23 de junio 2008. - Los prefectos de la denominada "media luna", que agrupa a los gobernadores de la ultraderecha boliviana, anunciaron que no asistirán al referendo de revocatoria de mandatos previsto para el próximo 10 de agosto.
Así lo confirmó a TeleSUR el prefecto de Pando (norte), Leopoldo Fernández, quien expresó la intención de sus homólogos de no concurrir a la consulta propuesta por el presidente Evo Morales como única vía para solucionar la crisis política que vive el país.
El domingo, Morales advirtió de esta posibilidad y, en ese sentido, instó a los gobernadores a aceptar la voluntad del pueblo, expresada a través del referendo, para fortalecer la democracia boliviana.
Morales aseguró que ante la posibilidad de salir derrotados en la consulta, los prefectos preferían renunciar. "¡Qué actitud cobarde, mejor que se sometan y que no renuncien! Si los revocan nunca más se van a postular, ya no van a tener moral para presentarse", expresó.
En horas de la noche, los prefectos manifestaron no tener temor de acudir al referendo revocatorio aprobado por el Congreso Nacional el mes pasado, pues aseveraron que respetarían la decisión del pueblo.
Sin embargo, tal como lo informó el prefecto de Pando, cambiaron de decisión.
La "media luna" la conforman los prefectos de Beni (norte), Pando (norte), Tarija (sur) y Santa Cruz (este), quienes impulsan planes divisionistas en sus regiones, justificándolos a través de reclamos de "autonomía".
Para legalizar sus intenciones separatistas, realizaron durante mayo y junio consultas ilegales, al margen de la Constitución Política del Estado, sobre sus estatutos autonómicos.
A pesar del pequeño margen de participación que caracterizó a todas las consultas, las autoridades han proclamado la victoria de unos estatutos que no son avalados por la Corte Nacional Electoral (CNE) y por organismos internacionales que se manifestaron a favor de la institucionalidad boliviana.
Además, son rechazados por amplios sectores sociales que como forma de protesta bloquearon vías y realizaron movilizaciones, por consideralos "racistas y discriminatorios".
Pese a esto, los prefectos insisten en legitimar unos estamentos que carecen de marco jurídico para su aplicación, pues la nueva Carta Magna aún no ha sido aprobada por el pueblo y dentro de ella se contempla la autonomía para todos los sectores y no para las "logias" como ha calificado el presidente Evo Morales a los pequeños grupos que controlan el poder en las regiones.
