19 de septiembre 2008. - El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández,
reconoció este jueves, ante el juez 5to. de Instrucción en lo Penal,
Williams Dávila, que ordenó a los funcionarios de la Prefectura a
movilizarse para frenar la marcha de campesinos hacia la ciudad de
Cobija.
El prefecto Fernández precisó, durante la audiencia de medidas cautelares: "lo último que dije al Servicio Prefectural Departamental de Caminos me van y me abren esas zanjas; si no existen formas de parar, me abren esas zanjas".
El juez dejó claro que "el imputado en su exposición estableció que tenía conocimiento de lo que sucedía días antes y el mismo 11 de septiembre, cuando se registraron muertes de muchas personas, incluso de inocentes".
Se confirmó que los vehículos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) fueron identificados por varias víctimas y también admitidas por quienes estuvieron junto a los grupos armados. El Juez señaló que para emplear estos vehículos tenía que haber una orden de alguna autoridad.
El Fiscal entregó al Juez un legado de fotografías alegando cómo campesinos y normalistas fueron emboscados, torturados y acribillados por los grupos armados entre funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Caminos de Pando, cívicos y personas con acento brasileño.
Los fiscales también presentaron armas de fuego, casquillos de proyectil de diferente calibre, municiones que fueron utilizadas por los grupos armados como prueba de cargo contra Fernández. Mostraron tres fusiles mauser, un fusil FAL, rifles de salón y revólveres, además de cajas de petardos y palos manchados con sangre de los campesinos e indígenas masacrados por los grupos armados atribuidos a la Prefectura.
Fernández ingresó en prisión visiblemente afectado por la larga jornada de audiencias. Su recurso de habeas corpus fue rechazado por la mañana, y por la tarde, después de 7 horas de alegatos, el juez Willams Dávila determinó su remisión en la cárcel, acusado de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato.
"Para el suscrito Juez no existen blancos, negros, amarillos, rubios ni funcionarios de primer o segundo nivel, ni mucho menos personas de primera o segunda calidad", aclaró Dávila y dispuso la detención preventiva de Fernández en la cárcel de San Pedro, de ciudad de La Paz.
El comandante Departamental de la Policía, coronel Raúl Mantilla, aclaró a los medios de prensa que Fernández una vez registrado en el penal, será un preso como cualquier otro, sin privilegios ni atenciones especiales.
Los fiscales Félix Peralta y Manuel Morales mostraron armas de fuego, fotografías de los muertos y heridos de bala y otros elementos como prueba para convencer al Juez que el Prefecto de Pando debe ser encarcelado preventivamente, para evitar su fuga y obstaculización del debido proceso.
El juez Dávila consideró que existen suficientes indicios de riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones por parte del imputado, porque su poder económico y de convencimiento puede alterar las declaraciones de los testigos en el proceso.
Dávila explicó que dentro la acusación, los abogados de las familias víctimas de la masacre fundamentaron con solvencia el caso de terrorismo, y no así en el caso de asesinato.
La gente concentrada en las inmediaciones de la Academia Nacional de Policía (Anapol), exigió a gritos “Chonchocoro para Fernández”, que es el penal de máxima seguridad.
La matanza campesina más cruenta de la historia democrática, ejecutada presuntamente por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró al menos 25 muertos, decenas de heridos y 106 desaparecidos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir.
El prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, en su calidad de confinado por el estado de sitio, enfrenta la acusación de juicio de responsabilidades anunciado por el Fiscal General de la República, Mario Uribe, y otra denuncia emprendida por familiares de los muertos y víctimas de la masacre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, del departamento de Pando.
La abogada Mary Carrasco, a solicitud de los familiares de los normalistas victimados, en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, acusó a Fernández por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y concurso real de delitos.
Evo Morales: “La época de caciquismo de Fernández en Pando terminó”
El presidente Evo Morales aseguró este jueves que con la detención preventiva del prefecto Leopoldo Fernández, comenzó la aplicación de justicia que claman las víctimas de la masacre de Pando y el desmoronamiento de la impunidad y una forma de hacer política para conservar privilegios en base a la represión del pueblo.
Morales indicó que Fernández, a quien llamó cacique del oriente boliviano, “dominó durante el tiempo de la dictadura y en los gobiernos neoliberales en base al dinero y al abuso de su poder para ser autoridad”.
