Se comete un grave error conceptual al considerar que no existen diferencias fundamentales entre las elecciones de autoridades universitarias y las nacionales que se realizan para cargos de representación popular. Ese error, en el caso de un profesor y de ciertos grupos estudiantiles, los ha llevado a afirmar que el proceso electoral ucevista es inválido y que así lo demandarán ante el Tribunal Supremo. Otros han dicho que evitarán por distintos medios la realización del proceso. Sin lugar a dudas que algunos no quieren aprender y continúan con su radicalismo reaccionario, que favorece a la oposición y separa a las capas medias del gobierno de Chávez. Los cargos de rector, vicerrector y secretario no son cargos de representación popular, por lo que no se le aplican los preceptos constitucionales sobre la materia.
Las autoridades universitarias son representantes de la sociedad universitaria, cuya existencia, funcionamiento y estructura se basan en el conocimiento, a cuyo cultivo se dedica su comunidad. Esta comunidad del conocimiento universal, al igual que otras comunidades del conocimiento como las Fuerzas Armadas y las distintas iglesias, basan su organización interna y su jerarquía en el conocimiento obtenido por sus integrantes, de manera que no todos los individuos tienen los mismos derechos ni los mismos deberes dentro de la comunidad. Así, cualquiera, por más apoyo que tenga, por más simpatías que se le dispense o, dicho en otra forma, por más votos que saque, no puede ser rector, vicerrector o decano, al igual que cualquiera no puede ser general, coronel o comandante, ni tampoco cualquiera puede ser cardenal, obispo o arzobispo, ya que las distintas comunidades exigen en sus representaciones o en sus puestos internos de dirección a quienes tienen el conocimiento requerido a tales efectos.
Al igual que el derecho a ser elegido está determinado por el conocimiento, el derecho a elegir también lo está. No todo el mundo puede votar, ni todos los votos tienen el mismo peso. Muy diferente de cuando se trata de cargos de representación popular para los cuales todos somos iguales, pues la sociedad política no está basada ni organizada ni jerarquizada en función del conocimiento.
Todos podemos votar para Presidente de la República, pero no todos podemos votar para rector de una universidad. Cualquiera, sin importar su grado de instrucción, puede ser diputado a la Asamblea Nacional o gobernador o alcalde, pero cualquiera no puede ser representante profesoral o estudiantil ante el Consejo Universitario. En el caso de las universidades se requiere de una jerarquía para ocupar esos cargos, jerarquía dada por el conocimiento obtenido. Exigir por lo tanto el uno por uno, como si este hecho de por sí garantizara mayor democracia; exigir que voten trabajadores que no se ocupan del conocimiento y que no son miembros constitucionalmente de la comunidad universitaria es un absurdo conceptual.
Por supuesto, que el Gobierno no tiene nada que ver con estas posiciones con recientes hechos violentos ocurridos; lamentablemente, candidatos desatados en una lucha a muerte por el poder pierden su investidura universitaria y realizan acusaciones calumniosas contra el gobierno
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