Lucha contra la corrupción y la ineficiencia reclaman de una mayor voluntad de las más altas instancias de los órganos del Estado…
El presidente Chávez no deja escapar ocasión alguna para abordar el tema de la burocracia perezosa, lenta y muy dañina que nos legó la IV República y que aún sigue viva y muy “activa” en los estamentos del Estado, entrabando y saboteando sin que nadie la pare en seco. Para él esa conducta hace parte de la corrupción, lo cual es absolutamente cierto, pues es tan dañina como esa otra abominable que está detrás del cohecho y de la trampa.
Ciertamente, el Comandante ha sido reiterativo en la necesidad de que las acciones del Estado tienen que agilizarse. No admite, con toda razón, que por formalismos burocráticos innecesarios y menos por negligencia, haya que posponerlas. No se cansa de exigirles a sus colaboradores celeridad y calidad en los planes y proyectos que tienen bajo su responsabilidad, así como el compromiso total de que sus actuaciones sean limpias y transparentes, a prueba de todo tipo de controles.
Paralelamente y más allá de las rutinarias verificaciones numéricas, les ha pedido igualmente a sus gerentes que deben agenciar en sus respectivas áreas, procesos de inspección selectivos y por sorpresa “in situ”, para conocer si ha habido eficiencia en cuando a los tiempos que fueron acordados en los respectivos cronogramas y para corregir a tiempo lo que anda mal e impedir que se cometan fechorías, sea ya por la vía de ordenar pagos en exceso o de obras y servicios que no han sido concluidos o ejecutados al margen de las especificaciones y calidades acordadas.
Pero más allá de esas directrices presidenciales dirigidas a garantizar el éxito planeado y esperado, así como para prevenir las corruptelas, reiteramos, una vez más, la necesidad de que se consideren en las estrategias de lucha contra los corruptos, tareas audaces de inteligencia y contrainteligencia, tal y como ocurre en la lucha contra el tráfico de drogas, pues las mafias, en ambos casos, actúan de igual modo: Mucha complicidad, engaño a montón, soborno a cada paso, pagos en efectivo a través de terceros, etcétera, etcétera, por lo que nada es distinto en ambas modalidades delictivas para hacerse de dineros mal habidos…
Finalmente, consideramos de suma urgencia que se dote a la Contraloría General de un adecuado presupuesto que le permita acordar una política de revisión exhaustiva y rigurosa de las declaraciones juradas de patrimonio de quienes en la administración fungen de gerentes en el manejo de recursos, a todos los niveles, pues estamos persuadidos de que por allí es posible detectar mucha podredumbre y, además, contribuir a reducir los ilícitos contra la cosa pública.
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