En enero del año 2002 las reservas internacionales de Venezuela se ubicaban en 18.3 millardos de dólares. A principios de diciembre ya habían caído a 15.8 millardos. A continuación y en tan sólo dos meses, salieron del país dos millardos de dólares adicionales. Para frenar esta hemorragia de divisas fue necesario establecer un control de cambios. Este control y la recuperación de la industria petrolera permitieron que las reservas ascendieran a su valor actual, de 22.3 millardos de dólares.
Es claro que la decisión de implementar el control de cambios fue la correcta. Pero toda medida tiene sus aspectos negativos. Y una desventaja del control de cambios, como la experiencia de Recadi nos enseña, es su vulnerabilidad a la corrupción.
La discrecionalidad que tienen los funcionarios de la administración para asignar divisas contituye un claro incentivo económico para la acción ilícita. Más aún en un país en el que, como en el nuestro, la administración de justicia es ineficaz.
Dos mecanismos pueden ser utilizados para disminuir la casi inevitable corrupción que se genera: el apego estricto a una normativa que reduzca la discrecionalidad de los funcionarios y la supervisión independiente de los actos de la administración. Es aquí donde se hace necesaria la Contraloría Social.
Una de las funciones de CADIVI es otorgar divisas a estudiantes venezolanos en institituciones del Exterior. Esta función de CADIVI desarrolla en forma explícita el derecho que tiene toda persona a "una educación integral de calidad... sin más limitaciones que las que se deriven de sus aptitudes, vocación y aspiraciones." Ningún funcionario de CADIVI puede limitar este derecho. Sin embargo, como describimos brevemente a continuación, esto es lo que ocurre en la práctica.
Para adquirir divisas para estudiantes hay que seguir los siguientes pasos:
1. En una página en Internet se busca el listado de documentos que deben sustentar la solicitud de divisas.
2. Se recopilan estos documentos, para lo cual es necesario que el estudiante en el extranjero cumpla con un largo y engorroso procedimiento de legalización. Este proceso incluye viajar al Consulado Venezolano más cercano al sitio de estudio. En algunos casos, esto implica un viaje de mas de mil kilómetros.
3. Una vez recopilados los recaudos se llena, en Internet, una planilla donde se solicitan los montos de manutención y matrícula, de acuerdo a los montos especificados en la documentación que sustenta la solicitud. A esta planilla se le asigna un número.
4. La planilla se presenta en un Banco autorizado. El Banco revisa la planilla y la documentación. Si los documentos presentados cumplen con los requerimientos de CADIVI, el Banco da fé de ello y remite la solicitud, a CADIVI.
5. Después de cierto tiempo, en la página de CADIVI en Internet aparecen los montos que fueron asignados, identificados por el número de la planilla correspondiente.
6. El Banco es notificado por CADIVI. El interesado acude al Banco y adquiere las divisas autorizadas. El administrado, es decir, quien solicita las divisas, nunca es notificado, como requiere la ley, del resultado de su solicitud.
¿Cual es el problema con este procedimiento? Que CADIVI rara vez autoriza el monto completo de la matrícula. Si la matrícula cuesta, por ejemplo, $5000.00, CADIVI asigna, digamos, $1000.00, en forma absolutamente arbitraria.
Preguntará un lector: ¿y cómo hace el estudiante para cubrir la diferencia? Se las arregla como pueda, es la respuesta implícita de CADIVI.
Preguntará un lector más acucioso: y si los documentos que presentó el estudiante sirven de soporte para adquirir $5000.00, ¿que pasó con la diferencia? A este lector sólo podemos responderle que su sospecha probablemente coincide con la nuestra.
Un tercer lector, imbuído de los principios revolucionarios de la bichita, preguntará: ¿Y que pasó con el debido proceso, con la responsabilidad de los funcionarios del gobierno, con el derecho a la información, con el derecho a la educación? Quien esto escribe puede responderle que él, imbuído también de revolucionaria fe en la bichita, decidió aprovechar su derecho a dirigir peticiones y a recibir respuesta oportuna de las mismas.
En este sentido se dirigió por escrito, pruebas por delante, al Presidente de CADIVI, Capitán Edgar Hernández Behrens—de esto hace ya casi cuatro meses. Se dirigió también, por vía telefónica, a la Profesora Adina Bastidas, miembra del Directorio de CADIVI.
El resultado: ambos funcionarios han aplicado uno de los principios fundamentales de los gobiernos de la Cuarta: el Medalaganismo. El funcionario que se adhiere a este principio dictamina:
"Yo hago lo que me da la gana y le contesto a quien me da la gana, cuando me da la gana."
Ante lo anterior no nos queda otro recurso que buscar de nuevo en la bichita. Si los funcionarios no responden, entonces es el momento de activar la participación, la Contraloría Social.
Si usted, o alguno de sus conocidos, ha tenido dificultades en la asignación de divisas para estudiantes, por favor envíe un correo a gjmata2002@yahoo.com. El objetivo: organizarnos para desmontar la Caja Negra de CADIVI.
Gustavo J. Mata
Profesor Titular de Física
Universidad Simón Bolívar
