cada universidad. Vista así, la responsabilidad de las universidades es clara y grande, pues han hecho del proceso de admisión una cadena de dificultades tan grande que presiona y produce la exclusión de los grupos socio económicos mas vulnerables.

“Descubrieron” también en la UCV que la más grave forma de exclusión es la que se produce para llegar a ser aspirante desde que se nace. Si hubieran leído mi trabajo en la Revista Venezolana de Gerencia (Año 7, N° 17, pp 36-48, 2002) se hubieran ahorrado tiempo y elucubraciones. Los muy pobres son el 40 % de la población y sólo son, aceptemos las cifras dadas por la UCV, el 2 % entre los aspirantes: se redujeron 20 veces desde que nacieron hasta que llegaron a ser aspirantes a ingresar a una universidad. Eso no es nuevo, les repito. Lo que no dicen es que hace 20 años a ese dos por ciento que aspiraba se lo trataba igual en la selección que a los aspirantes de los otros sectores socioeconómicos. Así, ingresaban en términos porcentuales en igual magnitud que los de los otros niveles. En aquel momento se escogían por CNU-OPSU el 70 por ciento de los ingresos. Hoy, en cambio, por mucho que traten de ocultarlo, de los niveles privilegiados entra una proporción de quienes aspiran muchísimo más grande que de los sectores bajos; es decir se discrimina a los pobres en la selección, además de la discriminación que ocurre previa a la admisión universitaria. Si se hubieran leído otro trabajo nuestro, publicado en la Revista de Pedagogía de la UCV (XXI(62): pp 273-291, 2000) se hubieran ahorrado explicaciones absurdas.

En una parte de su declaración, Jesús González por fin acepta que es verdad que la demanda satisfecha de los estratos más altos es mayor que la de los estratos bajos, pero de inmediato soslaya la importancia de ese hecho para afirmar que la demanda satisfecha de los sectores bajos por CNU-OPSU es menor que la de los mecanismos internos de la UCV. No da cifras ni referencia ninguna. Yo le voy a dar una referencia de otro de nuestros trabajos, también en la Revista de Pedagogía (XXII(64): pp 219-241, 2001) en la que las cifras oficiales nacionales demuestran precisamente lo contrario: la prueba del CNU no discrimina socialmente, ni regionalmente, ni por la dependencia del plantel del aspirante. Pero quiero llamar también la atención sobre dos observaciones contradictorias de Jesús González. En una parte dice “la UCV jamás ha substentado sus procesos de admisión en criterios que privilegien algún estrato social en perjuicio de cualquier otro” (El Nacional, 15-12-2003) pero en otra parte dice que el porcentaje de aspirantes muy pobres que ingresa a la UCV es mayor que el que ingresaría por CNU-OPSU y que eso se debe al Programa Samuel Róbinson, “cuyo propósito es privilegiar la participación y oportunidades a los aspirantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos menos favorecidos”. ¿En qué estamos entonces? ¿Tienen procesos que privilegian a algún estrato social o no los tienen? ¿Y si los tienen? ¿Será que en algún momento se dieron cuenta que la UCV sí tenía su parte de responsabilidad en la exclusión y trataron de reducirla o compensarla por esta vía? A confesión de parte...