La Paz, 1° de junio de 2008 / El ministro de Gobierno boliviano, Alfredo Rada, aseguró este domingo que los habitantes de los departamentos de Beni y Pando, donde se realizaron consultas sobre estatutos autonómicos, han rechazado la propuesta redactada por las autoridades departamentales y grupos civiles.
Durante una rueda de prensa, Rada afirmó que "el norte de Bolivia ha rechazado estos estatutos autonómicos", celebrados fuera de todo marco constitucional.
Recordó que hace poco menos de un mes en el departamento de Santa Cruz, se realizó una consulta que ha demostrado "que no es posible implementar, en la práctica, estatutos cuya imposición se intenta por vías ilegales, inconstitucionales y poco democráticas".
Indicó que la consulta de este domingo estuvo marcada por la abstención que algunos medios de comunicación han pretendido ocultar.
"Más allá de un manejo absolutamente tergiversado de la realidad por parte de algunos canales de televisión que sistemáticamente ocultan el dato del ausentismo, lo que se ha visto hoy es una ilegalidad, una inconstitucionalidad", expresó.
Reiteró que el dato más relevante de la jornada ha sido "el rechazo de la población de Beni y Pando a este intento de imponer este tipo de estatutos" al margen de la Constitución Política del Estado.
En ese sentido, planteó a la oposición "mirar lo que ha pasado en Pando, donde queda absolutamente claro el rechazo mayoritario" que ha expresado la población. Al respecto manifestó que quien intente negar esta realidad "simplemente se estará engañando".
El ministro de Gobierno expresó que este tipo de estatutos le causa "daños a la legítima autonomía" contemplada en la nueva Carta Magna.
"La causa autonomista legítima ya cuenta con un respaldo de la población en varios departamentos del país, no puede ser perjudicada con estos intentos de imponer a cualquier costo estatutos autonómicos separatistas. La población lo va a rechazar como hoy día lo ha rechazado contundentemente en el norte de Bolivia", aseveró.
Alfredo Rada agregó que el camino para llegar a las autonomías "debe ser legal, constitucional, verdaderamente democrático sobre la base de la nueva Constitución Política del Estado".