Señaló que esa época oscura en el país, donde algunas familias reducidas, pero muy poderosas económicamente, sometían impunemente a los bolivianos comenzó a ser historia. “La época de caciquismo de Fernández en Pando terminó”, dijo el mandatario boliviano, quien también declaró que acabó la utilización de mafiosos, sicarios y narcotraficantes para amedrentar al pueblo.
El gobernante denunció que Fernández fue uno de los principales impulsores de la cacería étnica, a dirigentes sociales e indígenas, además de haber organizado grupos de paramilitares que se dedicaron a “saquear, robar y quemar tiendas. Esto fascismo puro”, sentenció.
Saludó que algunos fiscales y jueces comiencen a comprender que su único sometimiento es a la ley, y no someter a la justicia al servicio de los poderosos que siempre se sirvieron de ella para consolidar sus riquezas y reprimir al pueblo.
Morales expresó su plena solidaridad con los familiares de las víctimas de Porvenir que se movilizan para que esa matanza no quede en la impunidad y sumó su voz a la demanda de justicia para las víctimas.
“En la política no se trata de manejar con plata ni con armas, eso tiene tiempo limitado, y eso está pasando con Leopoldo Fernández”, aseguró el Mandatario.
Indicó que la ley será el instrumento para que masacre de Pando no quede en la impunidad y que “esos delincuentes políticos” no evadan sus responsabilidades por causar dolor y luto en la familia boliviana.
“Tenemos que terminar con esa forma de hacer política para cambiar Bolivia, para mejorar la situación económica y social de los más humildes”, apuntó.
El Presidente boliviano recordó que él mismo fue víctima de la persecución racista cuando Fernández tenía el pleno control de Pando.
“Yo puedo comentar mis primeras llegadas a Cobija, cómo era la persecución personal de él contra mi presencia allá, y por eso conozco muy bien, y tarde o temprano llega la justicia contra esta clase de delincuentes”, concluyó.
El prefecto Fernández precisó, durante la audiencia de medidas cautelares: "lo último que dije al Servicio Prefectural Departamental de Caminos me van y me abren esas zanjas; si no existen formas de parar, me abren esas zanjas".
El juez dejó claro que "el imputado en su exposición estableció que tenía conocimiento de lo que sucedía días antes y el mismo 11 de septiembre, cuando se registraron muertes de muchas personas, incluso de inocentes".
Se confirmó que los vehículos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) fueron identificados por varias víctimas y también admitidas por quienes estuvieron junto a los grupos armados. El Juez señaló que para emplear estos vehículos tenía que haber una orden de alguna autoridad.
El Fiscal entregó al Juez un legado de fotografías alegando cómo campesinos y normalistas fueron emboscados, torturados y acribillados por los grupos armados entre funcionarios de la Prefectura, del Servicio Departamental de Caminos de Pando, cívicos y personas con acento brasileño.
Los fiscales también presentaron armas de fuego, casquillos de proyectil de diferente calibre, municiones que fueron utilizadas por los grupos armados como prueba de cargo contra Fernández. Mostraron tres fusiles mauser, un fusil FAL, rifles de salón y revólveres, además de cajas de petardos y palos manchados con sangre de los campesinos e indígenas masacrados por los grupos armados atribuidos a la Prefectura.
Fernández ingresó en prisión visiblemente afectado por la larga jornada de audiencias. Su recurso de habeas corpus fue rechazado por la mañana, y por la tarde, después de 7 horas de alegatos, el juez Willams Dávila determinó su remisión en la cárcel, acusado de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato.
"Para el suscrito Juez no existen blancos, negros, amarillos, rubios ni funcionarios de primer o segundo nivel, ni mucho menos personas de primera o segunda calidad", aclaró Dávila y dispuso la detención preventiva de Fernández en la cárcel de San Pedro, de ciudad de La Paz.
El comandante Departamental de la Policía, coronel Raúl Mantilla, aclaró a los medios de prensa que Fernández una vez registrado en el penal, será un preso como cualquier otro, sin privilegios ni atenciones especiales.
Los fiscales Félix Peralta y Manuel Morales mostraron armas de fuego, fotografías de los muertos y heridos de bala y otros elementos como prueba para convencer al Juez que el Prefecto de Pando debe ser encarcelado preventivamente, para evitar su fuga y obstaculización del debido proceso.
