La Habana, 22 de agosto. El presidente interino de Cuba, Raúl Castro, ordenó nuevas medidas disciplinarias para dirigentes y funcionarios, en un nuevo intento por frenar la corrupción en la esfera estatal, según un decreto publicado en la Gaceta Oficial.

La corrupción administrativa, el robo y el desvío de recursos estatales son algunos de los problemas sistémicos que enfrenta Raúl Castro, el general de 76 años con fama de pragmático que gobierna Cuba desde que su hermano Fidel enfermó hace un año.

El nuevo “régimen disciplinario” para los cuadros directivos sanciona violaciones que van desde las ausencias y llegadas tarde al trabajo hasta la pérdida o robo de bienes materiales del Estado.

Los jefes serán considerados responsables “colaterales” aun cuando no tengan participación directa en hechos delictivos. El decreto de ley entrará en vigor a partir del primero de septiembre.

Otro decreto firmado por Raúl Castro y publicado el pasado martes reforzó el control de la responsabilidad social de los trabajadores sobre la propiedad de las empresas estatales, y sanciona a los infractores con descuentos salariales.

Más de 90 por ciento de la economía cubana es controlada por el Estado, que coexiste con un extenso mercado negro alimentado con bienes sustraídos al gobierno.

A finales del pasado año, el gobierno interino de Raúl Castro exigió mayor disciplina laboral para garantizar la continuidad del socialismo en las condiciones de fuerte deterioro económico y social que vive Cuba desde el colapso político de la Unión Soviética, en 1991.

Un nuevo código de disciplina laboral que aspira a acabar con el ausentismo y la flexibilidad en los horarios laborales debía entrar en vigor en enero, pero fue postergado hasta abril debido, en parte, a la falta de transporte público para cumplir la extensión de horarios de trabajo.

En el plano externo, Cuba acusó nuevamente a Estados Unidos de violar los acuerdos migratorios al facilitar el asilo político en Hungría de 29 cubanos detenidos al intentar ingresar ilegalmente a Florida, y que habían sido recluidos en la base naval estadunidense de Guantánamo.

El canciller Felipe Pérez Roque señaló en una declaración publicada hoy por Granma que Hungría es un “lacayo” de Estados Unidos que “prostituye” el asilo político, al referirse a 29 de los 44 balseros detenidos en los últimos años, que tras ser remitidos a Guantánamo recibieron asilo político de Hungría el pasado fin de semana.

“¿Será acaso por eso que el imperio se los traspasa al lacayo, con cursos de idioma húngaro, ropa de invierno y pago de alojamiento por un año incluidos?”, ironizó el canciller Pérez Roque.

La Habana reiteró que al no devolver a esos emigrantes Washington “viola flagrantemente otra vez” acuerdos migratorios de 1994 en que se comprometió a entregar 20 mil visados a cubanos por año y repatriar a quienes sean interceptados en el mar.

La Habana acusa a Washington de estimular las salidas ilegales con la Ley de Ajuste Cubano (1966), que otorga residencia definitiva y facilidades laborales a los cubanos que lleguen por cualquier vía a Estados Unidos.

Tras la llamada “crisis de los balseros”, cuando alrededor de 36 mil cubanos partieron en precarias embarcaciones hacia Estados Unidos, ambas naciones firmaron los acuerdos de 1994.

Mientras, Ramsey Clark, ex fiscal general de Estados Unidos, elogió hoy aquí el apoyo de las asociaciones de abogados de varios países en la audiencia sobre los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, celebrada recientemente en la Corte de Apelaciones de Atlanta.

La presencia de esos juristas y de muchas personas de Estados Unidos fue calificada por Clark de muy importante, pues es una muestra de la solidaridad que esos luchadores de la isla despiertan en la comunidad internacional.

“Los cinco”, como se les conoce, fueron sancionados en 2001 a injustas condenas que van desde varias cadenas perpetuas hasta 15 años de privación de libertad y sometidos a difíciles condiciones de encierro por delitos que no cometieron.

Por último, el disidente Armando Betancourt fue excarcelado por las autoridades de Cuba después de cumplir una condena de un año y tres meses por desorden público, informó este miércoles la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.