inSurGente (J.L).- El Gobierno de Estados Unidos, liderado por George W. Bush, ha presentado en el Registro Federal un proyecto denominado 'Sistema de Control de Colaboradores' (Partner Vetting Sistem-PVS) que pretende obligar a las entidades que reciben fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) a facilitar los datos de los colaboradores en sus proyectos. En una carta remitida la semana pasada por el presidente de Interaction, Samuel A. Worthington, a los responsables del citado proyecto de USAID, que prevén su entrada en vigor el próximo 27 de agosto, la alianza de ONG estadounidense afirma que esa iniciativa "pone en peligro la vida de los ciudadanos estadounidenses que participan en actividades humanitarias en el exterior". Añade que "si son percibidos como una extensión de los servicios de espionaje, los ataques terroristas contra ellos no harán sino aumentar".
Agencias/inSurGente.-
La mayor alianza en EEUU de organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias que trabajan en el exterior, Interaction, cree que el proyecto del Gobierno para recolectar datos de sus cooperantes aumentará el riesgo de ataques terroristas "al ser percibidos como una extensión" del espionaje.
El reglamento que USAID pretende sacar adelante exige, con el pretexto de prevenir el desvío de fondos a organizaciones terroristas, que las entidades a las que subvenciona proporcionen los datos personales de todos aquellos que proponen o solicitan acuerdos financiados por la agencia estadounidense que canaliza la ayuda humanitaria internacional.
El presidente de Interaction, que recuerda que las organizaciones agrupadas cuentan con el masivo apoyo de los estadounidenses como prueban los "5.000 millones de dólares que reciben anualmente de millones de personas" en el país, solicita la retirada del reglamento para evitar tensiones indeseables y recursos judiciales.
Leyes de privacidad en otros países
Worthington lamenta la falta de diálogo del Gobierno estadounidense en esta iniciativa, pese a las promesas de consultas previas formuladas ante el Congreso, y destaca que el reglamento supondría el desvío de su esfuerzo en labores burocráticas de una "cuestionable iniciativa".
Entre otros argumentos en contra del proyecto, subraya la posibilidad de violar las leyes de privacidad en otros países, lo cual expondría a los miembros de sus organizaciones al riesgo de verse imputados en los tribunales de justicia.
Igualmente, destaca la más que probable negativa de muchos cooperantes y empleados estadounidenses a ver sus datos personales incorporados a una base de datos "que aparentemente va a ser compartida con organismos de la seguridad estadounidense y sus servicios de espionaje".
Encima, -prosigue la misiva- los afectados desconocerán su situación en esas revisiones de "seguridad" ante la negativa de USAID a clarificar si han pasado o no el citado control, lo que les deja en total indefensión por la falta de un "efectivo recurso" en el supuesto de pérdida de empleo o convenios de colaboración.
