Al asumir el presidente Hugo Chávez funciones de gobierno, la evolución de la situación de inestabilidad política por la que atraviesa Venezuela está ligada tanto a factores de presión externa como de orden interno. Unos, motivados en la posición asumida en el tema de la política energética global, y otros, como reacción a medidas gubernamentales en el campo del desarrollo económico, que han tocado intereses importantes, relacionados con el uso y direc-ción de la renta petrolera.
Quiénes son. El antichavismo se puede identificar como el agrupamiento de los partidos tradicionales, que ocuparon espacios en la vida política de ese país en el pasado reciente; de dirigencias sindicales desacreditadas, y de sectores sociales medios y altos, que por su misma naturaleza se han convertido en un grupo de presión que no expresa ni defiende una visión de país, sino que levanta consignas coyunturales según sus necesidades políticas.
Durante décadas, los partidos políticos y fuerzas sociales que dispusieron del poder público en Venezuela, basaron sus estrategias económicas en función del crecimiento de la industria petrolera y convirtieron al país en un importador neto de su consumo. Lo anterior dio como resultado la consolidación de una estructura social profundamente fragmentada, con una minoría que disfrutó de todas las ventajas generadas por la renta petrolera, y una amplia mayoría que virtualmente quedó excluida.
Al asumir funciones el presidente Chávez en 1998, con un programa de gobierno expuesto durante el proceso electoral precedente, las líneas principales de acción se fundamentaban en la creación de un nuevo orden constitucional y en la promulgación de leyes especiales, que forman parte del paquete fundamental de transformación del país. Entre estas, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Espacios Acuáticos y la Ley de Hidrocarburos han estremecido la estructura de distribución de la riqueza, y sobre todo a los factores de poder que giraban alrededor de la propiedad de la tierra, de la pesca industrial y de la plutocracia que administraba la petrolera PDVSA, como una empresa nacional al margen del Estado venezolano.
El fallido golpe de Estado de abril del 2002, el “paro empresarial” de noviembre y diciembre del mismo año, que pretendió quebrar la economía mediante el sabotaje de la producción petrolera, tienen un patrón de continuidad que se expresa en el comportamiento fraudulento de los mismos actores políticos en la convocatoria de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Chávez y en el rechazo a las decisiones de la autoridad electoral.
Sin retorno. Los actos de vandalismo de los últimos días buscan llevar a la sociedad venezolana a un punto de no retorno que sea la antesala de enfrentamientos de otro nivel de intensidad, que abran paso a una intervención externa. Resulta urgente que los sectores de oposición, que han ido perdiendo en los últimos meses su capacidad de convocatoria, acepten las nuevas condiciones políticas y constitucionales del país, que fueron ratifica-das mediante la expresión soberana de los ciudadanos.
Por la misma naturaleza del modelo instaurado en base a la explotación petrolera, y por las deformaciones sociales y culturales derivadas, los sectores que fueron beneficiarios de tal condición no son proclives a las transformaciones políticas que requiere el país. La ausencia de capacidades de diálogo entre las partes, sobre todo en sectores opositores, en los marcos del sistema institucional, así como la falta de sectores intermedios que lo propicien, nos aseguran que los próximos días serán decisivos en la evolución política de ese hermano país.
FEDERICO PICADO GOMEZ
