El terremoto que aquí desató el “Caracazo” fue el paquete económico de 1989: un conjunto de medidas neoliberales (capitalismo puro) aplicadas por el recién instalado segundo gobierno de CAP, de quien sus electores esperaban más bien un retorno a la “bonanza” petrolera de su primer turno en el coroto. El CAP-candidato había descalificado los programas de ajuste del FMI como una “bomba solo mata gente” y, ganadas las elecciones, el CAP-Presidente se entregó a los dictados del mismo FMI que antes había cuestionado. Venezuela se convirtió en nuevo laboratorio de sus recetas de privatización y “apertura” económica, como antes lo había sido Chile bajo la bota militar de Pinochet. Una dictadura de verdad-verdad.
Con puntualidad británica, exactamente 21 años después, la historia quiso que se registrara un “Chilenazo” el 28 de febrero de 2010: en varios departamentos de aquel país estallaron saqueos generalizados como consecuencia de un devastador terremoto de 8.8 grados de magnitud en la escala de Richter. Además del terremoto en sí, la noticia para muchos fue la existencia de pobreza en Chile, una faceta de la nación sureña invisibilizada hasta ahora para mejor vender el modelo.
Estado de Excepción, toque de queda, militares en las calles. Ciudades como Concepción, la segunda del país y capital del departamento de Bio Bío, convertidas en campos de guerra… En fin, una reacción que evocó la de CAP en 1989.
Hasta el momento de redactar estas líneas las agencias trasnacionales de noticias sólo han informado de un muerto por violencia callejera y 35 detenidos por violación del toque de queda, el cual fue extendido a 18 horas diarias.
Habrá que esperar un tiempo más para conocer toda la verdad acerca de lo que está ocurriendo en las zonas de desastre colocadas bajo el mando del Ejército, el mismo que torturó, asesinó y desapareció a miles en 1973 y años subsiguientes. La cifra oficial de muertes por el terremoto está próxima a superar los 800.
El factor capital
Un excelente trabajo de la periodista Carolina Hidalgo (Ciudad CCS, 01/02/2010), titulado “BCV embarcó ocho toneladas de oro de reservas”, recoge los temas que acaparaban la atención de la prensa en los días previos al Caracazo.
Tras la “coronación” de CAP en el Teatro Teresa Carreño, el nuevo presidente convocó a la “concertación nacional” para aplicar el paquete del FMI. Su ministro de Educación, Gustavo Rossen, venía de Industrias Polar con la explícita misión de privatizar las universidades, lo cual proclamaba sin rubor. Mientras, un pesado cargamento de lingotes de oro fue sacado en gandolas de las bóvedas del BCV, en Carmelitas, para ser embarcadas en La Guaira con destino a Londres. Pedro Tinoco, dueño del Banco Latino y nombrado por CAP como presidente del BCV (zamuro administrando carne), explicó que el oro serviría como garantía de los préstamos otorgados por el FMI. Una parte de los lingotes sería vendida para obtener 100 millones de dólares.
Los precios de los artículos de primera necesidad subieron indiscriminada y velozmente, mientras el aumento del salario fue supeditado a un acuerdo entre Fedecámaras, la CTV y el Gobierno. “El salario mínimo quedó reducido al valor de dos kilos de tomate”, titulaba Últimas Noticias. El Gobierno podía decretar unilateralmente un aumento, pues es una de sus atribuciones, pero CAP enarbolaba el diálogo y la concertación. Una política razonable y civilizada entre semejantes, pero brutal cuando se dialoga y concerta con hienas hambrientas de insaciable afán de lucro. La consecuencia fue brutal. Los empresarios pretendieron sacar ventajas sin límite de su participación en el diálogo. Decidieron condicionar la aprobación de un nuevo salario mínimo a que el Gobierno les reconociera un conjunto de cartas de crédito que les había extendido el gobierno anterior, de Jaime Lusinchi, por 7 mil millones de dólares. Ni el FMI recomendaba tal concesión, pues su receta contemplaba dólar libre para todo el mundo y los empresarios venezolanos querían pagar la divisa más barata que el resto de los mortales. Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, sin embargo, estiraron la cuerda hasta reventarla. La CTV, como bien apunta Carolina Hidalgo, acompañó a la camarilla empresarial en su chantaje. “No reconocer las cartas de crédito generará desempleo”, aparece declarando el dirigente sindical César Gil en El Nacional del 16 de febrero.
Es así como los aumentos de la gasolina, del pasaje y de los alimentos entran en vigor sin que el diálogo y la concertación rindiesen sus frutos en forma de un aumento del salario mínimo que, mal que bien, paliara los efectos del “ajuste”.
Sólo el inesperado estallido popular del 27F lubricó la postura de Fedecámaras, que enculillada ante la revuelta olvidó su terquedad y aceptó que el salario mínimo subiera a 4 mil bolívares.
Dejar hacer, dejar pasar
El “Chilenazo” de estos días se produce luego del triunfo electoral de la derecha, cuando ni siquiera ha asumido el mando el presidente y acaudalado empresario pinochetista Sebastián Piñera. Lo recibirá de manos de Michele Bachelet, una mujer de izquierda ligth que pasó por la presidencia sin confrontar las bases del sistema político-económico heredado de la dictadura, de la cual Chile en muchos aspectos aún no ha salido. Milita Bachelet en un partido que se proclama socialista, pero que de tal sólo le queda el nombre y el recuerdo de Salvador Allende.
Los reportes de la prensa alternativa describen cómo el terremoto sorprendió a los chilenos con un Estado desmantelado por las privatizaciones y la doctrina del dejar hacer, dejar pasar. Un Estado que aparece rogando a los comerciantes que abran sus locales y vendan los productos de primera necesidad al pueblo. Éste, desesperado ante las santamarías cerradas, o indignado por la miseria de los inescrupulosos que pretendieron aprovechar el terremoto para aumentar sus precios, decidió abrirlas para tomar sin pagar lo que necesitaba y lo que no también. Ahora a todos los llaman por igual vándalos y delincuentes. Como aquí hace 21 años.
Conviene mirar ese espejo chileno, y el venezolano de 1989, sobre todo cuando aquí y ahora alguna gente de izquierda, con razones válidas para criticar desviaciones, vicios y pasivos de la Revolución Bolivariana, parece plantearse como alternativa el camino “políticamente correcto” de Michele Bachelet, anteponiendo banderas como el diálogo y la reconciliación a las de justicia social y transformación revolucionaria de la sociedad. Ya la atribulada mandataria chilena demostró cómo, proclamándose de izquierda, y con la mejor de las intenciones, puede alguien terminar siendo funcional a la derecha.
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