30 de junio 2008. - La decisión fue netamente política: se adoptó en momentos en que el departamento de Tarija, fronterizo con la Argentina y con Paraguay, se vivía una tensión social y política por la realización el 22 de junio de la consulta ilegal sobre el estatuto separatista que amenaza con resquebrajar la paz social en la nación que gobierna Evo Morales.
La medida fue adoptada por la Cancillería tres semanas atrás, según pudo confirmar el diario argentino La Nación, ante un pedido de autorización de exportación cursado por el Registro Nacional de Armas (Renar), que había recibido una solicitud de una firma privada para concretar la venta.
Ante la consulta de La Nación, el Renar se negó a revelar el nombre de las empresas involucradas al aducir que el organismo había abierto un expediente legal sobre el pedido de exportación.
La decisión de prohibir la operación se adoptó, confiaron fuentes involucradas con el operativo, bajo la hipótesis de que las armas podían terminar en manos de facciones civiles y, por ende, contribuir en una escalada de violencia con las fuerzas de seguridad bolivianas.