El juez Dávila consideró que existen suficientes indicios de riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones por parte del imputado, porque su poder económico y de convencimiento puede alterar las declaraciones de los testigos en el proceso.
Dávila explicó que dentro la acusación, los abogados de las familias víctimas de la masacre fundamentaron con solvencia el caso de terrorismo, y no así en el caso de asesinato.
La gente concentrada en las inmediaciones de la Academia Nacional de Policía (Anapol), exigió a gritos “Chonchocoro para Fernández”, que es el penal de máxima seguridad.
La matanza campesina más cruenta de la historia democrática, ejecutada presuntamente por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró al menos 25 muertos, decenas de heridos y 106 desaparecidos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir.
El prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, en su calidad de confinado por el estado de sitio, enfrenta la acusación de juicio de responsabilidades anunciado por el Fiscal General de la República, Mario Uribe, y otra denuncia emprendida por familiares de los muertos y víctimas de la masacre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, del departamento de Pando.
La abogada Mary Carrasco, a solicitud de los familiares de los normalistas victimados, en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, acusó a Fernández por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y concurso real de delitos.
Evo Morales: “La época de caciquismo de Fernández en Pando terminó”
El presidente Evo Morales aseguró este jueves que con la detención preventiva del prefecto Leopoldo Fernández, comenzó la aplicación de justicia que claman las víctimas de la masacre de Pando y el desmoronamiento de la impunidad y una forma de hacer política para conservar privilegios en base a la represión del pueblo.
Morales indicó que Fernández, a quien llamó cacique del oriente boliviano, “dominó durante el tiempo de la dictadura y en los gobiernos neoliberales en base al dinero y al abuso de su poder para ser autoridad”.
Señaló que esa época oscura en el país, donde algunas familias reducidas, pero muy poderosas económicamente, sometían impunemente a los bolivianos comenzó a ser historia. “La época de caciquismo de Fernández en Pando terminó”, dijo el mandatario boliviano, quien también declaró que acabó la utilización de mafiosos, sicarios y narcotraficantes para amedrentar al pueblo.
El gobernante denunció que Fernández fue uno de los principales impulsores de la cacería étnica, a dirigentes sociales e indígenas, además de haber organizado grupos de paramilitares que se dedicaron a “saquear, robar y quemar tiendas. Esto fascismo puro”, sentenció.
Saludó que algunos fiscales y jueces comiencen a comprender que su único sometimiento es a la ley, y no someter a la justicia al servicio de los poderosos que siempre se sirvieron de ella para consolidar sus riquezas y reprimir al pueblo.
Morales expresó su plena solidaridad con los familiares de las víctimas de Porvenir que se movilizan para que esa matanza no quede en la impunidad y sumó su voz a la demanda de justicia para las víctimas.
“En la política no se trata de manejar con plata ni con armas, eso tiene tiempo limitado, y eso está pasando con Leopoldo Fernández”, aseguró el Mandatario.
Indicó que la ley será el instrumento para que masacre de Pando no quede en la impunidad y que “esos delincuentes políticos” no evadan sus responsabilidades por causar dolor y luto en la familia boliviana.
“Tenemos que terminar con esa forma de hacer política para cambiar Bolivia, para mejorar la situación económica y social de los más humildes”, apuntó.
El Presidente boliviano recordó que él mismo fue víctima de la persecución racista cuando Fernández tenía el pleno control de Pando.
“Yo puedo comentar mis primeras llegadas a Cobija, cómo era la persecución personal de él contra mi presencia allá, y por eso conozco muy bien, y tarde o temprano llega la justicia contra esta clase de delincuentes”, concluyó.
(Foto: ABI) Leopoldo Fernández durante su declaración
ante el juez Williams Dávila en la Academia Nacional de Policía.
(Foto:
ABI) Los fiscales presentaron armamento y munición
incautada en Pando,
como prueba de la existencia de la masacre
y la implicación del
prefecto.
(Foto:
ABI) El médico forense realizó en Cobija la necropsia
al cadáver de
Félix Roca Torrez, de 45 años, perteneciente a
la comunidad Londres,
del municipio de Filadelfia, asesinado de
un tiro por la espalda, el 11
de septiembre.18-09-08
(Foto: ABI) El presidente Evo Morales anunció el fin de l
a impunidad y de las
persecuciones racistas, de las que él mismo
fue víctima en Pando